El Comité del Paro Nacional ha rechazado el decreto del Gobierno que excluye los bloqueos de las protestas pacíficas y, según ha denunciado la sociedad civil, los criminaliza.
Tras casi dos meses de protestas contra el Gobierno del presidente, Iván Duque, el Comité ha convocado nuevas manifestaciones en varios puntos del país a medida que crece la indignación por el decreto, que limita el alcance de las protestas.
El Gobierno de Duque modificó el viernes el decreto para limitar la definición de la protesta pacífica. Ahora, los bloqueos de las vías dejan de ser una forma de protestas, por lo que se permite el “uso de la fuerza” por parte de las fuerzas de seguridad.
Esta modificación al Decreto 003 de 2021 ha despertado el rechazo de múltiples sectores sociales y políticos dado que consideran que la modificación supone una subordinación de la protesta a lo que el Gobierno considera pacífico o legítimo.
“El decreto 003 de 2021 que limita la definición de protesta pacífica y permite la intervención de la fuerza publica” en caso de bloqueos a vías, no es otra cosa que dar permiso legal para matar a nuestros jóvenes de manera desmedida”, ha indicado el movimiento Primera Línea en su cuenta de Twitter.
Este decreto permitirá identificar como protesta no pacífica aquella que ocupe una vía para realizar una marcha. Es decir, que el criterio para evaluar si una marcha es pacífica o no queda en manos del Gobierno.
El pasado martes 15 de junio, el Comité del Paro anunció un cese temporal de las movilizaciones, una decisión que no obstante, “no significa que la movilización social se pare en Colombia”, ya que las causas por las que los colombianos salieron a las calles el 28 de abril “se mantienen vigentes”, tal y como ha sostenido el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), Francisco Maltés.
Así, ha detallado que se han interrumpido temporalmente las movilizaciones que el comité ha venido convocando durante las pasadas semanas. No obstante, los portavoces del comité han señalado que las conversaciones con el Gobierno siguen estancadas, ya que desde la Administración no se han atendido sus peticiones.
Gobierno insiste en que decreto “no prohíbe” los bloqueos
El ministro del Interior , Daniel Palacios, ha defendido este lunes que la modificación del decreto sobre la manifestación pacífica que excluye a los bloqueos “no prohíbe” este tipo de acciones.
En una entrevista concedida a Blu Radio, Palacios ha sostenido que el decreto se basa en lo establecido por la ley para este tipo de protestas y ha pedido hacer una “diferenciación grande”. “Que además esta en el decreto, y es que una cosa son las pequeñas incomodidades que generan en las manifestaciones y los bloqueos”, ha agregado.
Según el titular de la cartera del Interior, para el Gobierno “siempre prima el diálogo” a la “aplicación de cualquier uso de la fuerza” y, en este contexto, ha rechazado las críticas que apuntan a que el Ejecutivo colombiano no puede determinar la legalidad de una marcha en base a un decreto.
Asimismo, y remarcando que una comisión seguirá las denuncias de violación de Derechos Humanos y abuso de la fuerza, ha matizado que el decreto 003/2021 es producto de un fallo de la Corte Suprema de Justicia y que fija unas definiciones en el marco de la ley.
Colombia anunció la modificación del decreto para “ampliar la definición de manifestación pacífica”, del que quedarán excluidas los bloqueos de carreteras, a finales de la semana pasada.
“No constituye una manifestación pacífica aquellas que promuevan el empleo de medios para obstaculizar de manera temporal o permanente las vías o infraestructuras de transporte (…) así como tampoco las que se convocan con fines ilegítimos, promuevan la violencia o la estigmatización”, dijo Palacios.
El país latinoamericano suma casi dos meses de movilizaciones que comenzaron en rechazo a una reforma fiscal presentada por el Gobierno de Iván Duque –ya retirada– y escalaron para denunciar la desigualdad. El Comité Nacional del Paro, que encabeza las protestas, anunció un cese temporal de las movilizaciones, una decisión que no obstante, “no significa que la movilización social se pare en Colombia”, ya que las causas por las que los colombianos salieron a las calles el 28 de abril “se mantienen vigentes”.
