El 9 y 10 de septiembre se conmemoró un año de uno de los episodios más duros para nuestra democracia. El año pasado en esas fechas, 13 personas fueron asesinadas en Bogotá y Soacha, y otras 58 fueron heridas con impactos de bala, todo indica que a manos de agentes de la Policía Nacional. Pocos días antes, el 4 de septiembre, en Soacha, ocho jóvenes murieron en el incendio del CAI de San Mateo y otros tres quedaron gravemente heridos. Fiscalía les imputó cargos de homicidio doloso por omisión a tres policías y, según esta, uno de ellos les mostró las llaves del calabozo a los jóvenes que intentaban escapar del fuego y les contestó “quémense”.
En cualquier democracia es inaceptable que el Estado, el que ostenta el monopolio de la fuerza, por acción u omisión, acabe con la vida y hiera gravemente a personas indefensas. Después de la firma del Acuerdo Final de Paz, hemos dejado pendiente la discusión sobre la Policía que necesitamos. Durante décadas, la naturaleza civil de la Policía se vio ignorada ante las necesidades que imponía la respuesta al conflicto armado.
Por ello, durante nueve meses trabajamos en una propuesta de reforma a la Policía con organizaciones de derechos humanos, víctimas y ciudadanía en general. El pasado jueves 9 de septiembre, después de un año de la masacre, radicamos, de la mano de víctimas, más de 50 organizaciones sociales y de DHHH, investigadores el proyecto en el Congreso de la República con 70 mil firmas. En este evento participaron cerca de 30 víctimas de violencia policial del país y contó con un espacio simbólico en el que tejimos colectivamente la reforma a través de los relatos de las víctimas que colgaron de unas redes dispuestas en el salón.
La radicación contó con las intervenciones de Álvaro Herrera (músico de Cali víctima de desaparición forzada y quien fue obligado a declarar en contra de sí mismo), Carolina Ordóñez (madre de un muchacho asesinado en el CAI de San Mateo), Gareth Sella (joven víctima de lesión ocular), Sidsy Uribe (hermana de Lucas Villa, asesinado en Pereira), Sandra Meneses (madre de Santiago Murillo, joven asesinado en Ibagué) y Doris Zemanate Portilla (madre de una joven violentada sexualmente por miembros de la Policía durante las protestas de Popayán).
El llamado de todas estas personas que han sido victimizadas por la Policía Nacional y por un Estado indolente que no las ha escuchado, es a realizar cambios profundos en la institución. El dolor de las víctimas es irreparable y en ningún caso se ha traducido en venganza, sino en un clamor de cambio.
El proyecto de reforma ciudadana fue radicado por los y las congresistas Ángela María Robledo, Wilson Arias, Aida Avella, Katherine Miranda, Inti Asprilla, Fabián Díaz y Juan Carlos Losada, con el número 136 de la Cámara de Representantes y fue asignado a la Comisión Primera. Ahora inicia una nueva etapa en la que debemos hacer veeduría para que este proyecto sea discutido en todas las regiones y en el Congreso.
