El viernes 16 de julio realizamos el debate de control político como Bancada de Colombia Humana – Unión Patriótica sobre violencia policial en el marco de la protesta pacífica. El objetivo de mi intervención fue mostrar los hechos con todas sus letras para que tanto el gobierno como la ciudadanía, enfrentemos lo que pasó en Bogotá en esos dos meses. Son hechos muy graves porque erosionan de fondo la idea de democracia en la ciudad. Una idea que había venido enraizándose con los importantes avances sociales de los últimos 15 años, destrozados ahora por efecto de la pandemia.
Allí muestro como un joven es detenido sin justa causa por el ESMAD, ingresado al Portal de las Américas, golpeado, arrastrado y humillado. Valientemente este joven transmite en vivo por Facebook el acontecimiento, luego de escapar del portal totalmente ensangrentado, porque le rompieron la cabeza con un bolillo, así nos narra lo que vio. Que la policía tenía a otras 10 personas a las que golpeaban, vio que encerraban personas en una oficina y las torturaban con gases lacrimógenos, y cómo en el portal había conductores del sistema, cajeras y personal de seguridad de Transmilenio que evidenciaron todo.
En esa madrugada los vecinos del Portal nos reportaron que escuchaban gritos en el mismo. Después de llamar a todo funcionario público que conocía, y no recibir respuesta, hacia la media noche decido ir al sitio con el Concejal Diego Cancino pudiendo observar a las 3:00 am, que al parecer todo funcionaba normalmente. Sin embargo, la actitud extraña de los guardias de seguridad, el nerviosismo del personal administrativo que nos atendió y una puerta de vidrio que permitía divisar escudos y cascos del ESMAD nos dió indicios de que algo no estaba bien.
Debido a nuestro llamado a las autoridades distritales, a las 7:00 am se hace una visita interinstitucional y se registra en el acta, que en efecto, estos hechos habían ocurrido, y una frase para mí aterradora, que las empleadas de limpieza del Portal habían limpiado la sangre en los baños. Varios hechos de esta situación deben alertarnos como ciudad. Primero, la Policía detuvo personas sin justificación en un sitio no dispuesto para detenciones como un Portal de Transmilenio, segundo, hubo tratos crueles e inhumanos al interior, tercero nadie de la institucionalidad pudo detener el hecho, cuarto, no hay ni personal de Transmilenio ni de la Policía investigados por los hechos, aunque la información fue enviada por el distrito a la fiscalía general de la Nación.
Subsecuentemente, los vecinos del Portal Américas tuvieron que sufrir por lo menos 20 noches seguidas el actuar totalmente irracional por parte del ESMAD. No solo actuaron para dispersar las manifestaciones ante actos violentos de terceros infiltrados en las protestas. El ESMAD desencadenó operaciones con un uso desproporcionado de la fuerza que significó batallas campales al interior de los barrios por más de 6 horas, y lo peor, dichas operaciones fueron desplegadas desde el Portal de Transmilenio que se convirtió de facto en un centro de operaciones de la Policía Nacional.
Esto incluyó el uso del arma Venom, disparando gases y aturdidoras de forma indiscriminada al interior de conjuntos residenciales, en una lógica de conflicto armado. Si un habitante del conjunto residencial vecino, ayudaba a los manifestantes perseguidos, entonces era atacado por el ESMAD, en una clara lógica de conflicto armado. Esto produjo el rompimiento de vidrios y el ingreso de gases lacrimógenos al interior de las casas, afectando a niños y adultos mayores. Nuevamente durante 20 noches, nadie pudo detener semejante barbarie.
Con la justificación de mantener el orden público, el gobierno distrital de la alcaldesa Claudia López autorizó el uso del ESMAD en estas localidades, a pesar de que sistemáticamente y sin ningún control la Policía Nacional actúo por fuera del marco legal y constitucional. Si bien, solo el 15% de las protestas terminaron en enfrentamientos, el despliegue del ESMAD estuvo desproporcionadamente concentrado en el Portal de las Américas en Kennedy y las localidades de Usme y Suba, generando un contexto de violencia que hoy informa la tensa calma en la que se encuentra la ciudad, pues el diálogo durante los primeros dos meses, no fue la prioridad de la alcaldesa.
Muchas veces esta intervención del ESMAD estuvo justificada en hechos como el bloqueo de vías o al principio del Paro, en sostener el toque de queda que se imponía por la pandemia. Hay que mencionar que en el informe de la CIDH a Colombia explícitamente se muestra cómo en el contexto de protesta pacífica, el gobierno debe ser más tolerante con temas como el bloqueo temporal de vías, si no afecta gravemente derechos fundamentales de terceros, o situaciones que interrumpan la cotidianidad. En cambio, en Bogotá, el ESMAD desplegó una violación masiva de derechos humanos por razones no suficientes en nuestro contexto.
Cuatro preguntas dejamos hacia próximas jornadas de protesta:
- ¿Quién defiende a los ciudadanos de los abusos de la Policía?
- ¿Por qué desbloquear una vía debe terminar con heridos, mutilados y muertos?
- ¿Por qué se utilizó la infraestructura de transporte público como centro de operación de la Policía para desplegar operaciones que terminaron violando los derechos humanos?
- ¿Quién manda sobre la Policía Nacional en Bogotá? Pues al parecer, nadie puede detenerlos una vez cruzan la línea de la defensa de la infraestructura para caer en violaciones sistemáticas de derechos humanos.
Los anuncios de la alcaldesa Claudia López y del ministro Diego Molano previos a las protestas del 20 de julio, permiten suponer que ambos gobiernos parecen coordinados, lo que es positivo, pues no cabrá duda de que actuaran en conjunto, y no habrá dilución de responsabilidades, como ha pasado hasta ahora.
Por otra parte, manifiestan que defenderán la protesta pacífica de aquellos terceros que irrumpan en ella. Esto es un avance pues las intervenciones del ESMAD iban dirigidas a toda la manifestación, no para protegerla, sino para cohibirla violentamente.
Sin embargo, mientras se condena, amenaza y se crea un clima de zozobra con respecto a las “primeras líneas” confiscando peligrosísimo material bélico (gafas y cascos) y se realizan allanamientos, no hay una sola palabra, ni del gobierno nacional ni distrital advirtiendo a la Policía Nacional sobre su responsabilidad con los derechos humanos, y las consecuencias de no cumplirlos.
Nuevamente se cierran filas entorno a la fuerza de Policía, una fuerza que abusó gravemente de la ciudadanía, una fuerza que no responde ante nadie, una fuerza que desatada, parece una rueda suelta, en la que no son unos pocos agentes abusivos los que desprestigian la institución con su actuar criminal, sino que, sistemáticamente, la policía ha desplegado operaciones que violan los derechos humanos por fuera del marco legal y constitucional; y lo peor de todo, por esto, hoy no responde nadie políticamente. Esta omisión de la alcaldesa Claudia López y el ministro Diego Molano, no es entonces, un buen augurio para próximas protestas.
