De nada valió ser uno de los periodista más amenazados del país. A Luis Carlos Cervantes lo mataron de nueve disparos en la cabeza mientras iba a recoger a su hijo al colegio. El asesinato de este periodista reitera las preguntas sobre el oficio periodístico en Colombia y sobre los alcances de las medidas de protección que el Estado otorga a los comunicadores.
Desde el año 2010 Luis Carlos había manifestado que existían intereses poderosos interesados en silenciarlo por su labor periodística en la región del Bajo Cauca antioqueño, razón por la que tuvo servicio de escoltas hasta julio pasado. El 12 de agosto, un sicario cumplió el cometido de los que querían callarlo. La mayor parte de las amenazas provenía de las denuncias sobre un “Carrusel de alcaldías” en esa región y por la injerencia de las bandas criminales en ese carrusel.
Cervantes era el director de la emisora radial Morena FM, en el municipio de Tarazá (Antioquia) y corresponsal de Teleantioquia en esa región. Las constantes intimidaciones y amenazas habían hecho que su camarógrafo dejara de trabajar con él y por eso a Luis Carlos le correspondía ser su propio camarógrafo en los momentos en que hacía sus reportes.
Desde que solicitara protección estatal, le había sido asignado un esquema de seguridad compuesto por un miembro de la Policía Nacional y por dos miembros de la Unidad Nacional de Protección. En el 24 de julio pasado, el esquema le fue retirado de manera abrupta, como lo denunció la esposa de Cervantes.
La desprotección del periodista derivó en un crimen que no era difícil de anticipar. De hecho, “sin ese esquema de protección su asesinato era cuestión de tiempo”, como manifestó un colega de Cervantes que prefirió reservar su nombre por motivos de seguridad personal.
Al respecto el director de la Unidad Nacional de Protección, Andrés Villamizar, ha sido enfático en señalar que el estudio de seguridad de Cervantes arrojó un grado de “riesgo ordinario”. Además, ha dicho que la UNP no tiene voto en el Comité de Evaluación de Riesgos y Recomendaciones de Medidas, Cerrem.
Es decir que en la instancia que anualmente evalúa la pertinencia de seguir asignando esquemas de protección y medidas de seguridad a quienes denuncian amenazas en su contra, se llegó a la conclusión de que Cervantes ya no tenía la inminencia de un ataque en contra de su integridad por cuenta de su labor periodística. Este Comité está compuesto por representantes de la Fiscalía y Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Ministerio del Interior, Unidad Nacional de Protección, Policía Nacional y miembros de las Organizaciones de Derechos Humanos, como la FLIP, en este caso concreto.
Según Villamizar la conclusión de que el riesgo era ordinario derivó de la apreciación de que la labor periodística de Cervantes no existía de manera activa por cuenta de que en los últimos meses se encontraba programando música en Morena FM.
Al respecto, la FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa) emitió un comunicado en el que afirma que realizó un seguimiento a las actividades periodísticas de Cervantes y afirma que “además de las versiones del periodista, escuchó decenas de testimonios de autoridades administrativas y policiales, periodistas y defensores de Derechos Humanos que aseguraban que si había un riesgo no parecía estar relacionado con la actividad periodística. La FLIP también conoció de procesos judiciales en su contra por acciones ajenas a su trabajo periodístico y de inconsistencias en la información entregada y continuó insistiéndole a la Fiscalía que investigara los hechos”. Además, señala que el mismo Luis Carlos les había informado que en la emisora ya no existía un espacio noticioso.
Al interior del CERREM, ni la FLIP ni la UNP tienen voto, sin embargo según fuentes consultadas afirman que esta última entidad presentó el informe de la evaluación de riesgos con el ánimo de mostrar que el peligro no era inminente. Al respecto el colega de Cervantes consultado por Confidencial Colombia señaló que “lo que está pasando con Luis Carlos es una especie de juego macabro en el que cada involucrado en esa reunión del comité, que ha hablado, se lava las manos. ¿Hasta dónde llega el ejercicio del periodismo? ¿Si visito fuentes pero no publico no estoy ejerciendo como periodista?”.
Andrés Villamizar ha insistido en que habría estado actuando de manera contraria a la ley si hubiera otorgado un esquema de seguridad al periodista asesinado a pesar de lo decidido en el CERREM. Sin embargo, Cervantes había manifestado el pasado 23 de julio que había recibido varios mensajes de texto en los que se le ordenaba el abandono del casco urbano de Tarazá, modalidad de amenaza que había sido utilizada en el pasado. A pesar de haber hecho pública esta situación el esquema de seguridad se le retiró el 24 de julio. Menos de un mes después fue asesinado.
Sobre las amenazas recibidas por el periodista asesinado, en 2011 Cervantes dijo que “allá en la Fiscalía dicen que les queda muy duro averiguar de dónde venían las amenazas. Y la Policía ha salido a decir que tiene identificadas las personas que me amenazaron, pero no las han capturado”. Tres años después el ente investigador afirma que “sólo tiene a su cargo una investigación y que reporte que la última y única actuación investigativa haya sido una entrevista a la víctima”. Es decir que solo una de las cinco denuncias hechas, fue investigada por la Fiscalía General.
Desde ya la Procuraduría General anunció una investigación para determinar si hubo o no negligencia por parte del ente evaluador del riesgo, mientras que la Fiscalía General iniciará las pesquisas para lograr llegar a dar con los responsables de la muerte de Luis Carlos Cervantes.
Así las cosas, en el marco de la conmemoración de los 15 años del asesinato de Jaime Garzón, lo único que queda claro en el caso del homicidio de Luis Carlos Cervantes es que el riesgo no era ordinario como lo demuestran las nueves balas que acabaron su vida cuando iba a recoger a su hijo al colegio.
