La polémica e incertidumbre que se ha generado por el Relleno Sanitario Doña Juana muestra que las decisiones no pueden ser apresuradas, con verdades a medias ni buscando culpables. El dictamen del Tribunal de Arbitramento reconoció argumentos de ambas partes: UAESP deberá pagar $64.500 millones por desequilibrios financieros en la tarifa, según el operador CGR estas no cubrían costos de disposición final y tratamiento de lixiviados. Por incumplir las condiciones del contrato, CGR deberá pagar $4.132 millones, acuerdo en el que se comprometía a mejorar la infraestructura de la planta de tratamiento de lixiviados y construcción de taludes para el manejo de residuos.
La alcaldesa Claudia lopez celebró las decisiones. No se trata de medir pulsos sino de evitar que los bogotanos pierdan recursos, debe ella reconocer que sí se deberá pagar, aunque por debajo de los $1,2 billones pretendidos por el operador la ciudad quien tiene que asumir el pago de los desequilibrios.
Los árbitros no accedieron a la solicitud de terminar el contrato de concesión se mantiene las condiciones hasta 2024, fecha definida por la licencia ambiental, este plazo que debe permitirle a la ciudad y a sus gobiernos de turno buscar soluciones y alternativas que mejoren la disposición final de residuos.
La relación entre UAESP y CGR no tiene articulación, es un tema que debe analizarse desde las implicaciones sociales y ambientales que tiene el enterramiento de residuos. Hay que dar el giro hacia nuevas alternativas, informado sus implicaciones, dado que las tecnologías no son excluyentes sino complementarias.
Es momento de replantear el camino, buscar los mayores beneficios para los ciudadanos. La alcaldesa fue consciente de esto ante el pleito que se dió desde 2019 entre Grupo de Energía de Bogotá y Enel buscando consensos para recibir los dividendos que no había entregado y optaron por fusionarse. Esta misma postura debe buscarse con el operador y evitar que la ciudad esté en riesgo por el deficiente servicio de aseo relacionado con la disposición final.
El objetivo es hacer de Bogotá una ciudad sostenible, esto implica que la jerarquía de gestión de residuos se materialice en la ciudad, es decir, reducir la generación de residuos y priorizar el aprovechamiento. Las soluciones no están a la vuelta de la esquina, es necesario mesas de trabajo y ambas partes deben ceder y pensar primero en Bogotá.
