La cifra por sí sola genera incertidumbre: 746 mil personas quedarían en riesgo de perder el empleo si la reforma laboral que plantea el gobierno, no tiene un viraje en su concepción. Así se desprende de un informe del Banco de la República que entre otras variables advierte del impacto negativo de la propuesta que ya fue anunciada por el gobierno nacional para ser radicada nuevamente en el Congreso de la República.
“El escenario de medio impacto sugiere que los costos laborales aumentarían como consecuencia de la propuesta en 6,73%, cuando se consideran solo los aumentos por los costos laborales de las empresas y no por indemnizaciones (1,59% adicionales)”, expresa en uno de los apartes el documento que si bien fue objeto de críticas y -un tanto deslegitimación-; es producto del análisis riguroso de una de las instituciones referentes para la economía nacional.
Al hacer un recorrido ponderado y equilibrado por los diferentes conceptos que dejó el primer paso fallido de la reforma por su discusión en el Congreso, fueron más los peros de voces autorizadas que las bondades que se resaltaron del articulado que finalmente se hundió.
El proyecto no cumplía con los propósitos de reducción de los índices de empleo e informalidad, y no actualiza el sistema legal a la realidad del mercado laboral. Varios artículos como por ejemplo el 7 de la ponencia se desligaba de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia al equipar el despido a una sanción disciplinaria, teniendo en cuenta que el despidió no es una sanción y no se debe realizar un proceso de descargos.
En otros como el 8 se dejaban vacíos jurídicos pues no se entendía si para el fuero de estabilidad se debe requerir de autorización o no del Ministerio de Trabajo.
Y en este contexto de serias amenazas para la seguridad jurídica de los empresarios aparecía lo que el artículo 15 de la ponencia refería sobre la igualdad de derechos y condiciones laborales de los trabajadores. Este artículo perjudicaba a las empresas y empleadores toda vez que se presentaría un aumento en los costos salariales, las nóminas de las empresas públicas se encarecerían dado que los recursos públicos se disminuirían.
El primer intento de reforma acababa en principio la esencia de las empresas de servicios temporales, pues los empleados de dichas empresas también devengarían todas las prestaciones extralegales que actualmente no están incluidas en los pagos de sus nóminas, aumentando así los costos. Esta figura quedaría condenada a desaparecer.
Y así una decena de artículos más que como aún lo advierte el Consejo Gremial Nacional están en una intención de reforma que “genera un desequilibrio en las relaciones laborales colectivas y no protege la libertad de empresa como motor de la economía, generador de empleo formal y eje de la transformación social”.
El ambiento macro económico que transita el país es ya riesgoso. La Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (EMMET)* para abril de 2023 dejaba frente a abril de 2022, que la producción real de la industria manufacturera tuvo una variación de -6,4%, las ventas reales de -7,7% y el personal ocupado creciendo sólo el 0,7%
La caída en la demanda, los efectos de la reforma tributaria, los costos de transporte y materias primas entre las causas de estas noticias no tan buenas. ¿Es la reforma laboral como propone el gobierno pertinente, prudente, viable, pero ante todo garantista? A la luz de los argumentos más dudas que certezas. Esperemos que los nuevos vientos de esta segunda legislatura hayan modificado el pensamiento del gobierno nacional frente a los alcances de sus posturas reformistas en lo laboral.
