La transformación del Conflicto Armado Interno -CAI, que afecta e involucra a toda la sociedad, requiere identificar sus componentes temáticos y explorar rutas que permitan ampliar los abordajes bidireccionales de negociación y transformación, que se enfocan principalmente en reparar consecuencias o expresiones del conflicto, y hacer un mayor esfuerzo en relación con transformaciones de las causas e interacciones estructurales que lo motivan. Las mesas de diálogo bilaterales entre el Gobierno Nacional y los grupos armados, no pueden definir unilateralmente el rumbo de la sociedad y la institucionalidad, colocando en interinidad, tanto al poder del constituyente primario[1], como a las ramas del poder público. Lo que se requiere es que sea la sociedad a través de diversos escenarios de diálogo, la que construya acuerdos preferiblemente consensuados, que serán entregados en calidad de propuestas-mandatos-planes a las mesas de diálogo con las estructuras armadas.
El análisis del CAI da cuenta de una serie de causalidades que se pueden agrupar en componentes temáticos no excluyentes, y que se expresan de forma diferenciada en escenarios territoriales, alrededor de los cuáles se pueden establecer mesas de diálogo sociales y mesas de negociación con los grupos armados no estatales, para lograr acuerdos y construir planes territoriales y un Plan Nacional de Paz y Reconciliación.
Desarrollo Humano: a) Reforma rural, tenencia de la tierra y el territorio, productividad, monocultivos y soberanía alimentaria; b) Generación de ingresos, proyectos económicos, desarrollo empresarial, economía solidaria y popular, manufacturas, etc; c) Democracia participativa, protesta social y soberanía popular, reforma política y reforma electoral, lucha contra la corrupción, el clientelismo, el tráfico de influencias; d) Cultura, soberanía, autonomía y gobierno propio de los pueblos y comunidades étnicas; e) Garantías a la vida y a las organizaciones sociales, Derechos Humanos, derechos de la mujer, niñas, niños y adolescentes, derechos de la población LGBTIQ+, derechos de la población con discapacidad, seguridad humana, integración social y el buen vivir; f) Derechos laborales y pensionales, cobertura en salud, educación, agua potable, energía eléctrica, TIC, etc.
Paz con el planeta: a) Cuidado de la tierra y el agua, páramos, bosques, selvas y aire, calentamiento global; b) Cuidado y protección de la economía popular. Sustitución/aprovechamiento de cultivos de coca con fines ilícitos; b) Minería tradicional, proyectos mineros extractivos; c) Macroproyectos de alto impacto, vías, puertos, ferrocarriles, aeropuertos, represas.
Cultura de paz y noviolencia: a) Desarme ciudadano, prohibición de porte y tenencia de armas por parte de civiles, monopolio estatal de armas y municiones; b) Reparación integral e inclusión social y económica de víctimas del conflicto armado, verdad, justica y no repetición; c) Cultura de paz, convivencia ciudadana y reconciliación, justicia restaurativa y jueces de paz, guardias indígenas, cimarronas y campesinas; d) Pertinencia educativa, cátedra de paz en la escuela, valores ciudadanos e historia; e) Nueva doctrina para la policía y las FFAA, restructuración de la policía, futuro del ESMAD.
Desmovilización, dejación de armas y reincorporación; a) Justicia transicional, desmovilización, desarme y compromiso de norepetición; b) Garantías políticas y de seguridad a los firmantes de los acuerdos; c) Reincorporación económica y social, no estigmatización y comunidades de acogida; d) Narcotráfico, lavado de activos, tráfico de personas, explotación y turismo sexual, tráfico ilícito de armas y municiones.
Según la JEP[2] el Conflicto Armado se reactivó en Montes de María; Sur de Bolívar; Occidente antioqueño; Sur de Chocó y bajo Calima; Medio y bajo Atrato; Norte del Cauca y sur de Valle del Cauca; Pacífico nariñense y sur de Cauca; Catatumbo; Caguán, Yarí, Ariari y Bajo Putumayo; Sabana y piedemonte araucano; Nordeste antioqueño y Bajo Cauca; Urabá antioqueño y sur de Córdoba (alto y bajo Sinú), y según el monitoreo de REDEPAZ, también en el Oriente Antioqueño, lo que obliga a establecer procesos de diálogo social, adicionando a los escenarios, algunas ciudades que aparecen referenciadas por sus altos índices de violencia o por ser estratégicas para la logística del CAI, como Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Santa Marta, Quibdó, Arauca, Valledupar, Montería, Ocaña, Buenaventura, Tibú, Tumaco, Apartadó, Barrancabermeja, Caucasia, Aguachica y por supuesto Bogotá D.C., entre otras. De otro lado, y en correspondencia con delitos internacionales y narcotráfico será necesario instalar conferencias internacionales, teniendo en cuenta los TLC y demás tratados que el Estado colombiano ha firmado.
Para que la Paz Total sea posible, los acuerdos pactados deben ser reconocidos por todos y cada uno de los espacios de diálogo establecidos, en todos los temas y a todos los niveles, de tal manera que el proceso en su desarrollo y aplicación temprana, vaya construyendo la legitimidad y el respaldo de toda la sociedad.
Nota: Muy importantes los avances que se lograron en la Mesa de Negociaciones del Gobierno Nacional y el ELN en México. Habrá que hacer un gran esfuerzo colectivo para que lo allí expresado avance hacia un abordaje integral. No olviden que la sociedad civil ha solicitado que la Mesa se traslade a Colombia.
Luis Emil Sanabria D.
[1] Artículo 3º de la CPN. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece.
[2] La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, creado por el acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las Farc-Ep, bajo el Acto Legislativo 01 de 2017.
