La gestión pública admirable tiene como objetivo “elevar la confianza y el respeto de los habitantes de Bogotá hacia las instituciones y los organismos distritales y el compromiso de los servidores públicos y de todas las personas con una gestión efectiva y transparente”[1].
La contratación estatal puede fortalecer la democracia o quebrarla en todos los sentidos del término. Por un lado, puede ser la herramienta más potente para generar una gestión pública admirable, por otro, puede ser un mecanismo para favorecer intereses y engrosar los bolsillos de algunos particulares.
Es común que en el ejercicio de la contratación pública en Colombia prevalezca el uso de excepciones a los procesos licitatorios con el objetivo de beneficiar intereses privados. Un esquema de contratación expedito y sin concursos meritocráticos que favorece a pocos. Un esquema a través del cual se utilizan indebidamente figuras como los convenios interadministrativos, las uniones temporales y los consorcios para concentrar la contratación en unas pocas personas.
Al final, todo se mueve bajo una lógica de mercado en el que los contratistas no pasan por los filtros de los principios de la contratación pública, sino que buscan el beneficio particular, utilizando mecanismos legales de manera fraudulenta. Aun en los procesos licitatorios, estas prácticas irregulares se gestan desde la etapa precontractual -por ejemplo, a través de las adecuaciones de los pliegos de condiciones-
Además, son frecuentes los casos en los que la contratación pública se ha prestado para crear prácticas clientelistas que generan ganancias a través de la malversación de recursos públicos y a su vez benefician a candidatos políticos que facilitan seguir en esta dinámica. Emblemático es el caso del carrusel de la contratación en Bogotá, que desfalcó al Estado por $2,2 billones.
La contratación estatal en esta lógica clientelar y perversa de asumir la gestión pública y la política lo que hace es desfalcar a la sociedad y al Estado como un todo. Esta práctica incluso afecta a quienes como funcionarios públicos o quienes prestan funciones públicas, cegados por intereses particulares, se habitúan a incrementar sus ingresos a través de actos de corrupción que aparentan ser “insignificantes”. Dinámicas que comienzan desde alcaldías locales -como las que se han denunciado en la actual administración-, que se multiplican y finalmente convierten al Estado en un ente mercantil desprovisto de toda garantía social y de derechos.
Mientras que, si se concibiera la contratación pública desde la gestión pública admirable, podría ser una de las herramientas más expeditas, vía recursos públicos, para garantizar los bienes públicos, para construir sociedad y para generar grandes obras con saldo pedagógico. Obras que podrían inspirar, facilitar, interconectar y garantizar los derechos de la ciudadanía si la contratación se realizara de manera admirable.
La gestión pública admirable es una forma de construir confianza hacia las instituciones y un compromiso de los servidores públicos con la gestión pública es que la contratación sea admirable y sin atajos. Cuando por vía de la contratación pública se filtra la corrupción, se afecta el bien común y se intensifican las inequidades. La contratación estatal no puede ser una herramienta de corrupción, sino una herramienta para garantizar derechos y bien-estar.
[1] Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Bogotá D. C. 2001-2004 “Bogotá para vivir todos del mismo lado”. Citado en: Ceballos & Martin (2004) BOGOTÁ: ANATOMÍA DE UNA TRANSFORMACIÓN Políticas de seguridad ciudadana 1995-2003.
