Por: Javier Ospina
Bogotá y movilidad: dos palabras que hoy, muy a pesar nuestro, van en contravía. Diez millones de personas nos movilizamos todos los días en la ahora llamada Región Metropolitana. Nos toca. Pero transitar por este laberinto se volvió una tortura, y la administración tiene que hacer algo al respecto, en el poco tiempo que le queda. En esta columna vamos a explorar algunos datos que explican por qué robarle minutos al caos vehicular, tanto público como privado, se ha vuelto cada vez un desafío mayor. Veremos también qué debe hacer la administración, y el siguiente alcalde, para superar este caos.
Según el IDU, la capital de los colombianos tiene hoy 630 frentes de obra. Para que se haga una idea esa cifra casi equivale al número total de manzanas de la localidad de los Mártires. Visto desde lo más alto de Bogotá es hoy un gran tapete verde, no de árboles y prados, sino, de poli sombras. Las mismas que utilizan los delincuentes para cometer los robos a los que, tristemente estamos acostumbrados en la ciudad, y que, por lo general, terminan en uno de los 455 homicidios registrados solo este año.
Una ciudad intransitable es una condena para sus habitantes. La inmovilidad reduce nuestra calidad de vida amenaza nuestra fuerza laborar, productora de riqueza. Según estudios de movilidad, los bogotanos hoy perdemos hasta dos horas en el tráfico. Horas, que serían de mayor provecho si se dedicaran a la familia, la educación, el descanso o simplemente, a actividades de ocio.
¿Por qué llegamos a esta situación? Porque de los 15 proyectos que estaban planificados para entrega este año, 8 están suspendidos y 3 en menos del 60% de ejecución. Las obras no avanzan, y la respuesta por parte del IDU, la entidad encargada, se lava las manos culpando a los contratistas por su falta de responsabilidad, como si la resignación fuera la mejor vía.
Cabe preguntarnos si el actual modelo de contratación está en mora de ser revisado y así evitar que empresas estén dispuestas y dedicadas a ganar licitaciones sin ejecutarlas. Pero adivine: ¿quién tiene la responsabilidad de presentar ante el Congreso una reforma a la Ley 80 de 1993, el famoso estatuto de contratación? Sí: el gobierno Petro. ¿Le conviene hacerlo, y perjudicar a sus amigos que le financiaron la campaña?: ya veremos. Pero la alcaldía de Bogotá por lo menos sí debe presionar porque así sea.
Nosotros seguiremos aprovechando este espacio para denunciar las irregularidades que se presenten al menos en nuestra ciudad. Seguiremos buscando respuestas y resultados que ayuden al progreso de la capital.
Es inconcebible que Bogotá sea la ciudad con la peor movilidad de Latinoamérica y la quinta a nivel mundial. Necesitamos rápido hacer el retorno, y dejar de ir en contravía.
