En el país estamos en medio de una crisis de hacinamiento de personas privadas de la libertad – PPL en cárceles, Estaciones de Policía, Unidades de Reacción Inmediata – URI y Centros Transitorios de Reclusión. En algunos casos hay quienes están esperando a ser condenados o a que se defina el estado de sus situación jurídica.
Según cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC los 126 establecimientos carcelarios que hay en el país con capacidad para 81.381 PPL, tienen un hacinamiento del 21,67% con 17.601 personas adicionales. En Bogotá, hay 3 centros con 10.379 cupos y en estos momentos la sobreocupación general es del 18,6%. El que genera mayor preocupación es el “Buen Pastor” con un 46,1%.
En el caso de las Estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata que hay en la capital el hacinamiento es del 304%. Por ejemplo, las 5 Estaciones con mayor sobreocupación son: Usaquén (1.010%), Bosa (557%), Usme (415%), San Cristóbal (431%), Kennedy (371%) y Teusaquillo (248%). Cifras que motivaron que el Magistrado Jorge Enrique Ibañez de la Corte Constitucional decidiera visitar estos equipamientos con el propósito de verificar de primera mano el estado en el que viven las PPL.
La sentencia SU-122-22 sobre la extensión del estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario a las URI y estaciones hacinadas que tiene como hoja de ruta para combatir este problema debía pasar por dos fases: la transitoria y la definitiva.
En la primera, ordenó el traslado a sus casas o a centros carcelarios a: los condenados, a quienes un juez haya impuesto la medida de detención preventiva en el lugar de residencia y a quienes les haya sido concedida la prisión domiciliaria. También, ordenó a las entidades territoriales, que tienen Centros de Detención Transitoria, en máximo un año disponer de más lugares para quienes aún no han sido trasladados a una cárcel. La segunda, que tiene como fin cortar de raíz este tema ordenó que, en el plazo de 6 años, las entidades territoriales, deben construir cárceles y adecuar y mejorar la infraestructura para garantizar que la detención preventiva se cumpla en condiciones dignas.
La capacidad y voluntad del distrito para cumplir con el segundo punto es cuestionable. Aunque se han hecho intentos como la construcción de la Nueva Cárcel Distrital, este proceso va demasiado lento y supliría el déficit sólo en 2.200 cupos. Hay inconvenientes en la meta del proyecto “Mejoramiento y protección de derechos de la población privada de la libertad en Bogotá” relacionada con disminuir el hacinamiento cerró el año pasado con una ejecución de apenas el 57%.
Uno de los agravantes es que en 2023 los delitos de alto impacto siguen al alza, por ejemplo, el homicidio subió 20.1% y el hurto a automotores 4,6%. La alcaldesa reportó que en el marco de los siete comandos operativos se han capturado a más de 2.300 personas. En dónde se ubicará a los nuevos capturados o qué harán si cada vez hay más ladrones y asesinos en las calles. La seguridad no tiene un enfoque en la prevención del delito ni en la reacción efectiva, pareciera que ni siquiera se ha tenido un enfoque durante esta administración.
La propuesta del gobierno nacional para humanizar la política criminal y penitenciaria se ha centrado en la eliminación de delitos como la inasistencia alimentaria, el incesto, entre otros y en reducir las penas con el fin de evacuar los equipamientos se aleja de la realidad y desconoce que puede terminar en impunidad. Además, porque los principales delitos por los que hay personas privadas de la libertad son el hurto, el homicidio y el concierto para delinquir.
El hacinamiento se ha convertido en el escenario perfecto para que al interior de los equipamientos de justicia las dinámicas sean más violentas, por ejemplo, es común ver que hay conflictos, riñas, actuaciones de bandas de crimen organizado, linchamientos y hasta asesinatos.
Para enfrentar el problema del hacinamiento carcelario en Colombia y Bogotá, es necesario tomar medidas integrales que incluyan la construcción de nuevas cárceles, la implementación de programas de prevención del delito y la reducción de la violencia, así como la reforma del sistema judicial para acelerar los procesos judiciales, reducir la cantidad de personas en prisión preventiva y evitar la impunidad.
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