Hemos perdido mucho tiempo, tiempo valioso para encontrar “tierra común” para nuestras posiciones, tiempo para co-crear y no simplemente amalgamar, tiempo para intercambiar ideas y construir un mejor sistema de salud entre todos. Lo hemos perdido por la defensa extrema de ideas sin haber generado los espacios de diálogo constructivo y respetuoso que el sector necesitaba. Sin embargo ¡ya estamos aquí! Y no se puede volver atrás.
En las semanas recientes y, con algo de presión política en diversos frentes y temas, el Presidente Petro ha abierto la posibilidad real de introducir propuestas —no menores—en el proyecto de reforma a la salud presentado por la Ministra Corcho, las cuales se fundamentan en la preservación del modelo de aseguramiento que hemos tenido en los últimos 30 años en el país. No obstante, tampoco ha claudicado en su idea de generar un modelo de aseguramiento gestionado directamente por el Estado —algo que es coherente con su pensamiento político y, por supuesto, sus promesas de campaña—. El reto, entonces, se hace evidente: ¿cómo formular un nuevo sistema de salud, que sea coherente técnicamente y progresivo en el goce del derecho fundamental a la salud, con ideas tan disímiles?
Para responder esa pegunta, empecemos por recordar que desde la Ley 100 de 1993, el Estado puede gestionar la salud de la población, por medio de Empresas Promotoras de Salud (EPS) públicas. Los resultados no han sido los mejores, desafortunadamente. Ahora, en un ejercicio de entendimiento ideológico —despojado de cualquier calificación—, este modelo no se ajusta a la visión política del Gobierno Petro, pues, al final, una EPS es una expresión corporativa, actuando en y por las condiciones de mercado. De ahí que su planteamiento sea el de un modelo de aseguramiento Estatal distinto.
Por otro lado, un modelo de gestión Estatal o público de salud no es, ni extraño, ni bueno o malo. Por regla general, tiende a ser menos eficiente, aunque más garantista. Debido a esto, requiere de un esfuerzo fiscal importante y un servicio civil transparente y consolidado para lograr los objetivos de cualquier sistema de salud. Latinoamérica está plagada de fracaso tras fracaso de éstos, explicados por las evidentes limitaciones presupuestales y la debilidad institucional. Sin embargo, a mi modo de ver, esto no significa que debamos renunciar a la aspiración de poder contar con un modelo público, transparente, efectivo, eficiente y técnico. Incluso, tal y como el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) ha sido un vehículo para generar equidad en un país como Colombia, tremendamente inequitativo, un modelo de estas características pueda ser otro para catalizar un servicio público tecnocrático, sin corrupción y enfocado en resultados —recomiendo una pausa en la lectura en este punto y escuchar “Imagine” del apoteósico John Lennon—.
Sobre la base de lo anterior están las claves para, por fin, responder la pregunta que quedó en el tintero. Nuestro sistema de salud es atípico y es lo que le ha permitido obtener logros que, para un país de nuestras características, hubiera sido muy difícil de alcanzar de otra forma. En ese sentido, no debemos temer a soluciones igualmente atípicas, innovadoras ¡Cúanto daño nos hace enfrentándonos por ideas de público versus privado! Lo que si debemos discutir es el diseño institucional y funcional de los modelos de aseguramiento, tanto corporativos, como Estatales —especialmente, el segundo—.
Durante este intenso debate de reforma, he tratado de tender puentes entre ideas, exponer argumentos que buscan una tercera vía para transformar nuestro sistema de salud, lo que no significa una renuncia a los principios que me han movido a trabajar por la salud y la dignidad de las personas y, menos aún, a mi naturaleza de técnico y no de político. Creo que es un gran avance el hecho de que los partidos políticos Liberal, de la U y Conservador hayan podido lograr defender el modelo de aseguramiento actual, generando el compromiso del Gobierno de mantenerlo en su propuesta de reforma. Al tiempo, comparto las alarmas sobre el modelo de aseguramiento Estatal que propone el Gobierno, pero —como lo he tratado de explicar— no por su naturaleza pública, sino por su diseño. La gestión integral del riesgo de salud, tiene dos componentes intrínsecamente relacionados, como lo he explicado en otras columnas: el de salud (técnico) y el financiero. Es un error desarticularlos, como pareciera suceder en la propuesta del Minsalud. También, es imperativo reconocer que la operación de los sistemas de salud —en el mundo de hoy— es tremendamente compleja, por lo que requiere de robustas estructuras operativas que van mucho más allá de lo que hasta ahora hemos visto.
Como lo dije al comienzo, hemos perdido mucho tiempo, pero en aras de recuperarlo, pensemos con cabeza fría y no dejemos que el afán nos consuma; tal vez necesitamos una pequeña pausa para “construir sobre lo construido,” que en este caso no lo menciono pensando en las capacidades del sistema de salud, sino sobre los acuerdos políticos que pueden traerle estabilidad al país y el sector y, de esta manera, promover la formulación de un esquema público progresivo, con suficientes capacidades, transparente y eficiente, en el marco de la libre elección de las personas, de tal manera que no haya regresividad en el derecho. Sigo confiando en el debate democrático e invito a que lo alimentemos con respeto, desde todas las aristas ideológicas, para posibilitar al país de una buena reforma, de la cual salgamos esperanzados y no polarizados.
