No hay derechos humanos, ¡no existen!, ¡ya tenemos dos compañeros muertos, Central! ¿estamos esperando a que nos acaben a todos acá?”. Estas frases, estos gritos desesperados de un suboficial de la Policía Nacional esta semana en San Vicente del Cagúan, nos deben hacer reaccionar como país. A la Policía no la podemos dejar sola.
El presidente Petro tuvo el gesto inicial de poner a un abogado experto en atacar judicialmente a la Policía, a liderarla desde el Ministerio de Defensa. Y en esto vamos. La moral de las fuerzas está baja. No hay liderazgo político se reacciona tarde y mal. Se dan mensajes confusos, y entre tanto, se premia al agresor y al delincuente.
El mensaje, repetido desde la campaña presidencial de Petro, que empezó con sangre desde 2019, y que terminó en su victoria, es que con los grupos criminales todo, con la Policía, nada. A las fuerzas armadas se les insulta, mientras con los criminales se negocia, se pacta y se tranza, a través de la misma familia presidencial.
Un caos que apenas empieza, pero que va a terminar muy mal.
Para la muestra ese botón. Petro escribe en Twitter, tan pronto se entera de los hechos ocurridos en el Caquetá, que ”ha ordenado detener los hechos de violencia”. ¿Le ordena a quién? ¿a la guardia indígena sobre la que no tiene autoridad? ¿al criminal que con un cuchillo se llevó la vida del subintendente Ricardo Arley Monroy, esposo, hijo y padre de 2 hijos pequeños?. Por supuesto que no. Si eso tuviera algún sentido, y sirviera para algo, todos los presidentes del planeta ordenarían detener el delito y la violencia, y viviríamos así, de repente, en un chasquido de dedos, en un paraíso. Pero no, naturalmente la orden, muy bien pensada por el tuitero presidente, se dirige, una vez más, a la fuerza pública. La renuncia explícita al monopolio de la fuerza del Estado.
Esta semana en el Concejo de Bogotá, y coincidencialmente el mismo día de esos hechos, tuvo lugar una acalorada discusión sobre ese tema. Concejales de partidos afines al gobierno Petro, insistieron en la aprobación de un Proyecto de Acuerdo que no solo excedía las competencias del Concejo, y generaba un claro costo fiscal, sino que daba, una vez más el mensaje equivocado: el único problema es la fuerza pública.
El proyecto establecía una redundante ruta de atención a víctimas. Hasta ahí, se trataba solo de un proyecto inane. Se crearía una más de las decenas de rutas de atención que ya existen, diseñadas por el gobierno distrital. Pero es que, en este caso, *el proyecto se había diseñado específicamente para dar un mensaje político: la policía por definición agrede al ciudadano.
Como Concejal del Centro Democrático ayudé a hundir esa iniciativa*, lo que afortunadamente se logró, a pesar de los chiflidos, insultos y amenazas de un grupo de personas que estaban en el recinto. Pero el mensaje quedó ahí: la policía sólo agrede, sólo ataca, sólo abusa. Y es que todos los Concejales entendemos que hay que seguir actuando, como se ha hecho, en la protección de los derechos humanos por parte de la fuerza pública. Es una tarea difícil en la que hay que persistir. Pero ¿cómo evitar que esa narrativa termine por acabar con la moral de quienes nos cuidan?, ¿cómo hacer que la ciudanía se entere que en Colombia están matando, persiguiendo, insultando y humillando todos los días a miles de mujeres y hombres, solamente por portar un uniforme y cumplir con su deber?.
La ONG Temblores denuncia que ocurren 1,3 casos diarios de actos de violencia policial en promedio. Es grave, no debe pasar y se debe investigar cada uno a fin de que no vuelvan a ocurrir, se castigue a los responsables individuales, y a su línea de mando, y se repare a tiempo. Pero ¿cómo ignorar que la misma cifra calculada para el caso de nuestros policías ascendió en 2021 a 13 casos diarios? ¡10 veces más! *Ese año, mataron 90 uniformados, e hirieron 4.656.
Desde mi curul pongo el tema, y le digo a ese policía anónimo que no está solo, que cuenta con un pueblo colombiano que lo apoya y lo defiende, y que la vida de ustedes sí vale mucho.
