Como firmantes de paz celebramos que el PND recoja la implementación integral del Acuerdo de Paz. Y que la planeación del desarrollo se articule con el ordenamiento del territorio alrededor del agua como primer eje de transformación dentro del plan. Una propuesta de cuidado de la “casa común”, paz y buen vivir para el pueblo colombiano.
Por fin un proyecto político en nuestra era republicana que pone una agenda de cambio con la paz en el centro. Proyectos, políticas y programas para la construcción de la paz (Cap.1) se encuentran previstas en las Bases del PND. Así mismo, resaltamos que brinde las facultades al ejecutivo para la compra de tierras de cara a la Reforma Rural Integral y para la reparación de víctimas.
Los ejes de transformación del PND son el ordenamiento del territorio alrededor del agua, seguridad humana y justicia social, derecho humano a la alimentación, transformación productiva, internacionalización, acción climática y convergencia regional (Art.3). Esto da cuenta de tres cosas fundamentales: 1) que la vida humana y la defensa de la biodiversidad son la prioridad, 2) que el plan es modernizar el país superando el centralismo y dándole poder a las regiones, y 3) Colombia en el planeta como un actor fundamental para mitigar el cambio climático.
Otro aspecto clave a mencionar son los ejes transversales del PND: la paz total, los actores diferenciales para el cambio, la estabilidad macroeconómica y la política exterior con enfoque de género (Art.4). Una apuesta por superar la violencia estructural, por superar las brechas ocasionadas por el conflicto armado y por tumbar el grueso muro que separa lo urbano y lo rural. “Actores como las mujeres, la comunidad LGBTIQ+, las víctimas, las niñas y los niños, las comunidades étnicas, los jóvenes, las personas con discapacidad y la comunidad campesina son parte integral de las transformaciones propuestas por este Plan”.
Es clave la apuesta de una política exterior con enfoque de género como política de Estado, orientada a promover y garantizar la igualdad de género en la política bilateral y multilateral. Se le da mucho juego en la política de paz total a la Cancillería en cabeza de Álvaro Leiva.
La paz tiene presupuesto
Hay esperanza real de paz al aprobar el Plan de Inversiones Públicas (1.154,8 billones) que incluye el Plan Plurianual de Inversiones para la Paz (PPI), el cual se estima en un valor de 50,4 billones a pesos constantes de 2022 para los próximos cuatro años por $50,4 billones (Art.5) distribuidos por punto del Acuerdo de Paz así:
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Así mismo, al garantizar la implementación integral del PNIS y compromisos del mismo con pueblos y comunidades étnicas y campesinas (art. 10 y 11), se avanza en el ejercicio de volver a construir acuerdos con familias cultivadoras a las que el gobierno anterior les incumplió en su intento de hacer trizas el Acuerdo de Paz.
Un PND para la reconciliación y las garantías de no repetición
Otro aspecto clave para la reconciliación y la transición hacia la paz es el “proceso de acompañamiento a miembros activos y retirados de la fuerza pública durante la comparecencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (Art.18). En este sentido también es clave el Plan de Acción para la aceleración de pago de indemnizaciones administrativas (Art. 8). “El Gobierno nacional implementará un plan de eficiencia en el gasto público a fin de acelerar el pago de las indemnizaciones para las víctimas del conflicto”.
En términos generales se resalta de este PND su perspectiva de planeación participativa y su capacidad de articulación institucional para mejorar la gestión pública y superar la ineptitud burócrata de anteriores gobiernos.
En ese sentido se resalta el Sistema Nacional de Reincorporación (Art.19) como instancia de articulación y coordinación de la oferta interinstitucional de orden territorial y nacional para las personas exintegrantes de las FARC-EP, incluyendo también a sus familias. Así mismo el Programa de Reincorporación Integral, dirigido a generar capacidades en sujetos y colectivos en proceso de reincorporación social, económica y comunitaria orientadas hacia el alcance del buen vivir y la construcción de paz (Art.20).
La Agencia de Renovación del Territorio -ART- estará adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Art.14), lo cual también da cuenta de esa modernización institucional de cara a la implementación de los Acuerdos.
Finalmente, no deja de ser un tropiezo la no implementación de las recomendaciones del Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Una deuda histórica de la “oligarquía”, temerosa de los relatos múltiples de la verdad. Esa clase que como decía Gaitán “concentra en su excluyente interés los poderes económicos como medio de influencia política, y la influencia política como medio de ventajas económicas”.