Nuevamente, Bogotá fue escenario de uno de los más importantes eventos encaminados a consolidar la paz integral. Más de 120 delegadas y delegados de aproximadamente 60 organizaciones campesinas territoriales y nacionales, provenientes de todos los rincones del país, se encontraron durante tres días para, desde la sabiduría popular y cultural del campo, formular propuestas para alimentar la vida, el amor y la solidaridad, como parte del proceso social, hacia una Reforma Agraria y Rural Integral y Popular.
El debate fraterno, profundo y constructivo, se apoderó de la palabra dulce y la tradición cultural, y mezcló la diversidad de dialectos y gestos que representan la riqueza cultural y política de este importante sector social. El sombrero vueltiao se combinó con la ruana boyacense, las manos endurecidas de llaneras y llaneros, se hicieron suaves para saludar a paisas y opitas, el rio Catatumbo abrazó al Atrato, el Cauca se juntó con el Putumayo, y la madre tierra hizo valer su poder y energía para construir propuestas y generar confianzas.
Fueron varias las temáticas abordadas que dieron cuenta del compromiso que se tiene, no solo en la producción de los alimentos que llegan a las mesas de millones de colombianos y colombianas diariamente, o que son exportados, sino también, para aportar a la unidad del sector, la reconciliación nacional, la democracia y la justicia social.
Quién más que las campesinas y campesinos, que resisten y persisten desde los territorios, en la defensa de la vida y el medio ambiente, que sufren el rigor de las violencias estructurales, políticas y sociales, tienen la autoridad para exigir el cese al fuego bilateral, que se convierta en multilateral y excluya a la población civil de cualquier tipo de violencia armada. Ellas y ellos, que diariamente sufren el dolor de ver morir en combate a sus seres queridos, que lloran el reclutamiento de sus hijos e hijas por parte de las Fuerzas Armadas, las Guerrillas, las bandas criminales y los herederos del paramilitarismo, que caen gravemente heridos o muertos en los campos minados, son hoy ejemplo de lucha por la paz y de compromiso por el cambio.
Mujeres y hombres, que además de sufrir el rigor de la guerra, padecen la exclusión y el empobrecimiento, producto de años de políticas inequitativas que, como lo propone el gobierno del cambio, deben ser transformadas. Comunidades marginalizadas sin acceso adecuado y pertinente a una educación publica de calidad, sin el derecho a la salud y la vivienda, sin acceso a las tecnologías de la información, como el internet, sin vías adecuadas para el transporte de sus productos y de materias primas, y menos aún sin programas de comercialización justas, recuperan la esperanza en un presente y un futuro mejor.
De allí, la importancia de avanzar en el cumplimiento de los acuerdos de paz pactados con las extintas FARC-EP en el 2016, y los acuerdos con las organizaciones sociales y campesinas, firmados por anteriores gobiernos, y que fueron incumplidos. Por eso, el campesinado organizado, con autonomía e independencia y con un profundo compromiso movilizador, se aferra al programa de gobierno propuesto por el Pacto Histórico. Con el lenguaje propio de quienes, sin adornos y sin hipocresías, expresan sus exigencias, la convención campesina hizo un llamado vehemente a la implementación del Plan Nacional de Desarrollo, fundamentalmente en lo correspondiente al capítulo de la Reforma Agraria, Integral y Popular.
Estas exigencias, que no son sinónimo de oposición, sino aportes a las transformaciones políticas, económicas y sociales, requieren la pronta instalación de la Comisión Mixta Nacional de Asuntos Campesinos, instancia de interlocución, concertación y negociación entre el Gobierno Nacional y el movimiento campesino, para construir una gobernabilidad de la mano del poder popular, en donde las y los campesinos son un sector fundamental. Sin el campesinado colombiano, será muy difícil avanzar en la construcción de la paz integral, por eso la convención, valoró profundamente y aceptó la invitación a hacer parte del Comité Nacional de Participación, instancia convocada por la mesa de diálogo Gobierno Nacional-ELN.
Luego de siete intentos fallidos en el Congreso de la República, en donde los partidos tradicionales fueron fuertes saboteadores, se resaltó, como un logro de la lucha decidida del campesinado en alianza con congresistas campesinos y el gobierno del cambio, la aprobación del acto legislativo que reforma el artículo 64 de la Constitución Política, y que incorpora al “Campesinado como sujeto de derechos de especial protección”; este artículo aunque insuficiente, por cuanto no incorpora los derechos políticos, significa un gran salto en las conquistas sociales, que abre la puerta a más y mejores condiciones de vida. A buena hora, se reconoce al campesinado y su inigualable aporte a al desarrollo y la soberanía, saldando una deuda histórica, que nunca debió acumularse.
La ciudadanía, especialmente de las grandes ciudades, deberá respaldar y acompañar, el clamor y compromiso del campesinado por una sociedad en paz, con justicia social y vida con dignidad. El Estado debe garantizar la vida y la permanencia en los territorios de líderes y lideresas y de las organizaciones.
Colombia cuenta hoy, con un acumulado social y político en el campesinado que, puede ser el motor de las transformaciones económicas para modernizar el país, con sentido solidario, soberano y democrático capaz de garantizar la alimentación de toda Colombia, y el ingreso de recursos a partir de las exportaciones, si se brindan las herramientas tecnológicas y económicas adecuadas, y se generan espacios de participación con poder de decisión para la planeación territorial.
