La Fiscalía General de la Nación, imputó cargos a 33 personas, entre funcionarios y exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) por supuestas irregularidades en la contratación pública celebrada por Odebrecht en Colombia durante los años 2009 a 2016, específicamente en lo relacionado con el contrato de concesión de la Ruta del Sol II.
Al parecer, esas personas intervinieron en la suscripción de seis otrosíes de la concesión Ruta del Sol II SAS que habría favorecido al contratista.
- Luis Fernando Andrade Moreno, presidente de la ANI.
- Harbey Carrascal Quintero, asesor jurídico de la Gerencia de Gestión Contractual (contratista).
- Marcelo Enrique Cano del Castillo, ingeniero de apoyo técnico a la Supervisión (contratista).
- Alexandra Lozano Vergara, gerente de Gestión Contractual.
- José Andrés Torres Rodríguez, gerente de Proyectos Carretero 1.
- Beatriz Eugenia Morales Vélez, vicepresidente de Estructuración.
- Héctor Jaime Pinilla Ortiz, vicepresidente Jurídico.
- María Clara Garrido Garrido, vicepresidente Administrativa y Financiera.
- Camilo Mendoza Rozo, vicepresidencia de Gestión Contractual y vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno.
- Adriana del Pilar Saboyá López, asesora vicepresidencia de Gestión Contractual (contratista).
- Mónica Rocio Adarme Manosalva, asesora grado 8.
- Nohora Patricia Acero Pérez, asesora jurídica de Presidencia (contratista).
- Daniel Francisco Tenjo Suárez, gerente de Proyectos Carreteros.
- Yasmina del Carmen Corrales Paternina, ingeniera de apoyo a la supervisión – experto G3 7 (contratista).
- Andrés Figueredo Serpa, vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno – vicepresidente de Gestión Contractual.
- David Leonardo Montaño García, experto GGC2.
- Francisco Javier Forero Lozano, asesor financiero.
- Emerson Leonardo Durán Vargas, gerente Financiero VGC.
- Jorge Huertas Luna, asesor de riesgos.
- Mauricio Orlando Castro Castaño, gerente de Riesgos.
- Iván Mauricio Fierro Sánchez, vicepresidente de Estructuración (e).
- Luis Fernando Castaño Suárez, gestor T1-13.
- Juan Carlos Hernández Cerón, experto 3 – Grado 07.
- María Carolina Ardila Garzón, gerente de Proyecto de Riesgos.
- Édgar Chacón Hartmann, gerente de Proyectos – Gestión Contractual 2.
- Jaifer Blanco Ortega, gerente de Proyectos- delegado del presidente para comité de Asuntos Contractuales.
- Camilo Andrés Jaramillo Berrocal, vicepresidente de Estructuración.
- Sor Priscila Sánchez Sanabria, gerente de Proyectos – gestión Contractual 2.
- Beatriz Eugenia Lopera González, asesora Financiera (contratista).
- Poldy Paola Osorio Álvarez, gerente de Proyectos – Riesgo.
- Jenifer Bustamante Moreno, asesora de Riesgos (contratista).
- Diana Ximena Corredor Reyes, gerente de Proyectos – Financiero.
- Fernando Iregui Mejía, vicepresidente Jurídico.
¿Cómo se hacían los pago de sobornos?
La investigación de la Fiscalía estableció además que se pagaron dádivas a través de empresas ´offshore´ (ubicadas fuera del país donde se ejecutaba el proyecto y en paraísos fiscales). Utilizando para Colombia las empresas Klienfield Services Limited e Intercorp Logistics Ltda.
El manejo financiero fue gestionado a través de una Fiducia que coadyuvó a dar un manto de legalidad a los movimientos financieros ilegales adelantados.
Los peritos financieros de la Fiscalía advirtieron que para el manejo de los recursos se habría implementado y diseñado un procedimiento de seguridad que incluía dos sistemas. El primero conocido como ´MyWebDay´ con el cual se hacían las solicitudes, procesaban, rastreaban y justificaban los sobornos. Todo ´en la sombra´ del presupuesto original del proyecto. El segundo sistema es ´Drousys´, usado para las comunicaciones de los integrantes del consorcio, operadores financieros externos y los coasociados, usando para ello, correos electrónicos y mensajería instantánea. La confidencialidad era la regla para ocultar la identidad de los beneficiados de los pagos por eso se usaban nombres claves, códigos y contraseñas.
Los sobornos no eran registrados en los balances contables, pero sí eran enviados a compañías financieras en el exterior, luego y para distanciar el beneficiario de los sobornos, las transferencias se escalonaban hasta cuatro niveles, para ello contaban con empresas contratistas quienes a través de órdenes de pago o de servicios entregaban las dádivas pactadas. El soborno era cancelado en dinero en efectivo, transferencias electrónicas o mediante la compra de activos, como lo fue bienes inmuebles.
