Los representantes a la Cámara Mauricio Toro y Edwin Ballesteros radicaron un proyecto de ley que busca regular el uso de las plataformas digitales en los servicios de transporte, que incluye a taxistas y conductores de carros privados, y así mismo fomentar la libre competencia en condiciones equilibradas.
“Las plataformas digitales de transporte llegaron para quedarse y es necesario su regulación, el Estado ha sido temeroso y ante su falta de gestión nos tocó por vía legislativa. Hoy los taxis tienen una cantidad de cargas que, para las plataformas como Uber, Beat y Cabify, no aplican, por eso nuestro objetivo es equilibrar la cancha” manifestó el representante Toro.
El proyecto obliga al ministerio de Transporte para que, en un plazo de un año, desarrolle un mecanismo que le permita a los taxis tener “tarifa dinámica”, siempre y cuando adopte medios tecnológicos y de GPS para dicho cálculo.
“Tener tarifas más competitivas tanto en el servicio de taxis, como en el de las plataformas, garantizará un mejor servicio para los usuarios y aumentará la oferta en horas pico, donde las tarifas suelen ser inequitativas” afirmó el representante Toro.
La iniciativa contempla el pago de impuesto de renta sobre la tarifa completa en Colombia. Actualmente, lo que los usuarios pagan por tarifa, se va directamente para sus casas matrices y por lo tanto no constituye un ingreso gravable en nuestro país.
Estas plataformas llegaron a Colombia a partir del año 2013, siendo Uber la primera, y desde ese momento se viene ejerciendo este modelo en el transporte público de las ciudades principales en nuestro país, mediado por una APP.
Este concepto de transporte urbano despertó muchas críticas en este sector, especialmente en los taxistas que desde ese momento se han declarado en una especie de oposición, al considerar que no está legalmente establecido. Desde entonces se ha venido dando el debate de si es procedente o no legalizarlo.
Uber denomina este servicio como ‘Transporte Privado Intermediado por Plataformas’ (TPIP) y lo considera una nueva categoría de transporte. Dentro de las peticiones que en reiteradas ocasiones ha elevado al Gobierno Nacional para competir libremente en el mercado, está la de exigir a los conductores estar afiliados a una plataforma que verifique el modelo del vehículo, la vigencia de la licencia, los antecedentes judiciales del conductor, entre otros, y asegure a pasajeros y conductores. También, la creación de un fondo al que se destinaría un porcentaje del total de los viajes para “‘devolver’ al Estado por el uso de la calle”. En cualquier caso, aclaran, sería el mismo Gobierno el que entraría a reglamentarlo.
