Pocas veces la reforma a un sector ha generado tantas angustias entre quienes no quieren que nada o muy poco cambie. Los que dicen que el sistema debe conservarse corrigiendo algunas cosas, sin decir cuales, caso de ACEMI, porque todo el sistema está perforado, y no es asunto de maquillaje sino de una profunda cirugía que deben realizar varios especialistas. Los que no quieren que sucedan cambios atacan sin compasión en las redes y en los medios el texto marco de la reforma.
Cuando los poderosos quieren reformas las tramitan sin ruido en el Congreso de la República porque previamente en cenas y en reuniones privadas las han negociado. Las pocas voces que se levantan solo son una caricatura de la mentirosa democracia representada en el legislativo.
Cientos de leyes se han tramitado sin que la opinión se hubiera enterado. Por eso, transcurridos treinta años desde que se aprobó la ley 100, aun la mayoría de ciudadanos no distinguen entre una EPS y una IPS, y el 90% o más, sería bueno precisar, no sabe que es la ADRES, ni la UPC, ni muchas cosas más del sistema. Lo único cierto es que el 67% de ciudadanos tiene una imagen entre regular y mala del mismo, y el 58% cree que se debe reformar, según encuesta contratada por la ANDI a Invamer, cuyos dueños son de la familia del primer ministro de la ley 100. El 56% de los municipios de Colombia no tienen un puesto de salud. Por esto y mucho más, Colombia ocupa entre los países de la OCDE el último lugar por la cantidad de madres que mueren en el embarazo.
Ministro Gaviria, quienes creemos que el sistema debe reformarse no somos ni dogmáticos, ni fanáticos, ni mal ilustrados, ni desapegados de los hechos. La controversia sana es en torno a los contenidos de una profunda reforma no en torno a defender la reforma basada en ungüentos, ibuprofeno y EPS como Medimas.
El gobierno bien podría dar a conocer el articulado de la ley el día que la radique en el Congreso. Así ocurre en las democracias representativas. Decisiones estructurales que toman unos pocos.
Pero bien, hay un gobierno de cambio, y la oposición le exige que dé a conocer la reforma en todos sus detalles antes de iniciar el trámite en el Legislativo. Incluso, Alejandro Gaviria, actual ministro de Educación, ex ministro de Salud, asumió la misma actitud de la oposición: criticar lo que se conoce de la reforma a través de una carta que nunca debió filtrarse a los medios, por tratarse de un documento a un Consejo de Ministros. Es decir, hay alguien en el alto gobierno filtrando información. Un enemigo interno. Un traidor agazapado.
He leído esa carta, que no es una carta al presidente Petro ni a su colega de gabinete, la ministra Corcho, sino que es una carta abierta a la opinión, puesto que se parece a un breve artículo o a una larga columna de un analista al que no le gusta la reforma. Es inaceptable que esa carta sea pública, porque alude a la tarea de una colega de gabinete y de un superior que no es ni más ni menos que el presidente de la república, es decir, su jefe, el que lo nombró ministro. Un asunto de talante, de lealtad, de decencia, y por supuesto de distancia ideológica o política, caso en el cual debería renunciar.
La propuesta de reforma no acaba con el sistema, pero sí le da una vuelta en aspectos críticos. De la carta del ex ministro de salud, resalto lo siguiente: perfeccionar o mejorar el diagnóstico, y elabora unas preguntas que me parecen válidas como elementos para la discusión, referidas a los pacientes, los recursos del sistema, la transición y el llamado a una tibia reforma. Cabe decir que el asesor principal del componente económico es el profesor Luis Jorge Garay lo cual garantiza la calidad de los estudios.
Como se dio a conocer por twitter, la carta del ministro Gaviria fue discutida en un Consejo de Ministros, por lo tanto, el presidente Petro, la ministra Corcho, y el ministro Ocampo, la tendrán en cuenta para incorporar lo que sea pertinente.
Como Gaviria es ahora Ministro de Educación, es necesario que detenga ya, con ayuda de la Fiscalía, la venta de cupos para ingresar a estudiar medicina o hacer una especialización. El sistema necesita de más médicos generales y de más especialistas para una atención más oportuna y una mayor cobertura para responder a la estrategia de salud preventiva. En este contexto, los médicos generales deben ser mejor pagados. Se debe mejorar la formación de los psicólogos y de auxiliares de enfermería. Incrementar los internistas porque uno se puede perder en el océano de los especialistas. Así mismo, se necesitan más psiquiatras, porque no solo los uribistas están deschavetados, también la sociedad.
La diferencia salarial entre un médico general y un especialista, es monumental, expresión de la inequidad que atraviesa a Colombia en todos los ámbitos. Los médicos generales si quieren especializarse deben ir a otros países a estudiar porque no encuentran barreras de corrupción. Este es un asunto de los ministerios de educación y de salud.
Hay amplias regiones con un solo especialista. Es ahí donde se producen citas a seis meses o a un año, o citas imposibles que jamás ocurren porque el paciente murió. Una cita aplazada seis meses o un año, puede terminar en un asunto penal si las patologías se agravan o fallece el usuario por falta de atención.
El sistema de información para monitorear los recursos públicos que por la ADRESS van a las EPS, se debió implementar hace muchos años, desde cuando el sistema se creó (1993), o años más tarde, sobre todo cuando decenas de EPS empezaron a desaparecer con billones de recursos públicos, incluida Medimas, creada cuando Gaviria fue ministro. No necesariamente fortalecer el sistema público de giro y monitoreo riguroso, implica volver a la anterior ley de salud. El sistema actual ADRESS – EPS está cruzado de corrupción, billones se evaporan, y sobre lo cual Gaviria nada dice en su carta. La Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, nos deben las investigaciones de quienes se llevaron billones del sistema de salud. El caso de Saludcoop, solo es uno, y no es el más grande. Como están callados, dejan al gobierno en manos de los afiliados de ACIEM, para que estos ataquen la reforma sin solvencia técnica y sin escrúpulos.
Colombia tiene unas instituciones muy frágiles atravesadas por el crimen y la corrupción. Ese es un problema estructural de fallas del Estado y del mercado que amerita una profunda revisión constitucional. Por eso, el manejo de recursos públicos en manos del estado o de los privados, o entre ambos, corren el riesgo de perderse. Toda reforma corre el riesgo del mico tramposo por donde va el túnel de fuga de recursos públicos al bolsillo de políticos, empresarios, asesores y funcionarios malandros. El mercado lo tuvo todo para hacer de la salud un sistema ante todo humano antes que un negocio. El capitalismo salvaje es el invento más salvaje de la humanidad.
El 14 nos vemos en la plaza.
Jaime Acosta Puertas
