A principios de la década de los 80 del siglo XX, se entablaron diálogos bilaterales entre el gobierno nacional en cabeza del entonces presidente Belisario Betancur (QEPD) con las guerrillas de las FARC, el EPL, el M-19 y el grupo Autodefensa Obrera-ADO, que por diversas consideraciones lamentablemente no llegaron a feliz término. Posteriormente, ya a finales de esa misma década, durante el gobierno del entonces presidente Virgilio Barco V (QEPD), se adelantaron diálogos multilaterales y simultáneos con todos los grupos insurgentes de la época; el gobierno abrió varios procesos de diálogo que condujeron a principios de los 90 a la dejación de armas del Movimiento 19 de abril-M-19. Estos diálogos continuaron en el gobierno de Cesar Gaviria, y condujeron a la dejación de armas de la mayoría de E.P.L., del P.R.T., el Quintín Lame, las Milicias Urbanas de Medellín. En todas esas negociaciones primaron los acuerdos alrededor de las garantías para convertirse en grupos políticos legales; la apertura democrática en donde la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente fue fundamental y por supuesto la reincorporación de excombatientes que, aunque débil, acompañó de forma empírica e improvisada la nueva vida de cientos de excombatientes. Posteriormente en 1993, se concretó la firma de un acuerdo de paz con la Corriente de Renovación Socialista – CRS, una escisión del ELN. Procesos que a pesar de las estrategias de extermino contra excombatientes firmantes de los acuerdos, se señalan como exitosos.
La construcción de la paz integral o la paz total, ha ocupado constantemente la agenda social y política de la sociedad civil colombiana, que se ha manifestado con fuerza en las últimas tres décadas. Procesos de coordinación, de convocatoria amplia, de estructuración de organizaciones territoriales, sectoriales y temáticas, han concitado en mayor o menor medida la voluntad de múltiples expresiones de la sociedad. Redes, plataformas, procesos asamblearios, iniciativas de resistencia ciudadana, procesos de participación y territorialidad para la paz, mesas de coordinación, redes y organizaciones de mujeres, convergencias en defensa de la paz, campañas, eventos, movilizaciones, etc., han marcado el dinamismo y el compromiso social por la paz en Colombia.
En las últimas dos décadas se avanzó en el proceso de paz parcial, primero con las llamadas AUC y luego en la firma del acuerdo paz con la mayoría de las FARC-EP. En todos los procesos se instaló un modelo bilateral de negociación, donde participaron élites políticas y militares de ambos bandos enfrentados (Gobierno del Estado colombiano-Grupo armado), con agendas pactadas desde las mesas exploratorias, con algunos escenarios de participación de la sociedad poco decisorios y menos aún vinculantes, proceso de negociación que evidentemente en al menos alguno de los momentos conducentes a un acuerdo, remplazaron la institucionalidad estatal, definiendo de forma vertical e impositiva, a partir de la concertación bilateral de acuerdos en relación con la agenda temática, el futuro de la sociedad colombiana, su forma de gobierno, su estructura política y la aplicación de justicia. Este modelo, que en el caso del proceso con las Farc-Ep y debido a su reconocimiento como grupo armado de carácter político, abordó algunas de las múltiples causas objetivas y subjetivas de la génesis del conflicto armado, no logró desatar un abordaje complejo y sistémico profundo que posibilitara y concitara la participación ciudadana amplia, no conquistó la legitimidad que produce el reconocimiento y la amplia refrendación social mayoritaria, como se evidenció en los resultados del plebiscito realizado el 2 de octubre de 2016 , donde más allá del resultado tan reñido a favor del No (50,21%), evidenció posiblemente un amplio desconocimiento y desacuerdo ciudadano con lo pactado, haciendo imposible que este acuerdo se convirtiera en un pacto definitivo que le pusiera fin a la violencia armada, al menos con esa expresión guerrillera, lo cual, unido a los posteriores incumplimientos del Estado y las decisiones de retornar a la lucha armada de algunos de sus líderes, reprodujo el conflicto armado aunque con evidente menor intensidad y victimización.
La decisión mayoritaria del pueblo colombiano, expresada en las elecciones presidenciales del 29 de mayo de 2022, de respaldar con un 50,47% de favorabilidad las propuestas de gobierno del hoy Presidente Gustavo Petro y la Vicepresidenta Francia Márquez, dentro de las cuales se propuso ponerle fin por medios pacíficos y negociados a la violencia política armada, a las violencias ligadas a las delincuencias, superar las violencias de Estado, las violencias cotidianas entre la sociedad, y las violencias contra el medio ambiente y la vida de otros seres sobre el planeta, ligada a las transformaciones que requiere nuestro país, en relación con la política capitalista neoliberal, la corrupción, el narcotráfico y la pobreza, aunque demostraron nuevamente lo poco atractivas que resultan ser para un porcentaje importante de compatriotas las elecciones, pues la abstención llegó al 46,07%, requieren, hoy más que nunca -y tal vez también por ese motivo-, del fortalecimiento de espacios y mecanismos de diálogo ciudadano, con capacidad para asumir los retos de consensuar, negociar y acordar planes de vida y reconciliación territoriales que conformen un gran pacto nacional, atados a la incidencia y decisión en los diferentes espacios o mesas de diálogos que se abren camino, para solucionar las múltiples conflictividades violentas que nos afectan.
Se inician vías de diálogos buscando de forma simultánea la superación del conflicto político armado y el acogimiento a la justicia, se anuncian espacios de diálogo para la superación de conflictos sociales y políticos represados durante decenas de años, se adelantó con dificultades en relación con la real participación popular, la construcción vinculante del Plan Nacional de Desarrollo, se abren caminos de diálogo y concertación para estructurar una nueva política en materia laboral, tributaria, de salud, rural, y seguridad, etc. Todo esto requiere de la instalación de diversos escenarios de diálogo que conciten una amplia representación y participación de la sociedad en todas sus expresiones y en todos los territorios, en especial en aquellos territorios afectados con mayor intensidad por los subconflictos armados. Escenarios que deben mantenerse intercomunicados para que la complejidad de las causas y las soluciones que se construyan, dialoguen y se comuniquen permanentemente cimentando soluciones holísticas y legítimas, lo que hace necesario el diseño más o menos estructurado, de una ruta expedita, con metodologías y temáticas complejas, sistémicas, pertinentes e incidentes, que den respuestas al reto de avanzar hacia la Paz Integral y el cierre el ciclo de violencias armadas, pactando la Paz Total, definitiva, estable y duradera.
