Desde que estoy en este mundo Colombia siempre ha tenido semanas espantosas. Sin embargo, la que pasó es de las peores porque combina situaciones distintas, una peor que otra, todas confabuladas para destruir el Estado.
Informe de la CIDH es para el mundo un texto impecable, para Duque no.
El presidente subalterno rechaza el informe diciendo lo que no dice el texto. Mala lectura o declaraciones basadas en el correo de voz de un funcionario a otro según sea su grado de fanatismo y según lo que Uribe, Fenalco y Fedegán quieran inventar y desvirtuar.
El informe es tan serio que Estados Unidos salió de inmediato a respaldarlo y a poner en el congelador la ayuda a la policía. Tan serio que hasta senadores republicanos como Marcos Rubio, radical trumpista, lo apoya y pide al gobierno de Biden tomar posiciones contundentes. Tan serio que analistas y ONGs nacionales e internacionales lo acogen integralmente.
A mí me encantó porque pone en evidencia el desarreglo institucional y las infamias contra los que protestan con justicia. El estado social de derecho, el modelo económico, la descentralización, el sistema político y la policía están reventados pues son inútiles para entender y responder a una sociedad diversa que clama equidad y oportunidades, que quiere reconstruir una ética para que exista un estado social de derecho democrático, transparente y no una peligrosa tiranía.
Agotada la mala propaganda oficial en contra de la protesta, ahora el gobierno dice que bandidos armados fueron los que hicieron los bloqueos con el fin de sumar otros violentos para deslegitimar la protesta y de paso generar ruido en contra de las movilizaciones del 20 de julio cuando el Comité Nacional del Paro entregará al Congreso nueve proyectos de ley que Duque por orden de Uribe no quiso negociar.
El ministro de defensa, sin mostrar ninguna evidencia y sin acciones de neutralización, dice que columnas del ELN y de las disidencias de las FARC marchan a Bogotá para infiltrar las manifestaciones y tomarse la ciudad el 20 de julio. De esa manera, quiere justificar anticipadamente la violencia del Esmad. Miles de millones se gasta el gobierno trasladando policías de una ciudad a otra para neutralizar la protesta pacífica. Es el precio económico y de vidas de un gobierno que ni oye, ni ve, ni entiende, ni negocia, pero que si reprime.
Al coro desafinado de la Casa de Nari, se sumó Claudia López, cuyo informe a la CIDH contra la protesta quedó hecho añicos. Está metiendo las patas cada vez más. Ha perdido consistencia, confianza, credibilidad y coherencia. Era la esperanza de la cordura y de la palabra correcta, ahora se suma al canto oficial de la incoherencia gubernamental con tal de enamorar a los privilegiados.
La espantosa clase política reaccionó así contra el informe: el urbismo 100% en contra, Petro criticando al gobierno e interpretando bien el documento, y el centro con declaraciones cautas a favor de lo que recomienda la Comisión, aunque ni una palabra más para no molestar a terceros y mantener prudente distancia con la protesta. Colombia camina el mismo escenario pavoroso del 2018: ultraderecha y corrupción unidas, oposición dividida, gana la tiranía.
Mercenarios sicarios made in Colombia
26 de los 28 asesinos del presidente de Haití son exmilitares y militares activos del ejército de Colombia. Como la “inteligencia de la desinformación” está en marcha, no sabemos, de pronto nunca, por qué, cómo y quién organizó y financió la alucinante operación. Lo cierto, más allá de la mentira que ya empezaron a montar, como los audios de Semana, lo sucedido es espantoso y humillante para la escasa dignidad nacional que aún queda. Mucha cosa obscura, cruel y criminal hacen las centrales de inteligencia de Colombia. Un país tan desordenado como Haití, será fácil presa de los generales que Duque enviará para deformar la realidad de los hechos con el fin de proteger su criminal tropa de asalto.
La procuradora emperadora en procura de la preclusión de Uribe
Se sabe que la Procuradora Cabello envió a las Cortes una comunicación pidiendo revisar una tutela puesta por la defensa de Uribe y con la cual se busca que pierda la condición de imputado por falsos testigos y fraude procesal.
Ella quiere que diriman si la condición de imputado se conserva con el traslado del caso de la ley 600 a la ley 906. Pretende que lo que viene de la ley 600, con la cual se inició la investigación contra Uribe, se caiga en la ley 906. De esa manera ÉL perdería su condición de imputado y quedaría despejado el camino a la preclusión y la impunidad. Si las Cortes caen en las garras de la argumentación de la procuradora, mostraría que la justicia de Colombia no sirve y que solo quedaría el camino de la enclenque Corte Penal Internacional, porque al ser una justicia complementaria a las justicias nacionales está en manos de la habilidad de los criminales de lesa humanidad para alargar su proceso judicial hasta el final de sus días.
El neoliberalismo empobrece y arrastra a una nación a la protesta social
La vicepresidenta, el ministro de hacienda y otros más, están en Estados Unidos defendiendo la maltrecha economía para evitar el cierre de los mecanismos internacionales de financiación y de atracción de inversión. Pues bien, el problema nació en el primer gobierno de Uribe con los beneficios tributarios de la confianza inversionista a las grandes empresas. Desde entonces, los milmillonarios se han llevado cientos de billones sin retorno a la economía (desarrollo del sistema productivo, nuevas exportaciones e innovación), a la sociedad (equidad y bienestar) y al estado (recursos para inversión).
Desde el inicio de la pandemia Duque les ha girado a los bancos 42 billones (tres reformas tributarias de 14 billones). Si la reforma tributaria no sale pronto, otros trece billones más les darían a las grandes empresas ya que por ley deben recibir esos subsidios. El gobierno, quien sabe con qué intención dilata la nueva reforma. Me huele que busca argumentos para justificar una nueva arbitrariedad. Si la ciudadanía detecta trampas, la protesta será mayor que la del 28 de abril porque hasta ahora Duque no ha solucionado nada, solo ha dado plomo, bolillo, gases y llevado más hambre a la gente.
Qué días le esperan a Colombia
Quedan trece meses del mal gobierno de Duque. Demasiado tiempo para una situación de creciente debacle. Nada bueno está sucediendo desde los tres poderes, y nada bueno en las políticas y leyes del ejecutivo. Solo destrucción institucional, mentiras económicas, entrega al narcotráfico, violencia, corrupción, deslegitimación y represión a la justa protesta social.
Se podría aceptar que toca aguantarse este esperpento de gobierno, porque después habría una esperanza, como Lula en Brasil. Pero no, en esta semana también se vio como el centro sigue dividido entre el Partido Verde y la Coalición de la Esperanza, mientras al liberar la Fiscalía a Oscar Iván Zuluaga por el caso del hacker, la ultraderecha y la corrupción tienen candidato para una campaña unida y fuerte en recursos y malas mañas. Es irresponsable llegar a una primera vuelta con el centro fracturado.
Distinto a Fajardo, no hay con quien hacer una campaña que dispute la primera vuelta a Petro y al enviado por Uribe. Hay que ser realista. Repetir el escenario del 2018, es peligroso. Debe haber un acuerdo entre la social democracia del centro y el social demócrata de Petro. Sin miedo, con claridad, con argumentos, con razones, con el corazón y de cara al país.
Sin embargo, los jóvenes y el grueso de la protesta social definirán el escenario político. Sus estrategias deben ser cada vez más inteligentes porque tienen razones y son valientes como ninguna generación ciudadana se ha visto en la Colombia desangrada. A salir masivamente el 20 de julio contra la tiranía y a favor de construir una nueva nación.
