El pasado sábado 29 de julio, se cerraron las inscripciones de candidatas y candidatos a las Alcaldías y Gobernaciones, a las Juntas Administradoras Locales-JAL, a los Concejos Municipales y a las Asambleas de Diputados departamentales, en momentos en que, el país se sacude con vientos de cambio y se propone superar definitivamente el conflicto armado.
No será fácil para el pueblo elegir la mejor propuesta y evitar la tentación, en medio de las ofertas corruptas de los clanes mafiosos que, nuevamente aspiran convertir el erario público en un botín que alimenta las arcas privadas de familias y castas. Tarea difícil para un electorado poco informado o con escasa cultura política, diferenciar y elegir la mejor propuesta que les beneficie individual y colectivamente, en medio de amenazas, fuego cruzado, hambre, miseria, exclusión, manipulación, o constreñimiento.
Estas inscripciones electorales y lo que se percibe van a ser las campañas, dejan claro varios problemas de nuestra democracia que han estado al centro de los acuerdos de paz y de las exigencias populares, que deberían ser solucionados; me refiero específicamente, a la necesidad de construir concertadamente, la más profunda reforma política, electoral y administrativa que ayude a erradicar los vicios que han afectado la democracia representativa, potenciar la democracia directa y deliberativa, y avanzar hacia la tantas veces aplazada descentralización.
Se les olvida a las clases dirigentes de todas las ideologías, con algunas pocas excepciones, que el surgimiento y la retroalimentan del conflicto armado interno y las múltiples violencias estructurales que nos afectan, guardan relación estrecha con la exclusión en la toma de decisiones, de aquellas corrientes políticas y sociales que han cuestionado el establecimiento, a su modelo económico y al tipo de democracia que hemos desarrollado, y que para esta exclusión, las corrientes políticas dominantes han utilizado la violencia estatal y para estatal, y la negación de espacios de comunicación y deliberación. Se olvidan, que fenómenos como el estallido social de hace pocos años, guarda relación directa, con la evidente exclusión de las mayorías populares, en la toma de decisiones.
No podemos pretender que el país cambie y que avance hacia la paz, el desarrollo sostenible, la equidad, la superación de la impunidad y la justicia social, si cada dos años, dependiendo de los cargos que estén en juego, repetimos fenómenos como el nepotismo, la compra y venta de votos, el constreñimiento, la falta de propuestas o programas elaborados en cada partido, la débil participación de las mujeres y la población LGBTIQ+, el ingreso de recursos ilegales o la superación de los topes económicos de campañas. ¿Para cuándo el voto electrónico y la modernización en el conteo?
Es necesario y urgente una reforma política y electoral que haga posible la modernización de los partidos, con mecanismos internos democráticos y participativos sólidos y exigentes. Partidos que deben desarrollar una plataforma política e ideológica clara, que no estén al vaivén de los intereses de camarillas nacionales, departamentales o municipales. Colectividades que reconozcan la importancia de las militancias en la toma de decisiones. Se requiere de partidos fuertes que puedan constituir frentes políticos, claramente definidos y comprometidos con sus militantes. Partidos y frentes que elijan democráticamente a sus candidatos o candidatas, y que una vez electos, actúen como bancadas en cada corporación.
No podemos pretender que la reconciliación sea posible, si las decisiones trascendentales que afectan el presente y el futuro de las comunidades, se siguen tomando en los clubes sociales, en las cantinas o en sitios de veraneo; Colombia reclama hoy, una reforma política que haga posible que la soberanía repose exclusivamente en pueblo, tal y como se dispone en el artículo 3° de la constitución y que esta ciudadanía informada y estructurada, la ejerza de forma directa. Debemos avanzar hacia modelos deliberativos asamblearios territoriales, en donde el constituyente primario, mediante metodologías incluyentes construyan y decidan los planes, programas y proyectos que harán posible el desarrollo sostenible territorial. ¿Para cuándo la planeación participativa a 20 o más años? ¿para cuándo la armonización de los Planes de Desarrollo con los Planes o Esquemas de Ordenamiento Territorial?
En todos los llamados Consejos, sean estos de Juventud, de Paz, Medio Ambientales, etc., con pequeñas excepciones en cada uno de ellos, al pueblo solo le corresponde “aconsejar”, porque finalmente, son los llamados representantes (alcaldes, gobernadores, concejales y diputados), quienes en conclusión deciden. Se ha fragmentado la voluntad popular, para manipular o solo para refrendar, alguna decisión tomada de forma centralizada. La democracia que el país requiere, tendrá que reconocer el poder de decisión, la potestad vinculante de la ciudadanía, no a voluntad de uno u otro gobernante progresista o demócrata, sino como política de Estado. No basta solo, con la llamada rendición pública de cuentas, hay que gobernar con y para el pueblo.
Toda esta gran reforma quedaría inconclusa, sino se avanza hacia la descentralización administrativa y política tendiente a fortalecer los municipios, los departamentos y las regiones, con autonomía y coordinación nación-territorio. Que los y las gobernantes de los entes territoriales, las JAL, los Concejos, y las Asambleas, con congresistas que se elijan para representar verdaderamente a los territorios y con capacidad de asumir el proyecto de nación, acompañados de una verdadera participación y control ciudadano, tengan la posibilidad de administrar y cuidar sus recursos económicos y naturales, de definir las rutas del desarrollo y de avanzar hacia el goce pleno de los derechos de sus habitantes.
Nos enorgullecemos de nuestras comunidades indígenas y afrodescendientes, de su cultura, de la música, la gastronomía o la danza, pero la dirigencia política y económica, se asusta cuando los pueblos étnicos exigen soberanía sobre su territorio, sobre sus mares, ríos, y quebradas, su aire, suelo y su subsuelo, sobre las llamadas riquezas mineras o energéticas, sobre los bosques y selvas. Se asustan cuando exigen gobierno y justicia propia, rescate de la cultura ancestral, defensa de las lenguas y tradiciones. ¿Para cuándo el gobierno propio? ¿para cuándo el derecho sobre sus territorios que ahora llamamos baldíos? ¿para cuándo el derecho a recorrer, como pueblos nómadas y seminómadas, el territorio que milenariamente les pertenece?
Finalmente, y aunque todavía estemos inmersos en una democracia con tantas dificultades, el camino será siempre la democracia. Hay que desatar mucha pedagogía electoral que haga posible la elección de personas honestas, capaces, transparentes, comprometidas con la paz y las transformaciones. De la ciudadanía también depende que los cambios se den y que los territorios sean bien gobernados.
