El precandidato presidencial por la Alianza Verde, Camilo Romero, radicó en las últimas horas una solicitud a la Corte Suprema de Justicia para que se revisen y corrijan las actuaciones irregulares en el caso que afronta ante ese alto tribunal.
A través de una carta de cinco páginas, Romero aseguró que en su proceso que se lleva en la Sala Especial de Primera Instancia, de la que hace parte el magistrado ponente Ariel Augusto Torres, se han cometido desde excesos hasta irregularidades que violan sus derechos y amenazan la imparcialidad que debe tener la Administración de justicia.
En ese sentido, Romero le pidió respetuosamente a la Corte en pleno que analice lo sucedido y se adopten decisiones que permitan salvaguardar sus garantías procesales.
En el documento, el precandidato presidencial dejó en claro que este proceso, relacionado con la venta de 80 mil cajas de aguardiente en 2016 durante su periodo como Gobernador de Nariño, adolece de elementos contundentes en su contra al enfatizar que no se perdió ni un peso, es decir, que todo el dinero de la venta entró a la Gobernación tal como lo certificó la Contraloría y que se aplicó el mismo procedimiento que venía siendo empleado por el departamento durante 12 años.
Romero denuncia múltiples irregularidades
Entre las inconsistencias y violaciones que Romero cita en la misiva dirigida a la Corte, se encuentran episodios como la dilación de más de tres años por parte de la Fiscalía al proceso para que coincida con la actual coyuntura electoral.
Por ejemplo, denunció que la Fiscalía presentó el 18 de septiembre de 2019 una adición al texto de acusación inicial para solicitar la inclusión de un celular como supuesta prueba reina, pese a que el 19 de junio, es decir, tres meses antes, tenía un dictamen pericial que daba cuenta de que el equipo móvil no contenía ninguna información.
Relató también cómo la Fiscalía no descubrió oportunamente las pruebas y entregó, a última hora, volúmenes de información exorbitantes y técnicamente imposibles de revisar.
Precisó a su vez que la recolección de la información por parte de la Fiscalía se realizó de manera irregular, faltando al debido proceso y pasando por alto los protocolos de la cadena de custodia. Esto, subrayó, equivale a que en la escena de un crimen el investigador tome el arma con la mano.
De igual forma, afirmó que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia no sólo no hizo reparo alguno al engaño con el equipo móvil por parte de la Fiscalía, sino que no ha brindado plenas garantías para ejercer el legítimo derecho a la defensa.
En particular, cuestionó a ese despacho de la Corte por la negación del 45% de las solicitudes probatorias para su defensa, versus la aprobación del 98,4% de las solicitudes probatorias que hizo la Fiscalía General de la Nación, situación que va en contra del principio de igual de armas y del derecho a la defensa y la contradicción.
Finalmente, Romero anunció que está evaluando la posibilidad de acudir a otras instancias en el escenario internacional para que exista un acompañamiento que sea garante de que su proceso se resuelva en apego al derecho y no bajo presiones externas de carácter político en torno a las elecciones presidenciales de 2022.
