El pasado 2 de octubre, con la victoria del NO en el plebiscito, la opinión pública sentenció políticamente al Gobierno. La maniobrabilidad de Santos sufrió un duro golpe que se ha visto reflejado en la propuesta de reforma tributaria que presentó en el Congreso el Ministerio de Hacienda.
Con un hueco de más de 24 billones de pesos causados en su gran mayoría por la dependencia de los dividendos del petróleo y la profunda crisis en ese sector, el gobierno ha determinado que la mejor solución sería acudir al incremento tributario de carácter urgente. Noticia que le ha caído en el hígado a la opinión pública.
Con la polémica a flor de piel, las bancadas en el congreso comienzan a pensar en diferentes fórmulas para colaborar con el ambiente de austeridad que propone el Ministerio de Hacienda. Precisamente, la propuesta más notable para contribuir con el ahorro público ha sido reducir sustancialmente los sueldos de los funcionarios del estado. Propuesta que les ha caído en el hígado a algunos burócratas.
Por esta razón, Confidencial Colombia decidió consultar a la Senadora Claudia López sobre estos importantes temas de la actualidad nacional.
La senadora comenzó diciendo de manera categórica que su bancada no apoyará el incremento del IVA, pues asegura que, “aunque se necesita ese ingreso para mantener la inversión social, hay mejores maneras de recaudar esa plata”. Sin embargo, reconoció que la RT no es del todo mala. “En 200 años de historia un gobierno le va a cobrar impuestos a los más ricos, que no tienen salarios sino dividendos. Es la primera RT en Colombia que le va a poner impuestos a los dividendos”, comentó.
López considera que el recaudo no debe caerle al bolsillo de los colombianos. Más bien se deben proponer alternativas. Rescata, por ejemplo, que el gobierno haya decidido imponer impuestos al consumo de bebidas azucaradas o los denominados impuestos verdes que constituirán un tributo que tiene como objetivo la protección del medio ambiente.
Sobre las recientes declaraciones del Vicepresidente Germán Vargas acerca de la reforma, López dijo que es un show mediático. “Al señor Vargas Lleras no le pueden importar menos los pobres de Colombia y sus casas, por lo que está peleando es por una disminución en las utilidades de los constructores”, replicó.
Propuestas alternativas
Sobre el aumento del salario por parte del gobierno al congreso expresó: “No es posible que el Congreso vaya a tramitar una reforma tributaria que le saca plata a los colombianos del bolsillo y no haga ningún aporte en decisión de salarios para que aquí también nos apretemos el cinturón”.
Curiosamente las dos iniciativas más comentadas en medios de comunicación han sido las del Centro Democrático y la de la Alianza Verde.
En principio, López explicó que la diferencia entre las propuestas del Centro Democrático y la Alianza Verde sobre el salario de los congresistas son fundamentales. El Centro Democrático, dice, propone congelar en el nivel actual (es decir, un poco más de 27 millones de pesos) el salario de los congresistas por 4 años, mientras que la propuesta de la Alianza Verde –y de otros sectores de la Unidad Nacional- reduciría a 25 SMLV la cifra actual, es decir, un monto que oscilaría entre los 17 millones de pesos.
“Ese valor no lo estamos escogiendo por capricho o por populismo; hicimos un estudio juicioso de cuánto se ganan los congresistas en el resto de América Latina y descubrimos que en promedio se ganan entre 20 y 25 salarios mínimos”, afirma López.
La Senadora insiste en que es un contrasentido entregarle la potestad al Gobierno Nacional de fijar el salario, porque al Presidente le gusta “consentir a sus muchachos” , y esa es una forma más de “mermelada” tapada para después cobrarla con favores. El agravante, agrega, es que el salario de los congresistas se utiliza como base para calcular el de otros servidores públicos en Colombia.
La propuesta de los Verdes también aseguraría que, habiéndose fijado el tope, el crecimiento se dé de manera paulatina a la par del salario mínimo. “¿Cuánto se reajusta el salario de los congresistas? Pues lo mismo que le ajusten a un obrero o a un empleado”, aseveró. La propuesta cae como anillo al dedo en época de austeridad, porque, año a año, se ahorrarían por lo menos menos 213 mil millones de pesos entre salarios del congreso y de otras corporaciones.
Si fuese aprobado el acto legislativo para junio del 2017, la normatividad podría ser implementada en la práctica únicamente hasta que se posesione un nuevo congreso, pues los derechos adquiridos de los funcionarios públicos están íntimamente relacionados con la aplicación de la ley en el tiempo, es decir, esa ley (que es posterior a este congreso) no tendría efectos retroactivos. Aunque la condición del incremento sí tendría vigencia.
Finalmente, la senadora López exhorta a la ciudadanía a que ejerza presión a las instituciones durante esta coyuntura para evitar dilaciones y excusas.
