Desde hace más de una semana, el país se ha informado de un bloqueo de carreteras y una movilización enorme de campesinos en el área del bajo Cauca antioqueño, entre los municipios de Dabeiba, Cáceres, Nechi y otros.
Un paro persistente que no ha logrado con el diálogo social el gobierno nacional poderlo desactivar. Ha habido comisiones permanentes del alto gobierno por parte de varios viceministros y posteriormente con los ministros titulares, especialmente, del Interior, Ambiente, Defensa, entre otros, para reforzar el diálogo desde hace unos días.
A pesar de la Comisión de alto nivel y de poder decisorio, sólo restaría que esté el presidente allá sentado en las mesas de diálogo, cosa que no es considerable porque es la última instancia en el país. Siempre en las negociaciones sociales y políticas se hacen con representantes del gobierno, quedando siempre al más alto nivel para considerar la aprobación de lo discutido, esa es una técnica de la negociación social y política y de conflictos, por eso hay altos comisionados de la Paz, por eso hay representantes del gobierno, cuando se sienta en la mesa con grupos alzados en armas, porque se negocia con delegados, con representantes, no con la máxima autoridad como en este caso.
El paro no se pudo desactivar y el gobierno nacional ha dado la orden que agotado el diálogo social sea la fuerza pública legal y constitucional la que proceda a darle garantías a los habitantes de esta gran zona de Colombia y así permitir el tránsito de pasajeros, carga, alimentos y suministros para garantizar la movilidad de la gente en general.
Este tema de la minería ilegal en Antioquia, en el bajo Cauca antioqueño es una práctica de muchos años que no la han atendido los gobiernos anteriores, desde hace más de 20 o 30 años y han dejado crecer esta ilegalidad y han dejado crecer la afectación ambiental de los ríos y de las Vegas de los ríos que vienen siendo oradadas por dragas y dragones, algunos de ellos dicen que pesan hasta 5 mil toneladas, es decir, no se trata de una minería ancestral, no se trata de minería de aluvión, artesanal, sino de minería ilegal a gran escala que incluso utiliza el mercurio que, con ello no solamente contamina a los ríos, sino que afecta las especies acuáticas tan ricas en esa zona de Colombia y también llegando a la contaminación por consumo humano de las pescas, esas sí artesanales que consumen los colombianos y las colombianas de la zona y de todo el país. Violando con esto Colombia el convenio de Minamata, convenio famoso mundial de Tokio para que no se contaminen los ríos con la contaminación de mercurio en los procesos del oro.
Es claro, que alrededor de estas enormes explotaciones de dragas y dragones están movimientos armados ilegales, bandas criminales, se dice que el Clan del Golfo, eso tiene mucho de certeza, la gente que conoce el sector sabe que esas dragas y esos dragones tienen vigilancia armada también ilegal.
El gobierno nacional ha decidió poner freno a la ilegalidad y a la contaminación ambiental y a la grave afectación ambiental en esta zona, lo mismo que se repite en varios hermosos ríos de Colombia, como en el Chocó con el río Quito y el río Telembi en el departamento de Nariño, en nuestros municipios de Barbacoas, Roberto Payán y Magüí. Entonces hay que analizar el fondo de todo esto y comprender que el gobierno está procediendo como debe proceder. Nosotros tenemos que respaldar al gobierno porque la minería ilegal en Colombia ha cundido a lo largo y a lo ancho del país, también en el sur de Bolívar contaminando las aguas de sus ríos y la cuenca principal de Colombia, el río Magdalena. También en las zonas amazónicas en los límites con el Brasil, cuyos habitantes de ese país han invadido a Colombia para explotar en medio de la selva colombiana, destruyendo bosques y dejando huella de sus dragados en amplias zonas del Amazonas colombiano, esos mineros brasileños se denominan los “Garimpeiros”.
Por lo tanto, nosotros creemos que el gobierno está procediendo bien y tiene que seguir adelante porque además de los cultivos de uso ilícito, el tema de contrabando en Colombia, el comercio ilegal de combustibles y la minería son los factores más agudos para mantener el conflicto social y armado en nuestro país por parte de las bandas criminales en particular.
El gobierno no puede negociar sino bajo la condición de que lo acordado en los diálogos sociales tiene que estar amparado por la ley y la constitución y por supuesto con el respaldo financiero y presupuestal para los compromisos de inversión social que son muy característicos para recuperar las zonas afectadas por conflictos sociales y armados, por lo tanto la base de un diálogo social pasa por la legalidad y la viabilidad financiera que lo cual es innegociable.
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@GGarciaRealpe
