El prohibicionismo y el control policivo en las calles definitivamente no ha funcionado. Antes bien ha aumentado el consumo y la conflictividad entre los jóvenes y entre estos y las autoridades, como, de alguna manera, se hizo evidente en las protestas desde 2018.
Por: Hugo Acero Velásquez
Lo primero que hay que decir, respecto a la orden dada por la Corte Constitucional para que los concejos distritales y municipales regulen las condiciones para restringir el porte y consumo de sustancias psicoactivas en parques y espacios públicos con el objetivo de “proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes” es que esta medida no aplica cuando se trata del porte con fines de consumo propio (dosis personal o dosis medicada).
Segundo, hay que resaltar la intención de la Corte de “proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes” y por extensión la convivencia de los ciudadanos, que en muchos casos ven este consumo como un “problema de inseguridad y de un mal ejemplo para los niños y demás ciudadanos no consumidores”.
Lo tercero, es que hasta ahora frente al consumo de sustancias sicoactivas en el espacio público, ha prevalecido la expedición de normas que prohíben el consumo en determinados territorios, especialmente urbanos, y de control policial, medidas que no han dado los resultados esperados, como se puede evidenciar tras la expedición del Decreto 825 de 2019, que, si se hubiera aplicado como se debía, solo en el 10% del territorios de Bogotá si hubiera podido consumir drogas, de ahí la imposibilidad de aplicarlo por parte de la Policía.
Frente a esta situación, no solo los concejos distritales y municipales tienen un gran reto, también las administraciones locales, para no repetir medidas que en el pasado no han funcionado y que se quedan en el papel.
Debe haber una discusión amplia y especializada sobre este tema, que pasa por los consumos de alcohol y otras drogas. Este no es un problema solo de abogados de los concejos, de las secretarias jurídicas y de la Policía. Es un tema que debe involucrar las secretarías de salud, integración social, educación, cultura, seguridad, convivencia y justicia y otras secretarías que pueden ayudar a definir una política integral sobre consumo responsable de uso de alcohol y otras drogas.
En 1997 ante los problemas de consumo de alcohol, riñas, violencia, lesionados y muertos, tras su ingesta, Antanas Mockus hizo una propuesta que generó mucha polémica entre autoridades y ciudadanos en general, que era “enseñarles a los muchachos de los grados 10 y 11 de los colegios a consumir licor”.
Desde luego el objetivo no fue ni distribuir licor en los colegios, ni crear una cátedra sobre el tema, sino sostener diálogos con los estudiantes sobre el consumo de alcohol, con la participación de especialistas de la Secretaría de Educación y Unidad Coordinadora de Prevención Integral.
Estos conversatorios se aplicaron en sesenta y ocho (68) colegios, durante el segundo semestre de 1997, con el titulo de “Saber antes de beber. Uso responsable del alcohol” y se fundamentaron en el desarrollo de procesos de socialización secundaria que promuevan la regulación y la autorregulación social con respecto al consumo de alcohol.
Los objetivos de estos conversatorios fueron:
- Abrir un espacio al diálogo sobre el uso responsable del alcohol.
- Reflexionar sobre la experiencia individual y colectiva del uso del alcohol.
- Abordar las implicaciones que genera el uso inadecuado del alcohol.
- Hacer respetar la acción de aquellas personas que manifiestan no querer beber y que son consideradas como “zanahorias” y resaltar el valor que tienen los que no beben y pueden divertirse sin consumir alcohol.
La información que se daba en los colegios y que se discutía con los alumnos, era la siguiente:
- Cómo es el consumo del alcohol en Bogotá.
- Qué efectos produce el alcohol cuando se consume sólo una vez, cuando se hace un uso inadecuado de él, cuando se abusa de su consumo, cuando hay dependencia y sobre los efectos sociales del uso inadecuado del alcohol. Violencia y lesiones en general.
Con esta información, los alumnos, padres de familia, profesores y directivos reflexionaban sobre el consumo del alcohol y, de manera individual, se invitaba a decidir sobre no consumir o hacerlo de manera responsable, contribuyendo así a reducir los efectos del alcohol en la violencia cotidiana.
Esta experiencia hoy puede servir para cumplir las órdenes que impartió la Corte Constitucional “para que los concejos distritales y municipales regulen las condiciones para restringir el porte y consumo de sustancias psicoactivas en parques y espacios públicos con el objetivo de “proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes”. Sirve para trabajar con muchos jóvenes, escolarizados y no escolarizados, sobre el consumo responsable de alcohol y otras drogas en el espacio público y privado.
El prohibicionismo y el control policivo en las calles definitivamente no ha funcionado. Antes bien ha aumentado el consumo y la conflictividad entre los jóvenes y entre estos y las autoridades, como, de alguna manera, se hizo evidente en las protestas desde 2018.
Los concejos distritales y municipales, así como las administraciones locales deben pensar en la posibilidad que las ciudades y municipios cuenten con centros de consumo manejados por especialistas y donde se pueda trabajar con los jóvenes, reducir el daño de las drogas y del alcohol reconociendo los riesgos que existen con estos consumos y se puedan minimizar con actitudes responsables, para que no se atente contra la integridad y vida propia y las de los demás ciudadanos.
Cuanta falta nos hace Antanas Mockus para abordar este y otros tantos problemas por los que esta atravesando el país desde la mirada practica y pedagógica de la cultura ciudadana.
