Hay que resaltar que este nombramiento sucede justo después de las denuncias que he realizado contra el exgobernador, las cuales se han basado en evidencias objetivas, en documentos de la Contraloría y la Procuraduría, contratos, licitaciones, entre mucha otra documentación.
Vale recordar las denuncias que hemos hecho: Denuncié que la Contraloría señaló que durante la Gobernación de Amaya hubo detrimento patrimonial, y que para las Auditorías de la Contraloría la Gobernación presentó información y resultados que no corresponden a la realidad de la gestión.
Mostré que en la Procuraduría General de la Nación cursan por lo menos cuatro procesos disciplinarios contra Carlos Amaya. Uno de ellos por presunto enriquecimiento injustificado que involucra directamente a Carlos Amaya y otros funcionarios electos en Boyacá.
Denunciamos que Carlos Amaya durante su Gobernación favoreció a un círculo íntimo con millonarios contratos por $67 mil millones que terminaron en sobrecostos, retrasos, hallazgos fiscales, detrimento patrimonial e investigaciones disciplinarias. Los beneficiarios de esos contratos son los hermanos Peña, los cuales conocen a Carlos Amaya desde antes de su Gobernación y son amigos íntimos de Jaime Flórez, pupilo político de Carlos Amaya.
Los procesos licitatorios de estos contratos presentan irregularidades que demuestran el posible direccionamiento para favorecer a los hermanos Peña. Por ejemplo, en el proceso licitatorio de 2017 solo se presentaron tres oferentes, dos experimentados contratistas de Boyacá y del país y el consorcio de los Peña. Dio la extraña casualidad que los experimentados contratistas dejaron de presentar exactamente los mismos documentos durante la licitación y quedaron automáticamente rechazados.
Denunciamos también que el contratista Jorge Boada financió con $50 millones la campaña a la Gobernación de Amaya y desde entonces recibió $33 mil millones en contratación con la Gobernación. En 3 de los 4 contratos sospechosamente Jorge Boada fue el único oferente.
Y denunciamos que el zar de la contratación Pedro Contecha Carrillo, quien ha estado envuelto en escándalos por participar en el direccionamiento de contratos en la Gobernación de Richard Aguilar, obtuvo contratos por $107 mil millones en un solo año durante la Gobernación de Amaya.
INVIAS señaló sobre 2 de 3 de los procesos licitatorios en los que ganó Contecha que la Gobernación de Boyacá modificó los pliegos de condiciones y determinó la competencia justa.
De manera que estas denuncias a Carlos Amaya dan para preguntar si ¡Amaya no es un atajista? Aún con estas pruebas públicas lo nombran copresidente del Partido Alianza Verde que nació luchando contra los atajos, el Partido que se fundó con el principio de los “recursos públicos, recursos sagrados”. ¡Hágame el favor!
¿Amaya al lado de Mockus? ¿De verdad?
Y esto es más indignante aún: Carlos Amaya me denunció por injuria reclamando su buen nombre debido a las denuncias que he hecho, y un juez falló indicando que yo tenía la razón, que no estaba injuriando al exgobernador y que no tenía que rectificarme pues mis afirmaciones se soportaban en pruebas documentales.
Ante este hecho, lo mínimo que deberíamos hacer, invocando el “No todo vale” es investigar las prácticas del exgobernador. Este premio es inexplicable.
Debo decir además que con el nombramiento de Carlos Amaya en la Presidencia del Partido no tengo garantías para poder desarrollar mi ejercicio electoral el próximo año. Sin embargo, daré la lucha hasta el final; mi coherencia no tiene precio. Nosotros seguiremos en la tarea de profundizar la democracia deliberativa para insistir en la coherencia entre medios y fines, para que la vida sea sagrada, para que los recursos públicos sean sagrados y se mantenga la bandera de nuestro Partido Verde. Hoy se lo tomaron, hoy lo cooptaron, pero la pelea por los recursos sagrados, el no todo vale y la vida sagrada seguirá.
