Luego de ocho meses de circular por la capital, los carros del registro de la aplicación Uber fueron detenidos por varios retenes de la Policía. Esta medida se da por una orden de la Secretaría Distrital de Movilidad para interceptar este tipo de carreras, bajar a los pasajeros y proceder a la inmovilización de los carros.
La aplicación Uber, presente en 100 ciudades de 40 países, proporciona a sus clientes una red de transporte conectando pasajeros con conductores de vehículos registrados. Pero en Bogotá, como lo denunciaron varios de sus usuarios, la Policía inició operativos para detener a los vehículos que prestaban este servicio.
Según William Pedraza en La W, asesor de la Secretaría Distrital de Movilidad, la entidad se ampara en los decretos 172 y 174 de la Presidencia, los cuales reglamentan el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial.
El decreto al que hace referencia el asesor confirma que el servicio de transporte especial es aquel “que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida (…) a un grupo específico de personas ya sean estudiantes, asalariados, turistas (prestadores de servicios turísticos) o particulares, que requieren de un servicio expreso y que para todo evento se hará con base en un contrato escrito celebrado entre la empresa de transporte y ese grupo específico de usuarios”.
Por su parte, la empresa con sede en San Francisco, California, se defendió esgrimiendo que sí están habilitados a cobijarse en esa figura de servicio especial y que la polémica ha sido presionada por los gremios de taxistas de la capital que han visto amenazado su oficio con el nuevo servicio.
Para Uber, la Secretaría de Movilidad le está dando una interpretación errónea a la ley y se sostiene en que la operación de los vehículos asociados es legal: “El modelo de Uber es el mismo que se ha usado en el servicio especial de transporte durante 15 años, en hoteles y clubes sociales, la única diferencia es que estamos usando la tecnología para hacer el servicio especial más eficiente y conveniente”.
Como consecuencia de esta medida, los conductores asociados a esta aplicación protestarán frente al Palacio Liévano para reclamar su derecho al trabajo. Así como desde la Secretaría de Movilidad reafirmaron que mientras se mantenga la ambigüedad de la norma, el tema debe ser considerado como servicio ilegal.
Esta polémica desató la citación a una reunión inmediata en el Ministerio de Transporte para debatir los alcances de este nuevo lío en el transporte de Bogotá. Terminado el encuentro, se llevará a cabo una rueda de prensa en la Secretaría de Movilidad.
