Contra viento y marea, el Ministerio de Comercio y la administración de la isla de Providencia construyeron un spa sobre terreno ancestral sin consultarle a los raizales. La historia.
Contra viento y marea, el Ministerio de Comercio y la administración de la isla de Providencia construyeron un spa sobre terreno ancestral sin consultarle a los raizales.
Es histórica la deuda del Estado colombiano con las comunidades nativas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En las islas hay problemas de salud, educación, transporte, economía, soberanía alimentaria, derecho al agua y al respeto cultural.
Con el ánimo de fomentar la industria y el comercio de la región, el Gobierno ha construido hoteles y complejos turísticos con la ayuda del sector privado. Pero en algunas zonas se requiere el permiso de los grupos raizales que por décadas han vivido en el lugar y que por el mismo periodo de tiempo han denunciado abandono.
Investigamos la controversial historia del ‘Spa Providencia’, una instalación que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo construyó en el 2013 en territorio raizal sin consultar a los habitantes.
El edificio se ubica en pleno manglar y lindera con la Playa South West. Reza la ley que todos los manglares del archipiélago son parques y por ende cualquier tipo de construcción hotelera o turística está prohibida. La zona también es considerada como un santuario por los raizales, pues en las cercanías se entierran los cordones umbilicales de los recién nacidos y hay un cementerio.
La ley también dice que el Estado debe garantizar que los derechos de los nativos no se vean afectados por actos administrativos o legislativos y añade que las comunidades ancestrales merecen un trato especial.
Aparentemente, a la cartera de Comercio, la contratista La Playa, el Fondo de Promoción Turística y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Departamento no les importó pedir aprobación de los raizales para la edificación del spa.
La obra costó 2.100 millones de pesos. Se dice que iba a ser entregada a la comunidad para su manejo, no obstante una fuente cercana advierte que posiblemente se está creando una licitación para que un operador privado la administre.
Desde que se puso el primer ladrillo, los raizales denunciaron que les fue vulnerado su derecho a la consulta previa. El equipo de veeduría cívica de la isla, con la ayuda del Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario, interpuso una acción de tutela para proteger los derechos fundamentales de los raizales que luego fue evaluada por la Corte Constitucional.
El fallo de la Corte ordenó la suspensión de la construcción del spa pues no hubo consulta con los raizales, citó a MinComercio y a las demás entidades a hacer la respectiva consulta y les dio un plazo de 60 días. La decisión tuvo el respaldo del Ministerio del Interior.
-Hace 15 días se hizo efectiva la notificación a los abogados de los raizales, pero hasta el momento no ha habido pronunciamiento por parte de los demandados-.
Pero lo que realmente sorprende es la presunta incoherencia entre los Ministerios de Comercio y del Interior.
Enuncia el fallo que el 19 de mayo de 2011, la cartera de Comercio consultó al Ministerio del Interior sobre el registro y la existencia de Comunidades Étnicas en el lote “Providencia South West” -el mismo donde hoy reside el spa- con el fin de determinar si era necesaria una consulta previa con los raizales.
El Ministerio del Interior respondió que “sí se registran comunidades raizales dentro del rango de influencia del proyecto ‘Spa Providencia’” y trajo a colación el Censo General realizado por el DANE en el 2005, el cual señala que del 56,98 por ciento de afrocolombianos, el 60,09 por ciento corresponde a población raizal, “por lo que era necesario solicitar por escrito la consulta a la comunidad nativa”.
Sin embargo, el mismo notificó que no había registro en la Dirección de Consulta Previa del Ministerio sobre información de la construcción del spa y por consecuencia se determinó que la consulta no era obligatoria, pues el proyecto no tiene fines hoteleros.
Esto sirvió de pretexto para que en la primera semana de septiembre de 2013 el Ministerio de Comercio y la Corporación Regional Autónoma Carolina, decidieran en una reunión –en la que tampoco hubo presencia de raizales- que no requerían permiso para la tala de árboles y la construcción del spa, que para esa fecha ya estaba casi terminado.
Josefina Huffington Archbold, presidente de la veeduría civil Old Providence, asegura que esta no es la primera vez que se meten ‘como pedro por su casa’ a construir en zonas ancestrales.
“Ellos nos creen tontos. En el mismo lugar donde levantaron el spa, otros ya habían intentado edificar un Hotel. Nosotros logramos frenar esa iniciativa con el propósito de salvaguardar nuestra herencia”.
Añade que también se han hecho estudios sobre impacto ambiental en la zona que alertan sobre riesgos ecológicos. “Una investigación hecha por biólogos, incluido Germán Márquez, exprofesor de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, certifica la obligación de proteger el sitio. Allí habita el cangrejo negro, la única especie endémica del archipiélago y un baluarte de la comunidad raizal a nivel mundial”.
Para Huffington, es una falta de respeto lo que hizo el Ministerio de Comercio y más aún cuando es conocido en todo el país que el archipiélago sufre todos los días por el olvido del Gobierno Nacional.
Confidencial Colombia se comunicó con Rodolfo Rodríguez, asesor del Ministerio de Comercio y el responsable, según Huffington, del trámite de la obra. Él aclaró que no está habilitado para dar declaraciones al respecto.
Tampoco lo está la viceministra de Turismo Sandra Howard Taylor, quien –por coincidencia- es oriunda de Providencia. De hecho, ella trabajó en el Fondo Mixto de Cultura de San Andrés y también fue secretaria de Educación del departamento. Este sábado estará junto al presidente Juan Manuel Santos en el Consejo de Ministros que se llevará a cabo en el archipiélago.
