La presencia de indígenas emberas en el Parque Nacional en Bogotá ha dividido las voces en el Concejo de Bogotá, entre quienes los defienden y piden un mejor trato del Distrito, y se busque una pronta solución para su desplazamiento y los que han denunciado la instrumentalización de menores y mujeres embarazadas de parte algunos de sus líderes, para obtener fines lucrativos.
Por un lado la concejal Ana Teresa Bernal, llamó la atención al secretario de Gobierno Luis Ernesto Gómez, por considerar que el funcionario se ha referido a los indígenas en términos que violan los derechos humanos y que según ella, “desconoce los demandas que estos hacen”.
“Sus demandas se centran en exigir reparación integral como víctimas del conflicto armado interno, vivienda, salud, educación e inclusión laboral con enfoque étnico. Demandas que históricamente han venido haciendo miles de familias indígenas que en Bogotá siguen en condición de alta vulnerabilidad, pobreza y exclusión socio-racial. Estas 400 familias han solicitado desde el inicio de la minga un espacio de diálogo y de búsqueda de alternativas principalmente con la administración distrital, hecho que lastimosamente no se ha logrado concretar”, asegura la cabildante.
Por otro lado, la concejal de la Alianza Verde Lucia Bastidas, pide celeridad a las mesas de trabajo que lideran la Unidad Para las Víctimas y el Distrito, porque según ella, “ponen en riesgo la seguridad y el bienestar, principalmente de niños, niñas, mujeres embarazadas, adultos mayores, que componen el 70% de la población allí presentes”.
Bastidas recordó que 29 menores han tenido que ser trasladados a hospitales, 4 niños y dos adultos permanecen hospitalizados, 26 mujeres embarazadas tienen comprometida su salud y se han atendido en el lugar tres partos en la precariedad.
Durante las sesiones del Concejo de Bogotá, la cabildante denunció que los representantes de la comunidad Embera acreditados ante el Ministerio del Interior no reconocían a esos voceros que mantienen la toma, y que según ellos, “se hacen pasar por víctimas del conflicto”.
Confidencial Colombia dialogó con algunos vecinos de la zona y vendedores de jugos y frutas que tienen sus puestos en el Parque Nacional, quienes aseguran que esta situación los está perjudicando porque sus ventas han bajado, y que las condiciones de aseo en las que se encuentra el Rio Arzobispo ha incrementado la presencia de moscas y ratas en el lugar, porque según dicen, “este se ha convertido en una especie de baño público”. También les preocupa que en algún momento se pueda presentar un incendio por las fogatas que prenden con las ramas que cortan de los árboles.
Además de lo anterior, fue posible evidenciar la presencia de miembros de la Primera Línea, quienes les alertan por si en algún momento se acercan agentes de la Policía para enfrentarlos a piedra y palos.
La cantidad de menores de edad en el lugar es enorme, y según los vecinos, estos son utilizados como ‘escudos humanos’ para protegerse de alguna acción de la Policía que les obligue a desalojar.
La Alcaldía de Bogotá y la Unidad Para Las Víctimas esperan encontrar una pronta solución a la toma del Parque Nacional por familias Embera, en momentos en que las lluvias arrecian con gran fuerza en la capital y ponen en riesgo la salud de niños y mujeres embarazadas.
