Alejandro Ordóñez Maldonado, el Procurador General de la Nación tiene no solo un indiscutible poder derivado de su función sino que ha demostrado ser un sobresaliente animal político. Descontando la ascendencia y poder demostrado por el Procurador sobre quienes deben elegirlo en el Congreso, también es claro que el capital político del funcionario hace que sus posibles contendientes desistan antes de siquiera hacer la presentación formal ante sus electores.
Como si se tratará de un candidato a la Alcaldía de la capital del país o a la presidencia de Colombia, el Procurador Alejandro Ordóñez tiene seguidores y detractores en todos los sectores de la población colombiana.
El pasado 24 de septiembre, mientras el Procurador General radicaba en la Corte Constitucional el incidente de nulidad contra la sentencia D627 de 2012, que lo obligó a retractarse de sus declaraciones y políticas públicas sobre salud sexual y reproductiva, cerca de 300 personas marcharon desde la sede la Procuraduría General del a Nación hasta el Palacio de Justicia para apoyar al jefe del ministerio público.
Con arengas que niegan el derecho a abortar en los tres casos consagrados por la ley y con manifestaciones de apoyo a la reelección del Procurador General, los seguidores del funcionario se mostraron como un grupo de electores en plena campaña política. A pesar de que el apoyo de la ciudadanía a las aspiraciones de Ordóñez Maldonado no tiene ninguna incidencia directa en la decisión del Congreso, ese grupo de manifestantes podría verse como el germen de un movimiento político más amplio que lleve la carrera político del actual Procurador hacia una posible candidatura presidencial.
En la orilla opuesta están los ciudadanos que, articulados alrededor de varias organizaciones sociales como Women´s Link o Voz Pública, piden que el Procurador no se reelija por dos razones principales: el manejo clientelista con que se ha venido llevando su campaña de reelección y la clara influencia de sus convicciones religiosas personales en el manejo de una entidad que es garante de los derechos de la ciudadanía.
Han sido varias las manifestaciones públicas en contra del Procurador actual y de la posibilidad de que repita su periodo como funcionario público. Hashtags que han sido tendencia nacional por varios días y que aglutinan el descontento de muchas personas con la gestión de Ordóñez, campañas virtuales y físicas para recolectar firmas que lleguen al Congreso y logren que la virtual reelección del Procurador no prospere, han sido el pan de cada día en los últimos meses.
El ascendiente político de Ordóñez en los círculos de poder
Las acciones de Ordóñez, tendientes a asegurar su reelección han demostrado una inteligencia política que va más acorde con la labor de un experimentado cacique electoral que con un funcionario de control estatal.
Que el Procurador Ordóñez, a despecho de la irregularidad que supone ser nominado a repetir en el cargo por los familiares de varios de sus actuales subordinados, demuestra que existe un claro afán de poder que no se extinguirá con su reelección en la procuraduría.
Ha bastado una reunión con cada uno de los tres principales partidos políticos del país para convencerlos de aupar su reelección. Los primeros que anunciaron su apoyo fueron los conservadores que por cercanía ideológica son la colectividad política en la que se puede inscribir el capital político del Procurador Ordóñez.
Luego la reunión con el Partido de la U sentó un precedente no muy favorable para la posición del Presidente Juan Manuel Santos, de cara a un segundo periodo presidencial. El apoyo a Ordóñez, antes de existir una terna oficial en la que estuviera incluido el candidato del gobierno puso en una situación comprometida al jefe de estado que tiene dos caminos: terna a un jurista que tenga más de político que de juez, para hacerle contrapeso a todo el aparato electoral desplegado por el actual jefe del ministerio público; o se resigna al gran poder demostrado por Ordóñez y terna a un candidato de relleno para que el trámite de elección en el Congreso continúe con el curso que las maquinarias políticas le han señalado.
En ese sentido es llamativo que una de las nominadas a candidato de la terna que debe presentar el Consejo de Estado, Ana Caterina Heyck, haya renunciado ayer en la noche ante la falta de garantías en un proceso de elección que parece estar decidido antes de que empiece en firme. Descontando la ascendencia y poder demostrado por el Procurador sobre quienes deben elegirlo en el Congreso (que además son investigados y sancionados o absueltos por él), también es claro que el capital político del funcionario hace que sus posibles contendientes desistan antes de siquiera hacer la presentación formal ante sus electores.
Mientras el Congreso recibe las hojas de vida de los ternados, de los que el único presentado es Ordóñez mismo, la ciudadanía seguirá dividida entre los partidarios del Procurador y entre quienes no consideran conveniente que repita en su cargo. Por ahora seguimos contemplando cómo uno de los encargados de juzgar el comportamiento de los funcionarios públicos se presenta ante Colombia como un político de muchos quilates y que, pareciera, se hubiera formado en la plaza pública como el más curtido de los varones electorales colombianos.
