El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, solicitó a la Procuraduría investigar al defensor del Pueblo, Carlos Camargo, por presuntas irregularidades en el nombramiento de quince personas en cargos directivos que según él, no cumplen con los requisitos para el desempeño de defensores Regionales y Delegados.
Cepeda asegura que, “algunos de los nuevos Defensores han estado vinculados a escándalos de paramilitarismo y corrupción; han sido denunciados por maltrato físico, psicológico y por acoso laboral; y otros pese a estar impedidos por el cargo que ocupan, continúan haciendo activismo político por el Centro Democrático”.
“El defensor del Pueblo ha nombrado en el cargo a defensores Regionales y Delegados que no contarían con la experiencia acreditada ni los conocimientos suficientes para el ejercicio de sus funciones, pero que, por el contrario, sí tienen claras afiliaciones políticas con los partidos que lo ayudaron en su elección” señaló el senador Iván Cepeda.
El congresista del Polo Democrático, presentó además una denuncia en la Contraloría, en la que cuestiona la suscripción de once contratos directos de prestación de servicios sin el debido cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley. El valor total de estos contratos supera los 243 millones de pesos.
Señala además que, al interior de la Defensoría del Pueblo, se instaló una oficina de enlace de las Fuerzas Militares con presencia permanente de miembros del Ejército. Según los funcionarios, esta situación es una amenaza a su autonomía e independencia, y un mecanismo de coacción para quienes documentan situaciones de vulneración de derechos humanos en los que podrían participar miembros de las fuerzas militares.
Entre algunos de los contratos a investigar por la Contraloría se encuentran los suscritos con: Jorge Arturo Moncada Rojas, yerno del Embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordoñez; Miller Jesús Soto Solano, precandidato a la gobernación de la Guajira por el Centro Democrático, cuestionado por haber realizado afirmaciones estigmatizantes contra los líderes sociales; Eduardo Carmelo Padilla, excandidato a la gobernación de Córdoba y presuntamente involucrado en el desfalco del `cartel de la salud´ en Córdoba.
Así como, la contratación con Cielo González Villa, exalcaldesa de Neiva y exgobernadora del Huila sancionada por la Procuraduría General de la Nación por el manejo irregular de 3.500 millones de regalías petroleras mientras administró la capital del departamento (2004-2007).
De otra parte, entre las quince personas que no cumplirían los requisitos legales, constitucionales y reglamentarios para ejercer las funciones de defensores Regionales y Delegados, están:
José Augusto Rendón García, Defensor Regional en Urabá, Wilson Alberto Núñez, Defensor Regional de Bogotá; Andrés Felipe Villamizar Ortiz, exrepresentante a la Cámara Liberal, fue nombrado Defensor Delegado para los derechos económicos, sociales y culturales; Diana Margarita Silva Londoño e Ibeth Milagro Tobias Ahumada, Defensora Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria.
