El representante a la Cámara, León Fredy Muñoz, pidió a los órganos de Control, investigar una serie de irregularidades que se han venido presentando en la compras de calcetines de bota de combate para las Fuerzas Armadas, que deberían tener protección antibacterial para evitar enfermedades en los pies de los soldados. Según el congresista, con el cambio de una norma técnica, que presenta inconsistencias, “se desechó tal protección”.
El Congresista solicitó además una medida cautelar para que se detenga la importante compra que asciende a 6 mil millones de pesos, y que el Ejército tiene proyectado adjudicar este próximo jueves 11 de noviembre, esto, “hasta que se den los resultados de las respectivas investigaciones y se de claridad a todos estos hechos”.
Muñoz adjuntó a las denuncias varias pruebas que según él, “demuestran las irregularidades”, una de ellas, deja ver que un supuesto concepto negativo para el uso de medias con antibacterial, que dio una alta oficial de la Armada, reportado por la Subdirección de Normas Técnicas del Ministerio de Defensa, “es falso”.
El Congresista preguntó a la Capitana de Navío, Magda Moreno, Jefe de Sistemas de Gestión de Calidad Centro de Medicina Naval, si había emitido el mencionado concepto negativo, y la Oficial en respuesta escrita, fechada en octubre 29 de este año, contesta que no tiene conocimiento de ese tema.
En la investigación que realizó el representante de la Alianza Verde, pudo establecer que las irregularidades que según él, se presentaron en todo el trámite del cambio de la norma técnica que quita el antibacterial de las medias, “se tramitó bajo el mando de Alejandro Ricardo Espinosa Otero, Subdirector de Normas Técnicas, del Ministerio de Defensa, quien llegó a ocupar este cargo el 1 de diciembre de 2020, y que fue desde 2019, gerente de la finca, donde se encontraron 4 laboratorios de coca, en el sonado caso de la finca narco del ex embajador Fernando Sanclemente”.
Para Muñoz, “todo esto es motivo de gran preocupación ya que se deja ver un posible entramado de corrupción, que se lleva por delante la salud más de 450 mil hombres de la Fuerza Pública, dejándolos sin la protección que puede prevenir y evitar infecciones, y hongos en los pies de todos estos hombres”.
¿Cómo se dio este proceso, según el congresista Muñoz?
En el año 2015 se desarrolla la norma técnica 0230-A2 (Calcetines Antimicóticos Y Antibacteriales para uso de bota de combate), que resolvió problemas de salud de pies de los soldados
El 13 de abril del 2020, la Dirección de Adquisiciones del Ejército Nacional, compra 304.726 calcetines para uso con bota de combate NTMD 0230 A2 Tipo 1 sin Registro Sanitario, por un valor total de $ 1.977.874.029.31, cuando se debía adquirir el producto con Registro Sanitario Vigente desde el 11 de diciembre de 2019.
El 1 de diciembre de 2020, llega a la Subdirección de Normas Técnicas del Ministerio de Defensa, Alejandro Ricardo Espinosa Otero, quien desde el año 2019, se desempeñó en el cargo de gerente de la finca del ex embajador Fernando San Clemente, donde se encontraron 4 laboratorios de coca.
Con Ospina Otero en el cargo, el 10 de diciembre 2020, se cambió de la Norma Técnica 0230-A2 (Calcetines Antimicóticos y Antibacteriales) A la Norma Técnica 0230-A3 (Calcetines Normales, sin protección Antimicótica ni Antibacterial), dejando sin el elemento de protección para la salud de todos los Militares y Policías.
El 07 de octubre de 2021, el INVIMA le ordena al Ejército Nacional, por no tener Registro Sanitario al momento de la compra, no continuar con la entrega de los calcetines adquiridos en el año 2020, por las afectaciones a la salud de los soldados y pide recogerlos.
Más adelante, el 21 de octubre de 2021, es retirado de las filas del Ejército, el Sargento Viceprimero, Sergio Blanco, quien había realizado la denuncia por el cambio de la norma técnica, en la Wradio, recordando que el Gral. Eduardo Zapateiro, lo invitó a denunciar los actos de corrupción.
Estos y otros hechos relacionados con este asunto fueron denunciados por el Representante, León Fredy Muñoz, en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes y más adelante en la Plenaria de la misma corporación, para luego proceder a instaurar la denuncia pública ante la Procuraduría y la Contraloría, para que se investiguen estos hechos
