Esta sería la segunda condena al Estado relacionada con este corregimiento, tristemente recordado por dos masacres y varias incursiones de grupos paramilitares. Este jueves, el Consejo de Estado determinó que el Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y la Policía Nacional, omitieron su obligación de proteger a la población civil de La Gabarra.
La Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Nación, representada en el Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y la Policía Nacional, por las omisiones en la protección de la población civil de La Gabarra (Norte de Santander) que permitió constantes incursiones de grupos paramilitares en la región.
Esta ausencia de la fuerza pública permitió que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) incursionaran a la población. Con lista en mano cometieron asesinatos selectivos en contra de un grupo de personas señaladas de ser colaboradores de la guerrilla, lo que causó además temor y zozobra en la población civil que tuvo que abandonar sus viviendas.
Para el Consejo de Estado es evidente que se presentó una violación sistemática de los Derechos Humanos. “Es así como se manifiesta en la preexistencia de dos masacres cometidas en La Gabarra por grupos insurgentes que actuaba en el municipio de Tibú, frente a la inexistencia de seguridad pública”.
Debido a esto el alto tribunal le pidió a la Fiscalía General, la Procuraduría General y la Justicia Penal Militar adelantar las investigaciones correspondientes para establecer la participación de la Fuerza Pública en las omisiones paramilitares registradas el 29 de mayo, 29 de julio y 17 de agosto de 1999.
Esto debido a que existe evidencia que permite inferí que facilitaron y contribuyeron “al desarrollo de las actividades delincuenciales desplegadas por los grupos armados insurgentes” que delinquían en dicha región. Además se pide establecer las causas de dicho ataque generalizado.
EL ESTADO, A PAGAR POR MASACRE DE LA GABARRA
En un histórico fallo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al Ministerio de Defensa a pagar una de las más altas indemnizaciones en la historia por una masacre y, de paso, abrió el camino para que prosperen otras eventuales demandas contra el Estado colombiano por su supuesta responsabilidad al no lograr evitar asesinatos colectivos.
Por: NULLVALUE
27 de agosto de 2004
Así se desprende de la sentencia emitida por la Sección Tercera de ese tribunal, con ponencia de la magistrada Myriam Guerrero, que ordenó a la Nación a pagar 44.750 millones de pesos a 120 personas que debieron desplazarse como consecuencia de la incursión armada de miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en el corregimiento La Gabarra (Norte de Santander), entre mayo y agosto de 1999, y que dejó un saldo de al menos 27 campesinos muertos.
Según la ponencia de la magistrada Guerrero, se comprobó que el Ejército y la Policía tenían pleno y cabal conocimiento desde el mes de marzo de 1999, que la organización que se ha autodenominado Autodefensas Unidas de Colombia había planeado su arribo y la toma de la región del Catatumbo, y, en particular, del corregimiento La Gabarra, Municipio de Tibú, así como su permanencia en el lugar, para lo cual destacó un significativo número de integrantes, operación que buscaba claros objetivos económicos, cuales eran desalojar de la zona a grupos guerrilleros que hacían presencia en la misma y colocar bajo su dirección y dominio las actividades de producción, comercialización y tráfico de estupefacientes que se desarrollaban en la región .
Para el Tribunal, la actuación de la Fuerza Pública en este caso fue una clara falla en la prestación del servicio , pues a su juicio, además de no realizar operaciones tendientes a frenar al grupo ilegal, permitieron, con su conducta omisiva, que se asentaran a escasa distancia de tales instalaciones militares y que desde allí operaran efectuando incursiones a diferentes sitios donde realizaron nuevas masacres .
El fallo señala que las acciones de los paramilitares ocasionaron el desplazamiento, según cifras de la Red de Solidaridad Social, de 2.387 personas, aunque esta cifra puede ser mayor pues muchos habitantes huyeron hacia Venezuela.
Esta es la segunda vez en lo corrido del año que un tribunal halla responsable a la Nación por masacres cometidas por grupos paramilitares. El pasado 21 de julio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (con sede en Washington) condenó a Colombia a pagar más de 16 mil millones de pesos a los familiares de 19 comerciantes asesinados por grupos de autodefensa en el Magdalena Medio, en 1987.
La Procuraduría pidió al Consejo de Estado revocar una condena impuesta por el Tribunal de Cundinamarca al Ministerio de Defensa, el Ejército y la Policía, que ordenó pagar una indemnización de 125 mil salarios mínimos por omisión en la incursión de grupos de autodefensa en La Gabarra (N. de Santander) entre mayo y agosto de 1999. Según el Ministerio Público aún no se ha probado que las Fuerzas Armadas no actuaron para evitar el asesinato colectivo.
El Estado colombiano fue condenado por un juez de Cúcuta a pagar lo que sería la más cuantiosa indemnización colectiva en la historia del país –el equivalente a 8 millones de salarios mínimos mensuales vigentes– por la masacre de 34 campesinos cometida por guerrilleros de las Farc en junio de 2004, en La Gabarra y por el desplazamiento forzado de más de 2.000 personas.
Esta condena proferida en primera instancia por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta, le costará al país cuando quedé ejecutoriada 4 billones 716.000 millones de pesos, es decir, el 0,75 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Con esta cifra se resarcirán los daños y perjuicios de todo orden causados en forma directa a 41 familias víctimas de la masacre y a más de 2000 personas – entre stas varios niños – que sufrieron y padecieron el desplazamiento forzado y la pérdida de todos sus haberes.
La masacre ocurrió en la madrugada del 15 de junio de 2004 cuando un grupo de 15 guerrilleros de las Farc llegó a la finca La Duquesa, entre las veredas San Martín y Guadalupe, en el sector Filo de Águila, área de reserva natural Motilón Barí, en jurisdicción de La Gabarra, y dio muerte a 34 personas. Siete más quedaron heridas.
A partir de ese día y hasta el 30 de julio 2004 se produjo, entonces, la salida forzada de los campesinos y habitantes del lugar y sus alrededores. Muchos huyeron hacia a Cúcuta y otros lograron pasar a Venezuela y ponerse a salvo.
INDEMNIZACIÓN COLECTIVA
El fallo del juzgado de Cúcuta declaró a la nación – Ministerio de Defensa, Ejército y Policía – responsable, administrativa y patrimonialmente, por los daños y perjuicios ocasionados a las víctimas y por lo tanto “a pagar una indemnización colectiva, que contiene la suma ponderada de las indemnizaciones individuales del daño moral, daño material (daño emergente y lucro cesante) y el daño a la vida de relación, equivalente a ocho millones de salarios mínimos legales mensuales vigentes”, según la sentencia.
Una de las razones para proferir esta condena es que a través del proceso se pudo comprobar que la masacre de La Duquesa estaba anunciada y el Gobierno y las autoridades correspondientes no tomaron las providencias o medidas necesarias para evitarla. Tampoco le prestó atención a la situación de los desplazados. Tras la masacre, “no hicieron absolutamente nada por evitar un posible desplazamiento forzado”, se consigna en la sentencia No. 00213 – E que resolvió la acción de grupo entablada por el abogado Guber Zapata Escalante, a nombre de las víctimas y sus familiares.
GENTE POBRE Y PACÍFICA
Sobrevivientes declararon en desarrollo del proceso que “las personas masacradas se encontraban durmiendo y fueron sacadas de sus habitaciones y llevadas a la cocina, de dos en dos hacia el patio y los amarraban, cuando ya tenían la mayoría amarrados, los que quedaron en la cocina solos aprovecharon para huir; de inmediato los guerrilleros procedieron a disparar e hirieron a varios de ellos; a los que tenían atados en el patio de la finca procedieron a dispararles ráfagas con el fatal y reprochable desenlace”.
Según todos los testimonios recogidos por el abogado Zapata Escalante, a quien inicialmente un grupo de víctimas dio poder para que los representara y posteriormente se sumó otro grupo en este proceso de demanda contra la Nación, la mayoría de las víctimas eran labriegos de diferentes partes de Norte de Santander, especialmente de La Gabarra, cuyo trabajo era la actividad agrícola. También señalaron que se trataba de gente pobre y desarmada, dedicada a las tareas agrícolas y no pertenecían a ningún grupo al margen de la ley.
APROVECHARON SALIDA HACIA RALITO
En el curso del proceso también se estableció que la Farc y otros grupos aprovecharon que para la época los paramilitares de las Auc, que tenían el control de la región desde su cruenta incursión en Tibú en 1999, estaban en los preparativos para desmovilizarse, lo que finalmente se protocolizó en diciembre de 2004.
Una semana después de la masacre, las Auc publicaron en internet un comunicado en el que señalaron que “la guerrilla aprovechó que los miembros de la organización (Auc) están saliendo de la zona para integrarse a la zona de concentración de Santa Fe de Ralito, en Córdoba, en desarrollo de las operaciones de repliegue progresivo de tropas con motivo del proceso de paz”.
TODO EL MUNDO FUE INFORMADO
En el expediente de 114 páginas quedó consignado lo siguiente: “¿Cómo no iba a ser previsible por parte de las autoridades civiles y militares la incursión guerrillera al corregimiento de La Gabarra, cuando se tenía la información de primera mano del hecho, cuando las autodefensas se habían ido de la zona, cuando es de público conocimiento que esa zona es rica en cultivos ilícitos, cuando se tiene conocimiento que son frecuentes las incursiones armadas en la región, cuando se sabe que ese corregimiento es un corredor estratégico para las armas y la droga, en fin… Todos sabíamos que era pronta, cierta e inaplazable una incursión guerrillera al corregimiento de La Gabarra, por consiguiente era evidente nuevamente una ola de desplazados forzados por grupos al margen de la ley…”.
Y en otro aparte se lee: “Tan cierta era la incursión guerrillera, que el director de la Fundación Progresar, seccional Norte de Santander, Wilfredo Cañizares Arévalo ha manifestado en informes periodísticos, antes de la incursión guerrillera del 16 de junio del año 2004, que estaba “cansado” de informarle al Gobierno Nacional sobre la difícil situación de orden público que vive el departamento Norte de Santander, en especial La Gabarra, por los constantes asesinatos selectivos que se ejecutaban en la región. Para tal fin, el 9 de junio de 2004 le había hecho llegar una carta al vicepresidente de la República por los hechos aquí narrados y sobre todo por la frágil situación de inseguridad que se vive en la región…”.
Luego puntualiza: “… Y como si lo anterior fuera poco, sobre el conocimiento de las autoridades nacionales sobre la difícil situación de orden público y desplazamiento que vive desde hace años la región el mismo Wilfredo Cañizares Arévalo, previendo la incursión guerrillera en La Gabarra por la salida de las autodefensas, ya que estaban en el proceso de paz, le envió al ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, un oficio donde lo ponía al tanto de la difícil situación de orden público que había para el momento de la incursión guerrillera…”.
Luego de una serie de consideraciones y análisis sobre los daños y las consecuencias en las víctimas de esta masacre y el posterior desplazamiento forzado, el juez tercero administrativo de Cúcuta Rafael Eduardo Celis Celis responsabilizó a la Nación – Ministerio de Defensa, Ejército y Policía – por los daños y perjuicios ocasionados, a título de indemnización por daño moral, y a título de indemnización por concepto de daño por alteración grave de las condiciones de existencia.
PUBLICACIÓN Y EXONERACIÓN
También ordena, al quedar ejecutoriada esta decisión, publicar, dentro del mes siguiente, por una sola vez, un extracto de la presente sentencia en un diario de amplia circulación nacional. El extracto de la sentencia debe incluir, como mínimo, una síntesis de los hechos que dieron origen al proceso y el texto completo de su parte resolutiva; además, la publicación deberá contener la prevención a todos los interesados igualmente lesionados por los mismos hechos y que no concurrieron al proceso para que se presenten ante este Juzgado dentro de los 20 días siguientes a la publicación con el fin de reclamar su respectiva indemnización.
Finalmente, la sentencia exonera al municipio de Tibú y a Norte de Santander de cualquier responsabilidad por la masacre de la finca La Duquesa de La Gabarra y el inmediato desplazamiento forzado de más de 2000 personas.
NO ES LA PRIMERA VEZ
No es la primera vez que se condena al Estado colombiano por cruentas acciones de la guerrilla de las Farc, con las que desde hace un año se adelanta un proceso de paz en La Habana.
Por la toma guerrillera de la base de Las Delicias en el Putumayo, en 1996, el Consejo de Estado condenó a la nación a indemnizar por más de $1.600 millones a los familiares de tres de los soldados víctimas.
El fallo concluyó que se trataba de una unidad militar que no gozaba de condiciones estratégicas de ubicación, debido a la deficiente accesibilidad y la casi nula existencia de vías de escape, pero que además estaba integrada por agentes sin la suficiente preparación y armamento, entre otras omisiones que, a juicio del alto tribunal deben ser indagadas penal y disciplinariamente.
El entonces ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, dijo que “cada condena que se profiera contra el Estado colombiano nos afecta y en las últimas semanas han sido varias”.
Además, dice el Consejo de Estado, no se explica cómo unidades militares cercanas al lugar de los hechos, como las de la Base de Tres Esquinas, Puerto Leguízamo y Apiay tardaron tanto en dar respuesta al ataque que debió soportar durante varias horas un grupo de militares mal armados y deficitariamente preparados.
La base militar de Las Delicias, en Puerto Leguízamo (Putumayo), fue tomada por unos 600 guerrilleros de las Farc el 30 de agosto de 1996. En el cruento ataque perecieron 31 uniformados y otros 17 resultaron heridos, en tanto que 60 se convirtieron en secuestrados de ese grupo insurgente.
El alto tribunal encontró por lo menos siete fallas que habrían facilitado el accionar de los subversivos: que la base de Las Delicias era una estructura que permite ventajas frente al enemigo; no se tomaron las medidas de seguridad preventivas; no hubo control y vigilancia sobre la base en las áreas de periferia; hubo omisión de apoyo, y se presentaron deficiencias de carácter operacional y en los recursos defensivos, como las armas que no eran las más adecuadas para lucha contrainsurgente.
