En esta oportunidad, el turno de decir la verdad, su verdad, fue para Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, excomandante paramilitar del desmovilizado Bloque Central Bolívar de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia – AUC, que tuvo su radio de acción en trece departamentos del país, siendo su base principal de operaciones, el Sur de Bolívar y Santander, influenciando también con sus estructuras criminales a los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá, Huila, Meta, Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Risaralda y Vichada. Al lado de Macaco, también estuvieron comandando esta máquina de terror y despojo, Rodrigo Pérez Alzate o Julián Bolívar, e Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez.
Ha dicho el Sr. Macaco como parte de su relato, que él ayudó a fundar y comandó la estructura armada de carácter contrainsurgente conocida como Bloque Central Bolívar-BCB, y allí empiezan las dudas sobre parte de su versión, que puede tener efectivamente muchos elementos de verdad operativa, pero que deja cuestionamientos profundos sobre la verdad política y económica. Si algo caracterizó al llamado BCB fue haber convertido en víctimas a más de 30 mil personas, la mayoría campesinos y campesinas, líderes y lideresas sociales, sindicalistas, comunales, pescadores y pescadoras, pequeños mineros artesanales, etc., con la intención clara de apoderarse de sus tierras, de las minas, de las ciénagas y ríos, de sus organizaciones, de su medio de subsistencia y de las pocas empresas públicas locales prestadoras de servicios básicos, abriendo el camino a la privatización, y cumpliendo su labor de punta de lanza de la llamada contra reforma agraria.
Las víctimas de más de 80 municipios, señalan al BCB de ser uno de los mayores despojadores de tierras, de promover el cultivo de coca para uso ilícito en la producción, tráfico y comercialización de cocaína, y en el lavado de activos. Las comunidades, también señalan a las llamadas “Autodefensas” del BCB, de ser socios estratégicos de clanes locales que se apoderaron de la gobernabilidad local, para enriquecerse apropiándose del presupuesto de alcaldías y gobernaciones. Muy poco se conoció, de lo que el Sr. Jiménez llama, experiencias productivas, que pueden servir de ejemplo para un programa de sustitución de cultivos de uso ilícito.
Seguramente el compromiso del excomandante macaco, con la paz y la reconciliación, es real y muestra la ruta que, otros deberían seguir para alcanzar la reconciliación nacional; sin embargo, este camino delicado, requiere la construcción de todas las verdades, tanto operativas en términos de acciones y reconocimiento de su papel belicoso directo, como las verdades políticas y las alianzas con sectores vinculados al aparato de justicia, que podemos catalogar como su verdadero papel, buscando imponer una ideología estrechamente ligada a expresiones militaristas o neofascistas, que hoy , al parecer, se reencauchan bajo lemas electorales como “privaticemos la seguridad”, “armémonos”, “rescatemos el país”.
Es necesario que, el compromiso con la verdad manifestado, también permita develar las alianzas y estrategias -propuestas inclusive por la dirigencia política, económica y judicial local y nacional-, establecidas en el país y en las regiones en donde las tropas operaron, y del interés en mantener u obtener privilegios que, convirtieron a los gobiernos y al Estado, en un botín familiar que les enriqueció, muchos de ellos seguramente activos en alguna de las ramas del poder público.
Vienen a mi memoria, los relatos de las víctimas del corregimiento de Riachuelo, en el municipio de Charalá-Santander, donde el BCB instaló uno de sus centros de operaciones, con la complicidad de la dirigencia política y económica regional. Muchas de sus mujeres y hombres, la mayoría menores de edad, fueron violadas y violados, atándoles desnudos a los árboles de la plaza central, con el pretexto del “escarmiento”, esclavizados, confinados, reclutados, entregados como trofeos de guerra a los comandantes para satisfacer sus más bajos instintos sexuales.
Entre llantos y fortaleza, todavía las víctimas y la comunidad de los municipios de la provincia de San Gil, recuerdan los rituales de la muerte en el Salto del Ángel, los llamados reinados juveniles escolares en los que se feriaba la “virginidad” de niñas y niños, el reclutamiento de menores llevados a los frentes de guerra como “compañía”, hechos que se repitieron en muchos de los centros poblados en donde estuvieron acantonadas las tropas del BCB, infringiendo el Derecho Internacional Humanitario y cometiendo graves delitos contra la dignidad humana. ¿Quiénes fueron los socios, tanto políticos, económicos como militares? ¿Quiénes tenían intereses en despojar a los campesinos de esas hermosas tierras? ¿porqué victimizar a los más empobrecidos y excluidos?
Además de responder a las preguntas de la ciudadanía, será necesario que, esta primera versión se acompañe, como todas y todos esperamos, de otros relatos, con sus respectivas pruebas que le respalden. Necesitamos saber, señores excomandantes de las AUC, quiénes dieron la orden. Colombia necesita saber quiénes azuzaron para que, tomaran la decisión de atentar físicamente contra el senador Iván Cepeda, contra el hoy canciller Álvaro Leyva Durán, y contra el actual presidente de la república Gustavo Petro.
Necesitamos conocer, quiénes planearon destruir la oposición política y los anhelos de paz de Colombia. Se escuchan nombres repetidamente vinculados a sus versiones, y a otros capítulos de corrupción y uso indebido del derecho, y sobre los cuales pesa un manto de duda, como el nombre del tristemente célebre exfiscal Néstor Humberto Martínez, que seguramente, la Jurisdicción Especial de Paz- JEP y la justicia ordinaria investigarán. Colombia sabrá reponerse de tanta infamia, pero para lograrlo, se requiere que nunca más se repitan estos hechos, y que la verdad total, sin cálculos políticos o judiciales, sea construida.
Las víctimas y la sociedad colombiana, que no se repone todavía de tanto dolor causado por las AUC y otros actores armados, y que aún hoy sobrevive a la sevicia con la que actúan los grupos que heredaron la doctrina paramilitar; las gentes de todos los sectores sociales, que sobreviven a los ataques de los grupos, que bajo la llamada lucha armada insurgente, asesinan, desplazan, confinan, extorsionan o secuestran, esperamos que su voluntad de paz, nos ayude a encontrar los caminos que nos conduzcan a instalar prontamente las mesas de diálogo socio-jurídico con expresiones armadas como el Clan del Golfo, y que su gestoría, sea productiva en términos de apoyar la construcción de la verdad, la reconciliación y la reparación integral a las víctimas, para que la Paz Total e Integral sea pronto una realidad.
