El Gobierno de Colombia ha presentado una tutela a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para evitar tener que pagar una pensión a los hijos de los guerrilleros desmovilizados de las FARC que han sido asesinados.
A través de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), el Gobierno del presidente, Iván Duque, ha vuelto a negarse a indemnizar a los hijos de los desmovilizados, después de que la JEP ordenara en dos ocasiones hacerlo con el fin de proteger a quienes se sumaron a los acuerdos de paz y sus familias.
“El hecho de que el proceso de reincorporación tenga un carácter integral e involucre a las familias de los exintegrantes de ese extinto grupo guerrillero no significa que estas tengan derecho a gozar de los beneficios económicos en ausencia de los desmovilizados”, señala la tutela, que si bien fue presentada el pasado 24, no se ha hecho pública hasta este jueves 9 de junio, informa ‘El Espectador’.
El documento señala que los beneficios de estas personas se limitan a “medidas y asistencias de contenido social”, ya que los beneficios económicos son en exclusiva para quienes en su día formaron parte de la ya disuelta guerrilla y acreditaron su abandono de las armas ante la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
La primera vez que la JEP ordenó al Gobierno de Duque garantizar no solo esta pensión, sino el pago de un seguro de vida en caso del asesinato de los progenitores, así como de los gastos funerarios fue en noviembre de 2021. La ARN apeló, pero el tribunal volvió a dejar en firme la sentencia en febrero.
Cuando la JEP inicio allá por abril de 2020 los mecanismos legales para otorgar medidas cautelares en este sentido a los antiguos combatientes y sus familias, eran 193 los que habían sido asesinados. Ahora, dos años después, son ya 333 los muertos por homicidio, a quienes se suman una treintena de familiares asesinados.
Mientras la ARN sostiene que la situación de seguridad de quienes se sumaron a la firma de La Habana y sus familias ha mejorado, las críticas contra el presidente Duque y su Gobierno por el olvido al que han sometido a los acuerdos continúan desde varios frentes a nivel nacional e internacional
En su último informe trimestral sobre la situación de estos acuerdos de paz, Naciones Unidas ha denunciado que los hijos de los guerrilleros desmovilizados siguen enfrentándose a importantes obstáculos para acceder a derechos básicos como educación, sanidad, alimentación, tanto dentro como fuera de los espacios habilitados para su reincorporación en la vida civil, así como a los riesgos de reclutamiento forzoso por parte del resto de grupos armados que operan.
