Susana Muhamad
Ante la masacre ocurrida a manos de la fuerza pública el pasado 9, 10 y 11 de septiembre en Bogotá, la alcaldesa Claudia López compareció ante el Concejo de la ciudad para dar explicaciones. Se le abona su disponibilidad para reconstruir los hechos vistos desde su lugar de responsabilidad, su voluntad de contribuir a establecer la verdad y la sistematización de casos de abuso policial entregados a la Procuraduría, la Fiscalía y el Gobierno Nacional. Ese relato, que hay que decir que fue preciso y detallado, descubrió varias omisiones de todos los actores involucrados en un hecho que, 10 días después, sigue sin ninguna responsabilidad política.
En primer lugar, la alcaldesa narró cómo se enteró del asesinato de Javier Ordoñez, a manos de la policía en la madrugada del 9 de septiembre, dice que eso ocurrió a través de una llamada del comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá a las 6 a.m. Este lo anunció como un caso de posible abuso policial. Ya a las 5:45 a.m. circulaba en redes sociales, el infame video que mostraba cómo agentes de la Policía Nacional impartían violencia con sus pistolas Taser, a un ciudadano del común que, a pesar de las súplicas y de estar ya sometido, seguía siendo víctima de un ataque sin tregua. La escena no podía ser más parecida a la evidenciada en Estados Unidos en el caso de George Floyd, el cual terminó generando una ola de indignación que desembocó en incendios en varias ciudades norteamericanas.
La ciudadanía, a través de las redes sociales, así como la prensa, empezaron a hablar del abogado, en los discursos y noticias se enfatizaba el hecho de que el suceso no le había ocurrido a cualquier joven de una barriada popular –en dónde el abuso policial es común– sino a alguien con un título universitario, haciendo del evento, en nuestra estratificada y excluyente ciudad, más escandaloso e indignante. Se presentaba como una escalada en los alcances de la violencia policial.
La indignación se empezó a extender como el fuego en un pastizal seco. Seco por la crisis económica de la pandemia, seco por la falta de ayuda estatal efectiva, seco por la crisis de salubridad, seco por el hambre física en la que se encuentra la población, seco por la percepción de no-futuro de la juventud- hoy sometida a un 34% de desempleo- seco por los estragos psicológicos del encierro y la impotencia; seco, cómo no, por el abuso policial aguantado pacientemente por los bogotanos en la cuarentena.
Ya al mediodía se empezaban a convocar las primeras manifestaciones sociales de protesta hacia el CAI de Villa Luz, en los mensajes por redes y whatsapp se fijaba como hora de encuentro las 4 p.m. Cualquier observador, medianamente perspicaz, hubiera activado sus alertas, sin embargo, de acuerdo al relato de la alcaldesa, ésta no asimiló la gravedad de los hechos sino hasta las 6 p.m. cuando convocó a la Mesa de Derechos Humanos para tratar el caso de Ordoñez. Para esa hora, ya el enfrentamiento entre el ESMAD y los dolientes del crimen de Ordoñez llevaba por lo menos una hora, con dos hechos preocupantes: el ataque a un carro del CTI y las pedradas al mismo CAI.
Dice el Secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, que en Villa Luz se activó el protocolo de manejo de la protesta social. El cual consiste en que primero intentan los gestores de convivencia dialogar y disuadir a los manifestantes, si no lo logran entra la fuerza disponible, y si no el ESMAD. Siempre hemos interpretado esa visión lineal del protocolo, decretado en el gobierno de la ‘Bogotá Humana’, como incompleta, pues más allá de una contención de la protesta, lo que se requiere es abordar las causas estructurales de la misma. ¿Dónde estaban gobierno y policía con su respuesta a la ciudadanía frente al abuso policial que, a esa hora, ya nadie podía desmentir? No estaban, se pronunciaban tarde, iban detrás de los acontecimientos y en las siguientes horas, ni siquiera estaba claro quién comandaba a la Policía Metropolitana de Bogotá. Lo que siguió fue como ‘de no te lo puedo creer’, en medio de semejante polvorín social que se estaba cocinando, la policía parecía jugar a los relevos con quien debía asumir la cabeza de la comandancia de la ciudad, tres oficiales pasaron por el cargo: el Coronel encargado, el General Libreros (retirado porque al minuto de su nombramiento se dieron cuenta de que era COVID positivo) y el General Rodríguez, a quien la Alcaldesa conoce por primera vez esa noche. Tres comandantes de la MEBOG en un lapso de tres horas y, mientras tanto, como lo relata la misma alcaldesa, las convocatorias a la protesta frente a los CAI se multiplican exponencialmente a la velocidad de los retweets.
Hacia las 8 p.m Claudia López decide movilizarse hacia el PMU (puesto de Mando Unificado) en la Metropolitana de Bogotá, con su equipo de prensa y asistente personal. El Secretario de Seguridad se dirige al C4 (Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Bogotá) y el Secretario de Gobierno a la comandancia de la Policía, para servir de enlace. A esa hora se empiezan a transmitir en vivo, por redes sociales, los preocupantes hechos de violencia y abuso policial en varios puntos de la ciudad, incluyendo el uso de armas de fuego y el ataque directo a los manifestantes, así como el ataque de civiles a los CAI. Sin embargo, la prioridad en el PMU, de la Metropolitana de Bogotá, es en este orden: 1) Salvaguardar los portales de Transmilenio; 2) Salvaguardar las rutas que están regresando a los patios; 3) Salvaguardar las estaciones de Policía y 4) Salvaguardar la vida de los policías. La misma alcaldesa narra cómo gran parte de su esfuerzo estuvo centrado en coordinar la conexión con el centro de operaciones de Transmilenio para asegurar la operación del SITP. ¿Eran estas las prioridades correctas, mientras los ciudadanos de Bogotá éramos testigos en directo de la masacre en curso?
Sólo hacia la 1:30 a.m. cuando la alcaldesa Claudia López regresa al Palacio de Lievano, según su versión, se entera de las afectaciones a la población civil, en ese momento ya sumábamos nueve muertos. Es altamente improbable que esto sea verdad. Primero, porque estamos frente a una Alcaldía muy conectada a redes sociales. Segundo, porque la alcaldesa estaba con su equipo de prensa y comunicación. Tercero, porque tanto el Secretario de Gobierno como el Secretario de Seguridad, eran conscientes de lo que estaba pasando: que la Policía Nacional en terreno actuaba por fuera de la constitución, de la ley y de los protocolos, sin poder civil que pudiera interceder en este actuar. Destaco en este punto el trabajo exhaustivo de la Subsecretaria de Gobierno y la Dirección de Derechos Humanos, que no sólo documentaron los abusos y los sistematizaron para entregarlos a la Procuraduría, sino que hicieron lo posible por respaldar a ciudadanos que ilegalmente fueron llevados a los CAI, muchos de los cuales se convirtieron en pequeñas casitas de tortura y abuso policial.
Entonces, en conclusión, ¿quién dio la orden? ¿Quién debe responder? Puedo decir, en mi interpretación, que tanto a la Policía como la Alcaldía Mayor de Bogotá les faltó previsión. Tuvieron por lo menos doce horas para entender que el ataque a Javier Ordoñez tenía un significado más allá de un abuso policial más; primero, por su parecido casi exacto al caso de George Floyd en Estados Unidos; segundo, por los antecedentes permanentes de conflicto social con la Policía, agudizados en medio de la pandemia; tercero, por las condiciones sociales extremas en las que ha estado Bogotá y cuarto por la capacidad de las redes sociales de esparcir la indignación en tiempo real. Si hubiesen reaccionado desde la política, no desde una implementación mecánica de un protocolo, tal vez el círculo de retroalimentación de la indignación no hubiese avanzado en esas proporciones. Esto devela una política de seguridad insuficiente, más preocupada por los eventos de seguridad, los síntomas, que por resolver y prever las causas estructurales de los mismos.
En segundo lugar, ya con una situación en llamas, la Alcaldía y la Policía Nacional interpretaron la indignación y rabia ciudadana como un ataque estructurado y sistemático de estructuras por fuera de la ley. En consonancia, su prioridad fue la protección de la infraestructura, escapándoseles la compleja situación del conflicto producido entre la Policía y la población, el cual a esa hora ya estaba cobrando vidas humanas.
Tercero, se ha dicho que nadie dio la orden, pero lo cierto es que lo dicho tanto por el Ministro de Defensa, como por la cúpula de la Policía, evidencia un respaldo a la premisa de que la fuerza policial tenía la discreción de usar armas de fuego en la situación reseñada, eso se convierte en sí mismo en una orden. Se permitió el uso a discreción de armas de fuego en el marco de la protesta social, el cual está regulado por una resolución que precisamente excluye el uso de armas letales, por lo tanto, son responsables de la masacre ocurrida.
Es evidente la ausencia de un actor principal en esta situación, el Secretario de Seguridad de Bogotá que, contrario a la alcaldesa –quien ha reconocido la omisión–, resultó el 10 de septiembre apoyando la visión del gobierno nacional.
Queda claro que en la ciudad no existe una política de seguridad que prevea y anticipe, la cual cruce variables sociales, económicas y geo-políticas en el marco de la ‘Seguridad Humana’, un concepto que privilegia la protección de la vida a la de mobiliario y bienes materiales, que aunque cotosos se pueden recuperar de sus daños, a diferencia de lo que sucedió con más de 10 hogares bogotanos que ya no volverán a ver a sus seres queridos a causa de las balas de dichos días. Bogotá tiene hoy, en tiempos del COVID, una política de seguridad deficiente para tiempos complejos. Muestra de eso es que la respuesta final de la alcaldesa, además de solicitar el control preferente de los casos de abuso policial por parte de la Procuraduría y de reconocer a las víctimas – ambos hay que reconocerlos como pasos importantes–, ha sido proponer más pie de fuerza para Bogotá, reproduciendo esa visión recortada de la seguridad, comprando la tesis del enemigo interno y evitando preguntas sobre la complejidad social, económica y del ejercicio del abuso de poder policial en la ciudad
Si tuviese dignidad y una mínima consciencia de su responsabilidad en los hechos, la cúpula de la Policía y el Secretario de Seguridad ya hubiesen renunciado. Sobre la primera sólo podemos solicitarlo; al segundo le pasaremos moción de censura en el Concejo de Bogotá.
