Con alevosía lo hizo de nuevo. Rodrigo Tovar Pupo, alías “Jorge 40”, le negó la verdad plena a la Jurisdicción Especial para La Paz sobre su actuación como bisagra entre la fuerza pública y los paramilitares bajo su mando en la comisión de graves delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra ocurridos en los departamentos de Cesar, Magdalena y Guajira en la última década del siglo pasado. Un silencio al que acudió desde el año 2009 ante los tribunales de Justicia y Paz, creados en el marco del proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Por esa reiterada afrenta a las víctimas y sus derechos, la sala de definición de situaciones jurídicas de la JEP no aceptó el sometimiento de “Jorge 40” a esta jurisdicción al considerar que el ex jefe paramilitar “no cumplió con su aporte a la verdad plena” después de haberlo escuchado en la audiencia única de verdad del 26 y 27 de enero del 2023. “40” guardó sepulcral silencio además sobre los entramados políticos articulados al sangriento accionar paramilitar en esta parte del Caribe Colombiano. Por razones similares, incumpliendo citaciones de la Fiscalía y evadiendo la verdad estando detenido en la prisión de Virginia (Estados Unidos) luego de su extradición, fue que en junio del 2015 la sala de justicia y paz del Tribunal Superior de Barranquilla lo expulsó por incumplir su compromiso en honrar los derechos de sus víctimas a la verdad, la justicia y la reparación como condición de no repetición.
Poderosas razones debe tener “Jorge 40” para guardar silencio y preferir someterse a la condena que paga proferida por la justicia ordinaria. Investigaciones periodísticas y de organismos de derechos humanos han documentado el poder económico que mantiene derivado de actividades ilícitas. Se habla también de estructuras políticas, que mantienen su dominio y control territorial, precisamente porque el silencio de ex jefes paramilitares, como en este caso, los protege y encubre. Razones más poderosas que las que han motivado a Salvatore Mancuso, su antiguo socio de andanzas, a contar sus verdades que deberá acompañar de pruebas ante la propia JEP.
Pero esta burla a las víctimas no solo ha corrido por cuenta de algunos de sus ex comandantes paras. La decisión de extraditarlos en el 2008 por parte del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez pretendió enviar la verdad a Estados Unidos sin tiquete de regreso. Quiso el gobierno de la época que los comandantes paramilitares respondieran ante la justicia norteamericana por delitos como el narcotráfico. Aunque el uribismo aún saque pecho por tamaño despropósito, es inocultable que ellos prefirieron la justicia de estadounidense y el castigo del delito del narcotráfico por encima de las masacres, desapariciones, despojos, desplazamientos y demás crímenes atroces por los que aún deben responder estos personajes.
Aunque resulte más dispendioso y exigente, corresponde a la justicia construir la verdad y garantizar plenos derechos a las víctimas. La burla de personajes como “Jorge 40” no puede condenarnos a la amnesia y el olvido. Y las verdades de Mancuso, si son plenamente probadas, pueden contribuir a no olvidar la ignominia y el horror. Y a pasar la página.
