Desde el momento en que se decretó la cuarentena para evitar el contagio masivo del virus COVID 19, las extenuantes jornadas que se vivían en el restaurante Los Guerreros en la localidad de Kennedy de Bogotá, pasaron a ser todo lo contrario.
Esta pequeña empresa familiar es atendida por los esposos Deysi Sierra y José Omar Hurtado. Ubicado en el primer piso de una casa grande esquinera del barrio Carvajal en la capital del país, lugar que meses atrás, solía ser bastante concurrido en las horas del desayuno y el almuerzo de domingo a domingo y hoy gracias a la amenaza de un virus que atemoriza al mundo entero, luce solo y sin un solo cliente a quien atender.
Deysi y José Omar administran y atienden el negocio, que figura a nombre de un familiar a quien deben cancelar una cantidad mensual. La jornada comenzaba desde las 4 de la mañana, hora en la que llegaban a realizar el inventario de lo que debían comprar en la central de abastos, para preparar los alimentos a los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas, que se ubican alrededor del restaurante, las mismas que hoy se encuentran cerrada tras la declaratoria del aislamiento preventivo obligatorio.
Este lugar no se atiende desde que la alcaldesa Claudia López declaró el primer aislamiento, hecho que no cambió cuando este terminó, porque enseguida se dio lugar a la cuarentena nacional obligatoria, declarada por el presidente Iván Duque durante 19 días a partir del pasado 20 de marzo, que se supone terminaría el 13 de abril, pero que fue extendida, cuando se llegó a la conclusión de que el país no estaba preparado para atender una emergencia en salud de enormes proporciones, como ha ocurrido en China, Italia, España y Estados Unidos. Por supuesto, el restaurante continúa cerrado.
Deysi Sierra y José Omar Hurtado
La medida preventiva trajo consecuencias negativas para la economía de Deysi y Omar, quienes en primer lugar, deben pagar un arriendo de 2 millones quinientos mil mensuales pesos por el local donde funciona el restaurante, más los servicios públicos de agua, luz y gas. En segundo lugar, deben también cancelar un segundo arriendo por el apartamento en donde viven con su hija menor, quien acaba de terminar sus estudios de bachillerato.
Su lugar de residencia es en estrato 3 en el barrio Lucerna en la localidad de Kennedy, a tres cuadras de donde queda ubicado el negocio que les da para su diario vivir, no solo a ellos, sino además a las tres personas que les trabajan, a quienes enviaron a sus casas, ayudándoles hasta donde les fue posible.
Al acudir a la compra diaria de alimentos no quedaron con créditos por paga, sin embargo esto no es suficiente motivo para no preocuparse, porque el arriendo del local, hoy suma dos meses (cinco millones de pesos) y darse a la recuperación de ese monto, más los servicios públicos, sumado al dinero que habría que invertir para ponerlo en marcha una vez más, sin tener claro si se pondrá o no de pie, es un riesgo que les genera bastante miedo y que les hace pensar en cerrarlo de manera definitiva.
No contemplan la posibilidad de acceder a las ayudas que ofrecen los Gobiernos Distrital y Nacional para pequeños y medianos empresarios, porque las cuentas no dan para endeudarse con un banco.
Deysi y Omar son una pareja de esposos desplazados por la violencia en los tiempos de alias Cuchillo en el departamento del Meta. Llegaron a Bogotá con la esperanza de encontrar un refugio para sus vidas, teniendo claro que estas cambiarían desde la noche de aquel 28 de diciembre, cuando tuvieron que huir por una trocha, luego de recibir amenazas del grupo paramilitar que operaba en el municipio de San Martín.
Desde ese momento comenzó su calvario, sin embargo, ambos se consideran un par de “guerreros”, y desde su llegada a Bogotá han tratado de no dejarse amilanar, ni vencer por las dificultades, porque siempre se han propuesto evitar, que por su condición de desplazados, se les confunda o se les trate como una especie de “mendigos del Estado”, por esto han luchado valientemente contra todo los hechos que les han sido contrarios a sus ganas de salir adelante y dejarles un futuro asegurado a sus dos hijos.
La indemnización a la que tienen por derecho por el daño causado por un actor armado ilegal, no les ha llegado a pesar de que la Unidad de Víctimas les otorgó el reconocimiento en el año 2016.
De ser víctimas de la violencia, pasaron a ser víctimas de las circunstancias en medio de una ciudad fría y caótica, para más adelante ser víctimas de la captadora ilegal de dinero DMG, situación en la que pierden lo que hasta el momento habían ganado en Bogotá, fruto del esfuerzo diario. Esto los obliga a iniciar de cero una vez más y es cuando deciden administrar el restaurante que está a nombre de un familiar y en honor a su lucha diaria, lo bautizan con el nombre de “Los Guerreros”, el mismo que por cuenta del COVID 19, un virus que llenó de temor al mundo entero, corre el riesgo de cerrar definitivamente, constituyéndose como su gran amenaza.
