No es una coincidencia que el Gobierno Nacional, algunas plataformas y organizaciones sociales, gremios económicos e intelectuales del país estén, por diferentes caminos, proponiendo la necesidad de hacer un esfuerzo aún mayor en la instalación de escenarios de diálogo y encuentro social, que nos permitan abordar sin vetos ni mezquindades, el análisis franco y generosos de todos las temáticas que desde hace muchos años han sido señaladas como generadoras de conflictos sociales y políticos retroalimentadores del conflicto armado.
Lo que hemos definido como conflicto armado interno es un sistema complejo, que contiene en su origen y desarrollo múltiples mecanismos que se repiten indefinidamente, y antes que solucionarse o desaparecer, tienden a ampliar su radio de acción, como una tormenta que nunca termina y se convierte en huracán, arrasando a su paso periódicamente, todo lo construido, para darle lugar a pequeños momentos de descanso, y aparecer luego con más fuerza, llenando de más dolor e incertidumbre a la sociedad.
Recogemos la propuesta de Paz Total, que preferimos llamar Paz Integral, porque estamos convencidos de que ese camino logra integrar experiencias importantes desarrolladas en años anteriores y que le apostaron con honestidad a la construcción de la paz, aplicando metodologías y definiciones preparadas oportunamente, pero que evidentemente no lograron, por diferentes condiciones, transformar las causas del conflicto o superar su desarrollo violento, entre ellas, la férrea oposición y saboteo de sectores de la sociedad que no se sintieron representados en lo acordado, y la no incorporación en la agenda de diálogo con los actores armados y en la dinámica social, de componentes dinamizadores del conflicto armado que aún hoy persisten.
La violencia armada en Colombia cobró en el 2022 alrededor de 13.000 homicidios, seis veces más que el promedio mundial. Las principales zonas afectadas se relacionan directamente con los enfrentamientos de Grupos Armados por el control del territorio, estrategia a su vez relacionada con las economías ilícitas ligadas al narcotráfico, la minería, el tráfico de personas, el tráfico de armas y municiones y el contrabando de mercancías.
Para muchos sectores de la sociedad, la violencia armada tiene su origen en la pobreza que alcanza hoy según proyecciones de la CEPAL, 38 de cada cien colombianos y colombianas son considerados pobres, así que será necesario que la sociedad en general a través de espacios de diálogo y concertación, y las mesas de negociación con los Actores Armados No Estatales, aborden este tema, respondiendo más o menos a las siguientes preguntas, que deben ser abordadas territorialmente ¿Cuál será la política económica que debe implementar la sociedad colombiana representada en el Gobierno del Estado, para superar progresivamente esos índices de pobreza? ¿A qué se compromete la sociedad en todas sus expresiones (gremios económicos, empleados, obreros, campesinos) para reducir la pobreza?
Para otros sectores sociales, el conflicto armado interno se alimenta también de conflictos ambientales no resueltos o de la imposición de proyectos económicos ligados a la minería, la explotación de hidrocarburos o a el desarrollo de infraestructura para la conectividad. Otros señalan las dificultades de la juventud para acceder y mantenerse en el sistema educativo (Colombia reporta en pleno siglo XXI una tasa de analfabetismo de 5,24%) o los aprietos para acceder en zonas rurales a la atención en salud, como determinantes en el sostenimiento de la conflictividad armada. Para numerosos pobladores, especialmente de zonas rurales, la falta de empleo legal (en el 2022 cerca del 11% de los campesinos/as en Colombia estaban desempleados), es un determinante que hace que algunos jóvenes se sientan atraídos hacia las cadenas de economía ilegal (raspachines, barequeros) y para aceptar la oferta económica o política de pertenecer a grupos armados. De estas cifras surgen algunos retos o interrogantes ¿Será posible seguir estableciendo enclaves extractivitos minero-energéticos en zonas ambientalmente estratégicas? ¿Podemos fortalecer el sistema educativo que permita garantizar acceso y mantenimiento en condiciones dignas de niños, niñas y adolescentes? ¿Es pertinente la educación que se imparte en Colombia, en relación con los problemas estructurales o las ventajas comparativas y competitivas en los territorios? ¿Será posible desarrollar un programa territorial de prevención en salud y control de enfermedades tropicales? ¿Podemos concebir un programa de generación de ingresos y productividad ligado al campo colombiano? ¿Para qué y en dónde desarrollamos la reforma rural integralmente?
Muchas expresiones populares ligan el fenómeno de la proliferación de grupos armados directamente con el problema de la corrupción. En el comunicado #01-2023 de transparencia por Colombia, nuestro país sale muy mal librado en materia de percepción frente a este fenómeno, y afirma que “la falta de acción decisiva para combatir la corrupción y fortalecer las instituciones públicas alimenta las acciones del crimen organizado”. Muy unido a la corrupción la comunidad señala la debilidad en materia de gobernabilidad democrática, transparencia y participación efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones frente a los planes de ordenamiento territorial, planes de desarrollo y presupuestación. Tendríamos que preguntarnos en este sentido ¿Cómo entre todas y todos nos comprometemos a superar efectivamente el fenómeno de la corrupción local y nacional? ¿Cómo podemos desarrollar en el territorio procesos de participación ciudadana que hagan efectivo el artículo 3º de la C.P.? ¿Cuál es la reforma política y electoral que requiere realmente Colombia, para sacar las armas de la política? ¿Cómo la construimos?
Si desatamos un gran diálogo territorial, estructurado metodológicamente, sin restricciones temáticas preconcebidas, de tal forma que ningún sector político, económico y social sea excluido, para construir respuestas a los interrogantes, como base para la construcción de Planes de Paz y Reconciliación territoriales que se complementen con otros planes territoriales, y a partir de estos ensamblar un gran Plan Nacional de Paz y Reconciliación que sirva de insumo para un Pacto Nacional Por La Vida, como principal aporte de la sociedad a las mesas de negociación del Estado con los Grupos Armados No Estatales, tendríamos seguramente, un porcentaje de éxito mayor en la superación definitiva del Conflicto Armado y las violencias, y en la construcción de la Paz Total. Un pacto de paz con un porcentaje mayoritario de respaldo popular que garantice su sostenibilidad y la progresividad en su implementación.
@luisemilpaz
