Cuando Luis Eduardo “el Lucho” Garzón se sintió un político desocupado y una encuesta le dio opciones para aspirar a la alcaldía de Bogotá, desde ese día se dañó la senda que la ciudad había construido durante una larga década, porque sin conocerla ganó las elecciones y así llegó a gobernarla. No hizo lo que prometió en materia de movilidad y dejó contratada la fase III de Transmilenio que terminó en manos de la trama de bandidos que llegaron a asaltar la caja de la ciudad. [Opinión]
Cuando Petro se sintió un político desocupado después de las presidenciales del año 2010, una encuesta le indicó que podría ganar la alcaldía de Bogotá, sin conocerla y sin saber de gestión pública, ganó las elecciones. Vino con nuevas y buenas ideas que no serían fáciles de implementar en unos casos, como el cambio del modelo de basuras; imposibles de llevar acabo otras, como la creación de un ente de servicios públicos similar a las Empresas Públicas de Medellín (EPM); o difíciles de realizar en cuatro años, como el metro liviano por la tanta veces manipulada carrera séptima.
Ahora la ciudad anda mal: políticamente polarizada; socialmente más segregada, porque ante la arremetida de la derecha contra el gobierno de izquierda la administración se centró en gobernar para los pobres, y entonces los estratos medios y altos la atacan aún más y sin contemplación por razones ideológicas y por intereses económicos; una administración lenta e inexperta en ejecuciones que recibió una alcaldía desbastada; la fase III de transmilenio quedó mal y el IDU con la Secretaría de Movilidad y Transmilenio no han logrado darle una solución definitiva y futurista a la mala herencia; el cupo de endeudamiento fue difícil de lograr y entonces nuevas obras importantes comenzarán tarde; la puesta en marcha del SITP ha sido lenta y traumática; el transmilenio no llega al aeropuerto; los 200 buses híbridos de la carrera séptima y prometidos para el 15 de diciembre, no han entrado en funcionamiento, y la lista sigue.
En medio del caos acumulado llegó la decisión del procurador Ordoñez de destituir a Petro por haber cambiado el modelo de basuras, y así la capital y Colombia se encontraron con dos problemas adicionales y mayores.
Primero, la Constitución del 91 le dio al Procurador poderes inconmensurables y nunca corregidos en su reglamentación. La llegada de un procurador ambicioso y en extremo fundamentalista, dejó al descubierto el vacío constitucional.
Segundo, un ordenamiento jurídico de mil cabezas donde no hay acuerdo entre sus organismos y entre los expertos, la ciudadanía no tiene nada claro. Como me decía una amiga: si escuchas al Procurador, al Alcalde, al Fiscal General, a los constitucionalistas, a los abogados y juristas especializados, al Ministro de Justicia, a todo el que levanta la mano y que haya pasado por una facultad de derecho, todos “tienen” razón pero la ciudadanía y las instituciones se quedan sin razón.
Estos dos aspectos, en el entorno de la coyuntura de Bogotá, muestran la débil institucionalidad de Colombia y permite hacer la lectura de que un sistema de justicia con espacio para todo tipo de argucias por tener tantas posibilidades de interpretación y de salidas, solo es funcional y da garantías a quien puede esgrimir todos los recursos. Entonces, la “justicia” es para los que tienen poder, y la injusticia para los que no lo tienen.
De esta manera, habrá para Bogotá decisión política – judicial ¿cuál? cualquiera, en consecuencia, por dignidad personal y por honestidad con el lector, es mejor no especular sobre el futuro inmediato de la capital porque será una decisión ideológica que desborda el sentido común del ciudadano.
En cualquier circunstancia, lo peor sería un alcalde de año y medio y de la otra orilla, que llegue a cambiar todo cuando en ese tiempo no alcanzaría a cambiar nada, por el contrario, dejaría más desbordada la ciudad, pues al buen estilo colombiano de no respetar nada del antecesor, revisaría todos los proyectos: metro, nuevas troncales de transmilenio, los cables, el nuevo modelo de basuras (cuyo nuevo modelo es correcto), el POT, y así la ciudad extendería su postración. Lo mejor sería que termine Petro o uno de sus secretari@s, porque al menos sabemos que es una administración que no roba a la ciudad, y porque ahora tiene que entrar en etapa de ejecuciones para lo cual sería bueno concertar una mesa de seguimiento ciudadano.
Sin embargo, no está por delante el sentido común ni la ciudad, están por delante las viejas ideas con las que siempre se ha pensado y gobernado éste país: premodernidad, ambiciones personales de unos cuantos con intereses propios pero no con el interés prioritario de la ciudad y sin cuidar de desmoronar aún más la debilidad institucional de la nación. Nada más patético que escuchar a Miguel Gómez Martínez y al procurador Ordoñez luego de leer el ensayo de William Ospina: “pa que se acabe la vaina”. Pero también escuchar al populismo de izquierda, que al igual que la derecha, no tienen un proyecto para una nueva nación. Todos con ideas del pasado, sin ideas para el futuro. Para unos es el crecimiento con asistencialismo, para los otros es el asistencialismo con crecimiento.
Este caos con el que se inaugura el 2014 no es más que el reflejo de un sistema político cuyo único fin es ganar elecciones sin importar que el interés personal se lleve por delante el interés general. Petro quiere ser presidente, Ordoñez también, muchos quieren ser alcaldes para después ser presidentes o para cerrar su carrera política. La ciudad está después; la ciudadanía, las instituciones y la nación, también; y la extrema derecha que gestó 67 años de barbarie, está al ataque y no le da tregua a la paz y a la ciudad.
Por ahora el alcalde convoca a la ciudadanía a la plaza de Bolívar este viernes 10 de enero, sigue la expectativa por la reacción del Procurador, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y de pronto de la Corte Constitucional. Mientras tanto la ciudadanía debe pensar que ella fue la que puso los alcaldes y por tanto que ella también es culpable de que su ciudad esté contra la pared.
