Juan Luis Castro
Esta semana se ha puesto ante los ojos de la opinión pública el pleito que enfrenta a EPM con el consorcio diseñador y constructor de la represa de Hidroituango, caso que pudo convertirse en un ejemplo más de privatización de ganancias y socialización de pérdidas en un negocio multibillonario, pero no señor al césar lo que es del césar.
Con suficiencia los voceros de EPM han dejado claras las razones que motivan la demanda por cerca de 10 billones de pesos contra la firma interventora, las aseguradoras y el consorcio que diseñó y construyó el proyecto Hidroituango, dentro de las que se destaca la negligencia por parte de estos actores.
Enhorabuena aparece esta demanda que no es más que un acto en defensa tanto del erario como de la estabilidad de una de las empresas públicas más grandes de Colombia. Sin la presentación de esta acción legal, EPM sería susceptible de ser demandada por el consorcio y la responsable de pagar por errores que no son su responsabilidad, además de reparar las afectaciones que por poco secan el segundo río más importante del país
En el estado actual de la economía y con la recuperación de los bolsillos de la ciudadanía aún bajo un manto de incertidumbre, asumir una deuda de 10 billones de pesos sería un golpe al hígado para EPM, para el departamento de Antioquia y para toda Colombia.
El presupuesto de la Nación, ya golpeado por la pandemia, tendría que encontrar la forma de conseguir tal suma, pero como lo demuestran los similares casos del pasado, este monto lo pagaríamos todos los colombianos, los que contamos con un ingreso estable y significativo, y lo que es verdaderamente dramático, los que tienen precarios ingresos y a duras penas llegan a fin de mes con su salario.
Muchos en principio estamos de acuerdo con la determinación del Alcalde Quintero, sin embargo, hay elementos dentro del proceso que generan dudas y que podrían poner a tambalear la estabilidad de esta empresa orgullo de los antioqueños. Si no se realizan los ajustes necesarios, a Quintero el tiro le puede salir por la culata.
Que el alcalde Quintero, quien es también presidente de la junta directiva de EPM, haya pasado por alto el concepto de los demás miembros que la conforman es un evidente desconocimiento de los códigos del gobierno corporativo, con todo y que el staff ejecutivo y el gerente le hayan respaldado públicamente.
Este remezón en la junta directiva de EPM ha lastimado notablemente la confianza de los inversionistas y la percepción de las calificadoras de riesgo. Es necesario tener en cuenta que hace aproximadamente un mes EPM hizo emisión de bonos internacionales por un valor cercano a los 750 millones de dólares, con el compromiso explícito con los inversionistas de respetar el gobierno corporativo de la empresa.
El incumplimiento de los prospectos de emisión y la posible baja en la calificación de la empresa por parte de las calificadoras de riesgo podría traducirse en sobrecostos financieros para EPM de cerca de 2 billones de pesos.
La posible pérdida del grado de inversión seria al mismo tiempo el incumplimiento de los compromisos financieros que EPM tiene con sus deudas, escenario que ya puso en alerta a la banca nacional pues, según el análisis del excandidato a la alcaldía de Medellín Juan David Valderrama, Davivienda, Itau y Bancolombia ya oficializaron a la empresa la suspensión de los cupos de crédito aprobados y el no desembolso aquellos que estaban listos. (Pueden leer todo el análisis aquí: https://twitter.com/JDValde/status/1294303667542282241)
Me cuesta creer que el alcalde Daniel Quintero ignoró los efectos colaterales que causaría su proceder, y me cuesta aún más creer que conociéndolos no actuó con la prudencia suficiente para garantizar la menor afectación posible para EPM y para el capital de los antioqueños.
La defensa de los recursos públicos está siempre por encima de cualquier consideración, no obstante, también debe cuidarse la forma para evitar efectos no deseados y que estos sean utilizados como bandera para el ataque político.
Aprovecho este espacio para unirme a las voces de mis compañeros los senadores Rodrigo Lara de Cambio Radical y Juan Diego Gómez del Partido Conservador, quienes han hecho un llamado para no perder de vista que la defensa del patrimonio público no debe responder a una bandera política y mucho menos a una pretensión electoral. A ello quiero agregar que es deber de todos los funcionarios públicos actuar en defensa del capital y el bienestar de toda la nación, y sé que para el caso la cooperación interpartidista trabajará en este sentido.
Esta discusión también ha puesto sobre la mesa la notable molestia por parte del gran empresariado y los ultramillonarios de la región y el país con este tipo de acciones, pues reconocen en esta determinación que en el futuro pueden ser objeto de una acción similar, de ahí el divorcio inmediato con el Alcalde.
Enviaré al alcalde Daniel Quintero una carta pidiendo que acepte reunirse con toda la bancada antioqueña para explicarnos los pormenores de este proceso y para juntos encontrar la manera de cooperar en la defensa de EPM y para evitar que sean los ciudadanos quienes asuman la responsabilidad por la lamentable tragedia ambiental que causó el proyecto Hidroituango.
De tener que pagar la suma aproximada de 10 billones de pesos, las colombianas y colombianos podríamos enfrentarnos a un nuevo embate en favor de otra reforma tributaria, que si tenemos en cuenta el comportamiento de la actual cartera de gasto público será a todas luces regresiva y castigará el bolsillo de la ciudadanía y el pequeño y mediano empresariado.
De no ser así y de poder contar con ese dinero, el sistema de salud podría garantizar atención de cuidado intensivo a la misma cantidad de personas que llenarían 9 estadios como el Atanasio Girardot.
Esperemos que de ser necesario el hipotético recaudo, este sea destinado a las causas justas y no a los bolsillos de unos privados. Yo confío en que la justicia sabrá otorgarle Al César lo que es del César.
