El jueves presenté mi testimonio como concejal de Bogotá ante la CIDH, frente a lo que ha pasado en la ciudad durante el Paro Nacional, y lo que viene sucediendo desde 2019. Presenté las denuncias que he recopilado, lo que he hallado junto con mi equipo y lo que ha sido denunciado por múltiples organizaciones en la ciudad, a lo que nos estamos enfrentando es a una lógica parapolicial, que no solo pone en riesgo la institución que debe garantizar la seguridad ciudadana, sino que además nuestra democracia.
En Bogotá no es nuevo que la Policía y, particularmente, el ESMAD vulneren derechos humanos. En la historia reciente de la ciudad se han conocido múltiples casos de homicidios, torturas y tratos crueles, detenciones arbitrarias e ilegales y violencia sexual propinadas por miembros de esta institución.
Todo ello ocurre, en parte, porque la Policía cuenta con fuertes facultades para controlar el comportamiento ciudadano, que sistemáticamente se ha convertido en abuso. Y que se ha agravado con el hermetismo de esta institución, además de la debilidad de los controles externos a la misma.
Al cruzar la información sobre violencia policial y las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo (2018, 2019 y 2020), se encuentra que los lugares con mayor número de casos de violencia policial son los mismos en donde se ha identificado la presencia de grupos paramilitares y bandas de microtráfico. Específicamente las localidades de Kennedy, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Mártires, Bosa, Rafael Uribe y Usaquén (barrios Verbenal, San Cristóbal Norte y El Codito).
La violencia policial se ha manifestado como una apología al autoritarismo, lo vemos claro a partir de las acciones recurrentes contra las personas de bajos recursos económicos, jóvenes, mujeres y personas LGTBI. La violencia policial como el paramilitarismo se ensaña con los vulnerables.
Estos patrones también se han replicado durante el Paro Nacional de 2021, he reportado casos de detenciones arbitrarias y prácticas de tortura, violencia sexual, homicidios, excesos en el uso de la fuerza, uso irregular de la infraestructura del transporte público, civiles armados, hostigamientos, amenazas y estigmatización -contra las víctimas, testigos e incluso en contra mía-. Estas ilegalidades se están cometiendo principalmente en la medialuna del sur de Bogotá.
Ya lo he dicho antes, todas estas actuaciones nos traen a los ojos las imágenes más tenebrosas de lo ocurrido durante los peores años de las masacre paramilitares, en el campo colombiano, lo único que ha cambiado es que ahora sucede en las ciudades.
¿Por qué tantas coincidencias entre la criminalidad y la Policía?
No le tienen miedo a las afectaciones al orden público, le tienen miedo a que se les desarme su orden criminal. El control territorial en el que el o la joven, los hogares pobres, la población LGTBI solo puede SER mientras no cuestionen, no denuncien, no griten, no protesten.
Esto ha desembocado en varios hechos atroces como la masacre del 9, 10 y 11 de septiembre del 2020, la hoguera humana en la que fueron asesinados en medio de las llamas 9 jóvenes en Soacha, entre otros actos que nos marcan la cara y nos pesan en los hombros. Quieren infundir un estado de Terror y fracturar la democracia. Pero la juventud, y los democrátas les decimos ¡NO PASARÁN!
