A través de las Redes Sociales se adelanta una campaña con la que amigos y familiares alrededor del mundo claman por la libertad del colombiano, Juan Pablo Iragorri.
Qatar se ha convertido, al igual que los autodenominados “Nuevos Emiratos”, en uno de los destinos turísticos mundiales más codiciados cuyas maravillas arquitectónicas lo han convertido en un lugar para los privilegiados.
Sin embargo, con el paso del tiempo el mundo ha sido testigo de trágicas denuncias en donde se han evidenciado cientos de violaciones a los Derechos Humanos. Casos de trabajo forzado en la construcción de escenarios deportivos para el Mundial de la FiFa, muerte de trabajadores a causa de las extensas jornadas a las que son sometidos, racismo y esclavitud son algunos de sus más nombrados abusos.
En medio de este desalentador panorama se encuentra Juan Pablo Iragorri, un colombiano que ha recorrido el mundo como paracaidista profesional y que hoy está condenado a cadena perpetua en una cárcel de Doha, capital de Qatar.
Con la supuesta intención de ir a entrenar las Tropas de las Fuerzas Internas de Qatar, fue contactado Juan Pablo, sin embargo al llegar allí la historia se tornó confusa. En realidad había sido buscado por funcionarios de la Policía ya que como colombiano, para los qatarís, era el puente perfecto para ayudar a conseguir cocaína a este país.
Frente a esta extraña petición Juan Pablo fue radical al negarse, afirma su familia; sin embargo esta no era la respuesta que esperaban quienes lo habían contactado y decidieron presionarlo para que cediera. Una de las primeras acciones fue negarle su visa de salida.
Al no ceder a las peticiones en 2011 un grupo de personas (aparentes policías) vestidos de civiles y sin identificación abordaron a Juan Pablo frente a su casa para capturarlo sin ningún tipo de orden judicial, sin leerle sus derechos y sin la posibilidad de una defensa. Fue sometido a tres meses de torturas y obligado a firmar un documento en árabe (idioma que no maneja) en el que “presuntamente” declaraba su culpabilidad en el delito de narcotráfico, tal como lo ratifica el documento emitido por la ONU. En 2012 lo condenaron en primera instancia a cadena perpetua y actualmente está tras las rejas en Doha.
Durante tres años la familia y sus abogados aguardaron con paciencia que algo sucediera y le permitiera a Juan Pablo demostrar su inocencia. Pero no fue así. En febrero de 2014 las Naciones Unidas envían un comunicado al Cónsul de Colombia en los Emiratos, con sede en Abudabi, en el que detallan el tipo de torturas y malos tratos a los que ha sido sometido y en donde manifiestan su preocupación por la integridad física y psicológica del Sr. Iragorri, en particular en cuanto al trato durante su detención.
También evidencian serias preocupaciones en cuanto a violaciones al debido proceso y un juicio justo. Este documento es conocido por la familia solo hasta noviembre de 2014.
Frente a este tema la familia ha manifestado la falta de interés por parte de la cancillería y el consulado, quienes a pesar de manifestar que han estado siguiendo el caso, para ellos esto no es suficiente. “Si han estado ahí por qué no hicieron nada cuando culpaban a mi hermano de narcotráfico siendo inocente. Las pruebas son contundentes y demuestran su inocencia; el mismo exministro de justicia de Qatar declaró en favor de Juan Pablo y ellos ni siquiera nos notificaron de la situación a través de un comunicado”, asegura Mauricio Iragorri, hermano de Juan Pablo, en diálogo con Confidencial Colombia.
En uno de los pronunciamientos hechos por el cónsul colombiano, Rafael Arismendy aclara que “los países son autónomos en la manera en que administran justicia y que de ninguna manera el Gobierno colombiano puede tener injerencia alguna en los fallos concedidos por los jueces”.
Al clamor de esta familia se sumó la Defensoría del Pueblo a través de un comunicado emitido el 4 de marzo en el que expresa: “La Defensoría también exhorta a la Cancillería para que agote todas las medidas diplomáticas a fin de evitar una injusticia y garantizar los derechos humanos de este ciudadano colombiano”.
En la mañana de hoy, el embajador de Colombia en Japón Roberto Vélez, quien estuvo en su momento a cargo del caso de Juan Pablo, afirmó a los medios de comunicación que el consulado “estuvo presente en todas las audiencias de los cinco connacionales (juzgados a la par con Juan Pablo) para garantizar que se siguiera el debido proceso de ahí en adelante durante todo el juicio”.
“En 2012 se dictó sentencia y solo tres apelaron la decisión, entre ellos Iragorri. Las audiencias continuaron un año más. En todas y cada una participó nuestro cónsul con un traductor en español para verificar que nuevamente se hiciera el debido proceso”, dijo Vélez.
“Juan Pablo fue el único de todos los colombianos que contaba con un abogado particular, porque era el único que tenía los medios para pagarlo. Los otros cuatro contaron con abogados de oficio puestos por el Estado de Catar”, resaltó.
A finales del 2013 se ratificó la sentencia inicial, indicó el diplomático, quien precisó que la cadena perpetua en Catar es de 25 años. Es dónde surgen las preguntas: ¿Qué papel desempeñó el cónsul mientras evidenciaba esta injusticia ya que ratificó que estuvo ahí? ¿El hecho de que la cadena perpetua sea de 25 años en Qatar, Juan Pablo siendo inocente debe pagar? ¿La Cancillería, entonces, no hará nada?
A través de este link, la familia está recogiendo firmas a la espera de que organismos internacionales intervenga.
