La norma aprobada en 2011 durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, vencía en el año 2021, por lo que era necesario prorrogarle para que el Estado pueda cumplir con quienes han realizado el registro y a la fecha no les ha sido posible recibir este beneficio.
Al respeto, el senador Roy Barreras aseguró que era indispensable una década más para que los gobiernos se comprometan en lo que él denomina como “la más ambiciosa reparación a víctimas que ningún Estado en conflicto, había asumido”.
“Hago énfasis en la restitución de tierras con la que miles de campesinos despojados a sangre y fuego, hoy tienen derecho de recuperar su parcela y los están revictimizando. Poderes enquistados en las regiones, grupos sucesores del paramilitarismo y muchos de los llamados compradores de buena fe, que están articulados con el viejo paramilitarismo, están de nuevo intimidándolos, por lo que se requiere de nuevo esta prórroga y el compromiso del Estado y del Gobierno en hacer cumplir estos procesos”, agregó.
El director de la Unidad de Víctimas Ramón Rodríguez por su parte, recibió con beneplácito la decisión de Cámara y Senado de votar a favor el texto de conciliación, que ahora pasa a sanción presidencial.
