La Fundación Paz y Reconciliación ha presentado este miércoles un informe sobre el clima preelectoral de cara a los comicios legislativos de Colombia, previstos para marzo de 2022, en el que alerta de que cada cuatro días hay una víctima relacionada con la violencia política en el país.
En este documento, la asociación ha advertido sobre la prolongación de fenómenos violentos y prácticas perjudiciales para la contienda electoral desde el inicio del calendario de dichos comicios, el pasado 13 de marzo, a la par que las formaciones se mueven para perfilar sus candidatos.
Así, Paz y Reconciliación ha apuntado que desde entonces se han registrado un total de 36 víctimas y 29 actos violentos, aunque esta medición no tiene en cuenta los hechos perpetrados contra defensores de los Derechos Humanos.
Entre estos sucesos, registrado en un total de quince departamentos de Colombia, se encuentran asesinatos selectivos, amenazas y homicidios, así como dinámicas de clientelismo y corrupción, que igualmente terminan deformando el ejercicio democrático.
El ‘Primer informe de violencia y dinámica electoral’ se basa en lo ocurrido durante un periodo considerado preelectoral, pues a pesar de la fecha de inicio que marca el calendario, las campañas se lanzarán de manera formal en diciembre. Por esta razón, este periodo se establece como un momento de campaña “no formal”.
Este escenario es “pesimista” respecto a las últimas elecciones que se celebraron en el país, en el que se votó a los alcaldes, concejales, diputados, gobernadores y ediles en 2019. En aquel entonces se apuntaron 230 víctimas de 177 hechos violentos en 136 municipios y 28 departamentos.
En esta ocasión se ha tenido solo en cuenta el contexto preelectoral, en el que se reiteran prácticas peligrosas para la democracia como el accionar de grupos armados ilegales “que compiten, cooperan o conviven con las instituciones del Estado y sus funcionarios para obtener o mantener el control territorial o de sus rentas”.
Entre el total de los 29 hechos violentos han sido documentados 23 amenazas y 6 homicidios, siendo los funcionarios públicos elegidos por la ciudadanía las víctimas más recurrentes, con un 47,2 por ciento de las agresiones. También se han identificado actos violentos contra miembros de partidos políticos y periodistas.
De acuerdo con el documento de la asociación, políticos y periodistas, con cinco y cuatro casos, respectivamente, han sido los siguientes perfiles más victimizados durante el primer semestre del año. En cuanto a la orientación política, el informe ha detallado que las formaciones alternativas han sido las más afectadas, sobre todo en aquellos territorios en los que se ha dado un “cambio político”.
“Los sectores más victimizados han sido aquellos que, a nivel local, según el estatuto de oposición, hacen parte de las coaliciones Gobierno. Esto significa que los partidos que se declararon en Gobierno a nivel local son los que han tenido mayor tendencia a ser sujetos de hechos victimizantes”, ha indicado Paz y Reconciliación.
El Partido Alianza Verde, con un 29 por ciento, es el que más víctimas ha reportado, seguido del partido como el que más víctimas reportó. Aunque le sigue un Partido Liberal Colombiano, con el 17 por ciento. Los otros colectivos que completan el cuadro de los más victimizados son el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) y Colombia Humana, ambos con un 13 por ciento.
Aunque las causas de estas violencias son diversas, el principal motivo son las alianzas con grupos al margen de la Ley, algo que ya se viene notificando desde 2014 cuando se han documentado casos de herederos de las estructuras asociadas a la parapolítica en el Congreso, así como la injerencia que han tenido estos fenómenos en escándalos de corrupción.
En cuanto a la violencia armada, las dinámicas giran en torno al reasentamiento de los grupos criminales tras la firma del Acuerdo de Paz. Y a pesar de que en la mayoría de casos de violencia no se ha podido identificar a los perpetradores, sí hay un 27,5 por ciento de los casos en los que se ha logrado conocer a los presuntos responsables, principalmente a grupos paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas, las Autodefensas Campesinas de la Sierra Nevada, las Autodefensas Unidas de Medellín y Los Caparros.
Sobre autores de los actos violentos, la asociación ha avisado de que las Águilas Negras ha vuelto a reparecer como uno de los presuntos responsable de los casos. En cuanto a las formas, se mantienen los panfletos como principal forma de intimidación, en especial en la ciudad de Bogotá, entre otras, donde las bandas criminales han amenazado a políticos, activistas y periodistas.
Finalmente, este informe apunta a la necesidad de “analizar los distintos fenómenos de violencia que puedan estar relacionados con este período preelectoral”, teniendo en cuenta que los grandes grupos políticos buscarán mover sus maquinarias y apoyos en territorio para impulsar sus respectivas fichas.
