El Encuentro Iberoamericano de Comunidades Afrodescencientes, el primero de esta naturaleza e inaugurado hoy en la ciudad colombiana de Cali, alzó la voz contra el racismo, la discriminación y las injusticias que padecen las poblaciones de descendencia africana en el continente.
2011-08-23 El foro, que está enmarcado en la celebración del 2011 como Año Internacional de los Afrodescendientes por mandato de Naciones Unidas, culminará este miércoles y es organizado por el Ministerio de Cultura de Colombia y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).
El secretario general de la OEI, Álvaro Marchesi, uno de los participantes del encuentro, hizo hincapié en la necesidad de implementar programas culturales y de alfabetización que acaben con la desigualdad en materia educacional, social y cultural.
Marchesi aseguró que la organización iberoamericana está trabajando con Colombia en el proyecto “Metas Educativas 2021” que pretende conseguir “una educación de calidad para las comunidades más marginadas y lograr que en todas las escuelas haya acceso a la electricidad, Internet y computadores a lo largo del 2012”.
Por su parte, el representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos la ONU en Colombia, Christian Salazar, resumió los problemas de esta población y aconsejó al Gobierno de este país que se centre en resolverlos para poder acabar con las diferencias de trato con estas comunidades.
“Estamos apoyando un proyecto de ley que busca penalizar la discriminación racial en Colombia, y desde nuestro punto de vista la Ley de Víctimas debería avanzar”, sentenció Salazar.
Dicha Ley, que entró en vigor en junio pasado, busca compensar a más de cuatro millones de víctimas del conflicto armado interno y devolver dos de los más de seis millones de hectáreas usurpadas a campesinos por grupos armados ilegales.
Salazar también hizo referencia a la polémica en torno a una obligada consulta previa a las comunidades indígenas y minoritarias, en este caso afrodescendientes, sobre la concesión de licencias para exploración y explotación minera en los territorios donde habitan.
“Es importante respetar el derecho a la consulta previa en la concesión de explotaciones mineras”, matizó el representante de la ONU, e indicó que los otros retos son “acabar con el conflicto armado” ya que su oficina sigue recibiendo “denuncias de desplazamientos, asesinatos y amenazas que afectan a la población más vulnerable”.
En Colombia, los afrodescendientes son la parte de la población más vulnerable, donde a la pobreza y exclusión se une un conflicto armado que coloca a esta comunidad entre el fuego de los grupos armados.
En esta misma línea se expresó otro de los asistentes, el representante de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), Enrique Iglesias, quien pidió a los Gobiernos iberoamericanos y a los ciudadanos que sigan buscando soluciones a la desigualdad y a las políticas y comportamientos racistas.
El vicepresidente colombiano, Angelino Garzón, se comprometió a celebrar “una reunión con las comunidades afrodescendientes, antes del 30 de octubre”, es decir, un diálogo social que contemple los problemas reales.
La fecha límite está marcada por las elecciones locales que tendrán lugar ese día, ya que una de las propuestas de Garzón es la creación de oficinas especializadas dentro de las gobernaciones y dirigidas por personas afrocolombianas para tratar sus propios problemas.
Así mismo, instó a esas comunidades a seguir el ejemplo de las “mujeres que con su esfuerzo han logrado una igualdad legislativa” y les animó a “fortalecer sus organismos y consejos ya que son su forma de expresión social y cultural”.
Este encuentro tiene como objetivo acercar las políticas de integración colombianas a este sector poblacional a través de un diálogo.
Sin embargo, tras su intervención, los representantes gubernamentales y de instituciones internacionales abandonaron el foro sin escuchar las propuestas de las comunidades afro, lo que fue enérgicamente criticado por la líder de la Consultiva de Alto Nivel de comunidades negras, raizales y palenqueras, Rosita Solís.
“Después del gesto de los representantes del Gobierno no quería subir a la tarima, pero no puedo defraudar a mi gente”, aseguró Solís que indignada añadió: “exigimos respeto por la comunidad, un compromiso real y una educación digna”.
La ciudad de Cali, con un millón de habitantes, fue elegida para la celebración del evento dado que es la segunda con mayor población negra en Iberoamérica por detrás de la brasileña Salvador de Bahía.
