No importó que toda la evidencia científica apuntara a que los menores no son grandes vectores de contagio, ni que esté ampliamente documentada la afectación física, mental y educativa que les genera la pandemia, ni el clamor de padres de familia y sociedad en general que piden alternancia y regreso gradual y presencial a clases: el sindicato Fecode insiste en su negativa del regreso a las aulas.
Dice este sindicato que Colombia no cuenta con la infraestructura adecuada para el regreso a clases. Incluso desataron una auténtica tormenta en Twitter al asegurar que las instituciones educativas llevan años desplomándose y que no volverán a clases hasta que eso se solucione. Además, aseveran que no están dadas las condiciones de bioseguridad para el regreso a las aulas, porque, a diferencia de los centros comerciales, hoteles, tiendas de barrio e industrias, los colegios públicos no han podido concretar dichos protocolos.
Suponiendo que todos estos argumentos sean reclamos legítimos, debemos decir que siguen siendo insuficientes.
Para empezar, y según demuestra un estudio de la Universidad Javeriana del 2019, cada año un estudiante de colegio público en Colombia pierde 72 días de clase por cuenta de los paros de Fecode. Esta es una cifra anterior a la pandemia, por lo que ese número ahora debe estar disparado, y quizá explique el desequilibrio que existe en las Pruebas Saber 11 al momento de enfrentar los resultados de los colegios públicos con los privados.
Lo que sugiere lo anterior es que Fecode es un grupo de presión que desde antes de la pandemia ha sabido conjugar su verbo favorito: parar, parar y parar.
Así que las quejas sobre la infraestructura o los protocolos de bioseguridad se desdibujan y no pueden dejar de leerse a la luz de la historia misma de Fecode, un sindicato poderosísimo que hace paros por todo y por nada.
¿Qué hacer entonces?
Recordemos que el derecho a formar sindicatos está cobijado por el artículo 38 de nuestra Constitución Política, por lo que atender a las propuestas de “ilegalizar” a Fecode son abiertamente inconstitucionales. Por otro lado, las iniciativas de avanzar en un necesario y efectivo modelo de colegios por concesión, que “privaticen” este derecho fundamental, se enfrentan con la amenaza de más paros y agitación social por parte de este sindicato, que aglomera a más de 270.000 personas, directamente afiliadas a la CUT, tal como ellos mismos reconocen. Parece una situación sin salida con los niños y niñas como únicos perjudicados.
Según el mismísimo Instituto Colombiano de Neurociencias, el 88 % de los niños manifestó que su salud mental había empeorado a causa de la pandemia. Impedir que vuelvan a las aulas para interactuar con personas de su propia edad es un grave atentado a su desarrollo, sin contar las serias deficiencias en aprendizaje que supone una educación virtual: estamos ante una generación perdida.
Miremos hacia adelante: la posibilidad de que privados puedan vender vacunas en Colombia a quien quiera pagar por ellas abre la puerta para que se liberen cupos de vacunación. Cada dosis que un particular se aplique pagando con su propio dinero, debe significar de inmediato un maestro de colegio público vacunado y un aula abierta.
No le demos más excusas a Fecode. Como sociedad y por nuestra infancia no nos lo podemos permitir.
@oramirezvahos – Concejal de Bogotá
