Esta semana denunciamos que el ex gobernador de Boyacá, Carlos Amaya favoreció a un círculo íntimo con millonarios contratos que terminaron en hallazgos fiscales, detrimento patrimonial e investigaciones disciplinarias.
Los beneficiarios de más de 167 mil millones son los hermanos José Antonio y David Felipe Peña Villalobos, oriundos de Villavicencio, quienes organizaron un esquema de contratación en el que participaron con personas cercanas y resultaron ganadores de tres jugosas licitaciones para obras viales en Boyacá con sobre costos, retrasos y múltiples irregularidades.
Los hermanos Peña Villalobos conocen a Carlos Amaya por lo menos desde el año 2015, cuando se desarrollaba su campaña a la Gobernación de Boyacá. A su vez los hermanos Peña son íntimos amigos de Jaime Flórez (también oriundo de Villavicencio), pupilo político e íntimo amigo de Carlos Amaya.
En este esquema cinco empresas distintas de Villavicencio y Bogotá participaron a través de 3 consorcios en por lo menos tres procesos licitatorios en los que resultaron ganadores de 3 contratos en 2017, 2018 y 2019.
Las direcciones comerciales de los 3 consorcios conformados y de 2 empresas participantes son exactamente las mismas, y los representantes legales de los consorcios y las 5 empresas participantes son los mismos: los Peña Villalobos y sus socios los Ramírez Duarte.
Además, el interventor que se elige en procesos licitatorios independientes (y quien es el encargado de vigilar el cumplimiento integral de los contratos) es el mismo para 2 de 3 contratos, y ya había trabajado antes en el Meta con los socios de los Peña.
Durante el desarrollo de los procesos licitatorios sucedieron hechos particulares que generan enormes dudas sobre la transparencia de la licitación y demuestran el posible direccionamiento de estos contratos para favorecer a los hermanos Peña. Veamos:
En primer lugar, en el proceso licitatorio del 2017 solo se presentaron 3 oferentes, 2 experimentados contratistas del Estado y el consorcio de los Peña. En esa licitación dio la extraña casualidad que los experimentados contratistas dejaron de presentar exactamente los mismos documentos durante la licitación y quedaron automáticamente rechazados.
En segundo lugar, el INVIAS alertó que en la licitación de 2018 la Gobernación de Boyacá modificó el pliego de condiciones limitando la competencia justa en el proceso licitatorio.
El resultado de todos estos hechos irregulares es absolutamente contundente: Amaya tiene una investigación disciplinaria abierta en la procuraduría por presuntas irregularidades en la etapa precontractual y contractual del contrato del 2017.
El interventor y la secretaria de Hacienda de Carlos Amaya tienen un proceso de responsabilidad fiscal abierto por presunto detrimento patrimonial por el contrato de 2017.
El contrato de 2018 ha tenido 10 prórrogas que han significado adiciones presupuestales por $31 mil millones, retrasos que además han representado protestas de los trabajadores de obra alegando retraso en el pago de acreedores y de salarios; y una acción popular interpuesta por el retraso en las obras.
A la luz de todos estos hechos no podemos aceptar que Carlos Amaya sea candidato a la alcaldía de Bogotá o a cualquier otro cargo de elección popular por el Partido Verde.
La cultura del atajo es la antípoda del Partido Verde que fundamos con Mockus. Nuestro partido promueve el No Todo Vale, la coherencia entre medios y fines, los recursos públicos como recursos sagrados.
Es el momento de que como partido volvamos a generar confianza y demos ejemplo de política digna en nuestro país.
