Durante los último 20 días Colombia ha evidenciado las más graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas, en los que ha sido claro el abuso y la violencia policial. Tanto la sociedad colombiana como la comunidad internacional reconocen que es un imperativo ético y político llevar a cabo las acciones necesarias para intervenir a esta institución que actúa bajo una lógica militar.
El miércoles 19 de mayo, en el marco de una nueva convocatoria a paro nacional, nos reunimos con víctimas, académicos y organizaciones territoriales, civiles y de derechos humanos para discutir la necesidad urgente de plantear desde la ciudadanía una reforma estructural a la Policía Nacional, alrededor del Foro: Reforma a la policía en clave de derechos humanos.
En la primera parte del foro, nos concentramos en la caracterización de la violencia policial como una expresión cotidiana en la vida ciudadana y fundamentalmente en la protesta social. A pesar del recrudecimiento de la violencia policial en los últimos días, se reconoció que esta es histórica y va cambiando de patrones y formas, pero no de contenido. Hay un diagnóstico claro por parte de la sociedad de la violación permanente y sistemática a los derechos humanos por parte de la policía, en un contexto de total impunidad.
La fuerza pública, especialmente el ESMAD y la policía de vigilancia, actúa sin enfoque de garantía de derechos. Se identificaron los siguientes patrones de violación a la protesta social: estigmatización, violación de protocolos, criminalización de protestantes, violencia y uso desmedido de la fuerza policial. En otras palabras, que actúa de manera desproporcionada, de facto y sin mediación alguna con quienes se manifiestan.
Por otro lado, no existe un enfoque preventivo respecto al tratamiento de la protesta social, se reconoció la ausencia de articulación y dialogo entre el Ministerio Público y el Gobierno Nacional con procesos de defensa de derechos humanos. Esas omisiones refuerzan la criminalización de la protesta y justifican la violación de los derechos humanos de quienes ejercen el derecho a la protesta.
Adicionalmente, se identificó que el control territorial no es en función de garantía y protección de derechos sino de persecución y violencia. Hay una focalización muy clara de la violencia policial como una forma de control sobre el territorio, que afecta especialmente a jóvenes, mujeres, personas LGBTIQ+, y de manera particular a las personas trans.
Finalmente, se advirtió que la doctrina policial aún responde a una lógica del enemigo interno y no a una lógica de seguridad ciudadana. Es una institución jerarquizada, vertical, de carácter militar y supeditada al Ministerio de Defensa, pero que al mismo tiempo funciona como una rueda suelta porque no obedece a la autoridad civil. La confianza entre el pueblo y la policía está totalmente rota, sus canales de comunicación no existen. Se trata de una institución limitada y anacrónica, que no responde a un contexto de post conflicto.
En la segunda parte del encuentro, nos centramos en las propuestas para una reforma estructural a la Policía Nacional. Como postulados primarios, advertimos que la reforma debe ser pensada desde los territorios, desde los procesos sociales y desde las organizaciones defensoras de derechos humanos. Asimismo, que es necesario pensarse una reforma que desarticule la violencia que la policía ejerce de manera cotidiana, mediante formas de control violento sobre poblaciones y territorios, y que operan de manera directa sobre personas con identidades sexuales y de género diversas.
Consideramos que dicha reforma estructural, sólo puede ser posible si se tiene en cuenta que la policía no debe seguir comprendiendo a la ciudadanía como su enemiga. Se necesita una institución civil y para la paz, para el cuidado de la vida y no para la guerra. Creemos que la solución es construir una policía que genere confianza, que cuide la vida y los derechos humanos, y para poder lograr este objetivo, se debe distribuir el poder, es decir, democratizarla.
Al analizar los patrones de violencia policial concluimos que la policía se tiene que desmilitarizar. Aunque constitucionalmente no es un órgano militar, hace parte de las fuerzas armadas y ha sido militarizada; sus formas y pensamiento son de corte militar. La policía tiene que salir del Ministerio de Defensa y pasar al orden político civil. En el mismo sentido, la policía debe estar bajo la órbita de la justicia ordinaria y no de la penal militar. Debe dejar esa estructura jerárquica, de obediencia de vida, que se comporta como una fuerza armada.
Además, se debe desparamilitarizar, despolitizar y desideologizar a la policía. Garantizar que reconozca la diversidad de posturas políticas e ideológicas que hay en el país, que salga de ese espectro de extrema derecha, y que sea una policía laica y no de “dios y patria”.
Por último, es necesario plantear la reforma no sólo en la policía, sino también de los entes de control que la sustentan, que actualmente están asumiendo de manera pasiva los comportamientos de una institución que tiene una doctrina sistemática que violenta. Debe existir un control público y transparente sobre la policía y ésta debe rendir cuentas tanto a la institucionalidad como a la sociedad.
La policía es una institución que tiene una vida endogámica, que se ha transformado internamente, pero que debe salir a la vida pública y la sociedad civil debe tener capacidad de opinar y proponer transformaciones. En ese sentido, este foro se constituyó como el inicio público de una veeduría ciudadana para plantear la ruta de una reforma estructural a la policía nacional creada por y para la ciudadanía.
