Eso es lo que piden las comunidades vecinas de los portales de Américas, Usme y Suba frente al vandalismo que les ha tocado vivir y que parece no tener fin con la convocatoria a manifestaciones que hizo el Comité del Paro para este jueves 26 de agosto y por las movilizaciones del sábado 28, al cumplirse los cuatro meses del Paro Nacional.
Y es que como antesala a la convocatoria de hoy, los habitantes de Usme padecieron otra noche de terror por cuenta de los vándalos que insisten en acabar con la ciudad para justificar su protesta, a expensas de la vida y la seguridad de los vecinos y comerciantes que le siguen clamando a la Administración Distrital que los escuche, que los proteja, que les brinde garantías y que los saque del abandono en el que los ha mantenido.
Lo que sucedió en Usme, reafirma que las negociaciones y el continuo diálogo que el Distrito ha querido sostener con los encapuchados no han generado ningún resultado. En la mañana en el Parque La Andrea, desvalijado en las protestas, el gobierno Distrital presentó su plan de reactivación y apoyos a los pequeños comerciantes y habló con los residentes sobre la normalización en la que comenzaba a entrar el territorio, sin embargo, también abrió el micrófono para que los miembros de la Primera Línea justificaran su manifestación, creyendo que con dichos actos se calmaban los ánimos, pero muy diferente a eso desde las 3:00 pm la vía principal de Santa Librada volvía a convertirse en su campo de batalla, los andenes destrozados para sacar piedras y atacar al Esmad, las calles donde se armaban con caucheras, machetes y elementos incendiarios, mientras la Policía nuevamente intentaba contener la furia de los manifestantes y alejarlos de las casas, comercios y conjuntos en los que cientos de ciudadanos tuvieron que permanecer encerrados toda la tarde y noche.
De igual forma resultaron amedrentados los vecinos del Portal Américas, quienes en medio de una visita de la Personería este miércoles al Parque El Mundo, que fue utilizado como campamento de la Primera Línea de Kennedy, quisieron constatar los daños en árboles, andenes, zona verde y mobiliario, pero terminaron acorralados por encapuchados que llegaron a increparlos por sus denuncias y la visita tuvo que ser suspendida en el lugar. Reflejo de que las garantías las tienen los vándalos y las comunidades quedan a merced de la violencia sin derecho a hablar o ser escuchados.
Se volvió costumbre del gobierno de Claudia López y del Secretario de Gobierno, salir antes de las manifestaciones a pedirles a los muchachos de la Primera Línea como si fuera un favor, que la manifestación sea pacífica, que no vandalicen, que no agredan, cuando en cada manifestación convocada se presentan disturbios en los mismos sitios, en una acción sistemática y violenta que cubre tres localidades y que continúa representándole más gastos por daños a los bogotanos. Daños que en los últimos meses ascienden a más de 24 mil millones de pesos.
Ahora surgen muchas preguntas ¿hasta cuándo veremos acciones concretas de la Administración Distrital contra el vandalismo? ¿Cuándo se trasladarán esas responsabilidades a las Primeras Líneas violentas que promueven los disturbios en esas zonas? ¿En qué momento se emprenderá un plan estratégico para desmantelar a las organizaciones y personas que financian esos movimientos y se benefician con el vandalismo? ¿Cuándo se escuchará un discurso fuerte y concreto de la alcaldesa hablando de las sanciones contra los vándalos o de las millonarias multas a quienes insistan en dañar la infraestructura? ¿Cuándo abrirá micrófonos y espacios para los ciudadanos afectados por el vandalismo y decidirá protegerlos? ¿Y en qué momento intervendrán los que se dicen defensores de los derechos humanos o pazólogos por los derechos de los vecinos que están amenazados, que quedan sin movilidad y que tienen afectada su salud mental?
Alcaldesa, la voz de las mayorías, es la que debe atender; la de los ciudadanos que han tenido daños en sus viviendas, que en las jornadas de protesta no pueden movilizarse a sus trabajos, a sus lugares de estudio o a citas médicas, aquellos que deben pagar peajes ilegales en sus propias calles para llegar a sus hogares, a los que han visto amenazada su vida por denunciar, o a los comerciantes locales que están en quiebra por que en esos días no pueden abrir sus negocios, a esos ciudadanos que pagan impuestos, generan empleos y son responsables con la ciudad. Es tiempo de que retome el control y recupere la ciudad.
Lucía Bastidas Ubaté – Concejal de Bogotá
