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La Procuraduría General de la Nación lanzó la alerta por el daño forestal en la selva amazónica consecuencia de la minería ilegal.
El órgano de control advirtió sobre la responsabilidad de los grupos ilegales detrás de estas actividades, que además de generar daños irreversibles en el medio ambiente, ponen en riesgo a las comunidades y estarían causando graves situaciones de orden público, como las que se presentan actualmente en el Bajo Cauca Antioqueño.
De acuerdo con las cifras referenciadas por la jefe del Ministerio Público, en Colombia fueron deforestadas 174.104 hectáreas de bosque (2021), afectación que se concentra en un 68 %, en 9 núcleos territoriales ubicados en zonas de los departamentos como Caquetá, Meta, Guaviare, Putumayo, Norte Santander, Antioquia, Nariño y Chocó.
La jefe del Ministerio Público también refirió a las reiteradas advertencias de la Procuraduría frente a la necesidad de fortalecer la lucha en contra de este flagelo, alertando ante las autoridades los efectos de la suspensión de los operativos de control contra la minería ilegal en el Bajo Cauca Antioqueño, así como la grave situación que está atravesando el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, en donde se están desarrollando actividades de minería ilegal que redundan en afectaciones irreversibles a este ecosistema.
El Ministerio Público reportó que, en el departamento de Putumayo, el motor de la deforestación serían los cultivos ilícitos, concentrando el 21 % de las hectáreas sembradas de coca en la región Amazónica, al borde del río Putumayo, evidenciándose afectaciones por deforestación a causa de la siembra ilícita en el Parque Nacional Natural La Paya.
